Fortaleciendo el acceso al conocimiento y el análisis crítico sobre los derechos digitales, este buscador permite explorar de forma ágil una cuidada selección de materiales y documentos, con fuentes confiables y actualizadas.
El informe del Lawyers’ Committee for Civil Rights Under Law analiza cómo los sitios web y servicios digitales pueden violar la Ley de Derechos Civiles de EE. UU. al excluir o discriminar a ciertos grupos, especialmente a personas con discapacidades, minorías raciales y comunidades de bajos ingresos. Señala que muchas plataformas digitales no cumplen con los estándares de accesibilidad, lo que limita el acceso a servicios esenciales como educación, salud y empleo. El informe aboga por una regulación más estricta y por el reconocimiento legal de los espacios digitales como “lugares de alojamiento público”.
El artículo defiende la aprobación del Maryland Net Neutrality Act (HB 957), que busca restablecer las protecciones de la Orden de Internet Abierto de 2015. La propuesta prohíbe prácticas como el bloqueo, la priorización pagada y la manipulación del tráfico por parte de proveedores de Internet. También reclassifica el acceso a banda ancha como servicio de telecomunicaciones, devolviendo a la FCC autoridad reguladora para proteger a los consumidores
In SUPPORT of House Bill 957, Maryland Net Neutrality Act of 2020
Jonathan Schwantes | 2020
El documento recoge el testimonio de Jonathan Schwantes, asesor jurídico de Consumer Reports, ante el Comité de Asuntos Económicos de la Cámara de Delegados de Maryland en apoyo al proyecto de ley HB 957. Este busca restablecer la neutralidad de la red en el Estado, prohibiendo prácticas como el bloqueo de contenidos, la priorización pagada y la manipulación del tráfico por parte de proveedores de Internet.
The Repeal of Net Neutrality: Does it Violate Title II of the Civil Rights Act of 1964?
Katrina Jackson | 2020
Este artículo analiza cómo la derogación de la neutralidad de la red por parte de la FCC podría violar el Título II de la Ley de Derechos Civiles de 1964, al permitir prácticas discriminatorias por parte de los proveedores de servicios de Internet (ISPs). Argumenta que el acceso a Internet debe considerarse un lugar de acceso público, y que las prácticas como el bloqueo, la ralentización y la priorización pagada afectan desproporcionadamente a afroamericanos e hispanos.
Internet et presse écrite : liberté de communication et neutralité des réseaux
Camille Broyelle y Judith Rochfeld | 2020
¿La distribución de la prensa escrita, regulada por la ley Bichet del 2 de abril de 1947, y la distribución de contenidos en Internet plantean los mismos retos en materia de libertad de comunicación y no discriminación? Si bien la obligación de distribución o transporte «neutral» de contenidos se aplica en ecosistemas muy diferentes y en condiciones materiales y económicas que no se basan en las mismas premisas, ¿podemos hoy en día descubrir retos comunes que hagan interesante una comparación de sus respectivos regímenes? En otras palabras, ¿cómo garantizar la libertad de comunicación en contextos distintos y cómo razonar de manera más homogénea con respecto a estos sectores que en un principio no se consideraban vecinos? La cuestión se plantea de nuevo con la profunda reforma de la ley Bichet llevada a cabo por la ley del 18 de octubre de 2019 y el irreversible auge de la distribución de la prensa por Internet.
Assessment List for Trustworthy Artificial Intelligence (ALTAI) for self-assessment
Hight Level Expert Group (HLEG) | 2020
El informe presenta una herramienta de autoevaluación creada por el High‑Level Expert Group on AI (AI HLEG) de la Comisión Europea para ayudar a desarrolladores y responsables de IA a aplicar los principios de una IA confiable en la práctica. Publicada el 17 de julio de 2020 tras un proceso piloto con más de 350 participantes, convierte los requisitos éticos de las Ethics Guidelines for Trustworthy AI en un listado dinámico de verificación. Estos requisitos son: agencia humana y supervisión, robustez técnica y seguridad, privacidad y gobernanza de datos, transparencia, diversidad, no discriminación y equidad, bienestar ambiental y social y rendición de cuentas. ALTAI permite que las organizaciones evalúen si sus sistemas de IA cumplen estos principios y adoptan medidas concretas para mitigar riesgos y asegurar que los usuarios se beneficien de la IA sin exponerse a peligros innecesarios; también existe como herramienta web interactiva.
AI HLEG – Sectoral Considerations on Policy and Investment Recommendations for Trustworthy AI
Hight Level Expert Group (HLEG) | 2020
El informe desarrolla las recomendaciones generales sobre IA confiable desde una perspectiva sectorial, reconociendo que la aplicación y los retos de la IA varían según el contexto. Partiendo de las Policy and Investment Recommendations de 2019, el informe explora cómo adaptar esas recomendaciones en tres sectores clave: el sector público, la sanidad y la manufactura e Internet de las Cosas (IoT), considerados esenciales para el bienestar social, la competitividad y la innovación europea. El análisis sectorial busca refinar las políticas y estrategias de inversión para IA confiable, incorporando experiencias y necesidades específicas de cada ámbito, con el fin de orientar a los responsables políticos sobre cómo aplicar principios de transparencia, equidad, seguridad y beneficios sociales en la práctica dentro de sectores concretos
La página de Ballotpedia recopila las respuestas estatales a la derogación de las normas de neutralidad de la red por parte de la FCC en 2018. Incluye desafíos legales, órdenes ejecutivas y propuestas legislativas. Virginia Occidental figura entre los 29 Estados que introdujeron legislación sobre neutralidad, aunque no se menciona si fue aprobada. Se destaca que seis Estados lograron aprobar leyes, mientras otros optaron por órdenes ejecutivas.
La Ley SB19-078 de Colorado, aprobada en 2019, establece que los proveedores de internet que bloqueen contenido legal, prioricen pagos o degraden tráfico sin justificación técnica no podrán recibir fondos estatales para desplegar banda ancha. Además, deben reembolsar fondos si incurren en estas prácticas. Las entidades públicas deben dar preferencia a proveedores que respeten la neutralidad de la red.
El informe propone un conjunto de criterios éticos para guiar el desarrollo y uso de sistemas de inteligencia artificial confiables. Estas directrices establecen que una IA debe ser lícita (cumplir con las leyes y reglamentos vigentes), ética (respetar valores y principios éticos como dignidad humana, no discriminación y justicia) y robusta (técnica y socialmente segura para minimizar daños accidentales). El documento ofrece orientaciones para aplicar estos principios a lo largo del ciclo de vida de los sistemas de IA, contribuyendo a fortalecer la seguridad, transparencia, responsabilidad y confianza pública en tecnologías basadas en IA dentro de la Unión Europea, como base para futuras normas y prácticas sectoriales en este ámbito
Ámbitos específicos 
Garantía 
IA 
Igualdad 
Libertad 
Participación