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Francia dispone de infraestructura digital robusta y liderazgo tecnológico en inteligencia artificial e ICT verdes, pero la digitalización de empresas, especialmente PYMEs, va más lenta que la media de la UE. Su hoja de ruta nacional incluye 33 medidas con €18,6 mil millones, con fuerte inversión pública para alcanzar los objetivos de la Década Digital. Francia registra crecimiento de habilidades digitales básicas (aunque persisten brechas según nivel educativo), y presta atención a simplificar trámites administrativos digitales y soluciones tecnológicas soberanas. En servicios públicos digitales el rendimiento es medio, con recomendaciones para acelerarlos y expandir capacidades transfronterizas. El país también lidera en herramientas para reducción del impacto medioambiental de las TIC. Según el Eurobarómetro, la mayoría de ciudadanos valora que la digitalización facilita la vida y considera importante que las autoridades mitiguen desinformación online y apoyen el crecimiento de empresas europeas competitivas.
Polonia tiene conectividad fija robusta, destaca en digitalización de servicios públicos y avanza en computación cuántica e IA, pero las pymes adoptan lentamente tecnologías avanzadas y el despliegue de 5G está retrasado. El nivel de habilidades digitales es bajo, con brechas urbano‑rurales, y hay escasez de especialistas TIC, lo que frena la innovación empresarial. El país cuenta con una hoja de ruta de 55 medidas y €12,4 mil millones (≈1,47 % del PIB) para acelerar la transformación digital. Polonia reconoce la importancia de la transformación digital verde e impulsa financiación significativa desde el Plan de Recuperación y fondos de cohesión. Según el Eurobarómetro, la mayoría de ciudadanos cree que la digitalización facilita la vida y que es importante combatir la desinformación online y apoyar el crecimiento de empresas europeas.
Portugal muestra crecimiento estable en digitalización de servicios públicos, con alto acceso a historiales de salud electrónicos y redes de conectividad robustas (5G y gigabit), aunque su uso está por debajo de la media europea. La adopción de IA y tecnologías avanzadas por las empresas es lenta, y las habilidades digitales básicas están por debajo del promedio de la UE, con brechas según nivel educativo y edad. El país tiene 157 medidas y €2.15 mil millones para impulsar la transformación digital y está implementando la agenda Digital and Smart Nation, abordando también desafíos territoriales y ambientales. El acceso a servicios digitales ha mejorado, hay crecimiento de especialistas TIC (incluidas mujeres), y los ciudadanos valoran positivamente la digitalización y la necesidad de mitigar la desinformación en línea.
El informe sostiene que Rumanía cuenta con una infraestructura de conectividad fija bien desarrollada y está reforzando su papel en tecnologías críticas como semiconductores y computación cuántica, pero presenta deficiencias en I+D, innovación de pymes y adopción de tecnologías emergentes, limitando su competitividad. El país tiene una hoja de ruta de 98 medidas y €3,6 mil millones para impulsar la transformación digital, financiada en parte por el Plan de Recuperación. La digitalización de servicios públicos y la disponibilidad de datos de e‑salud han mejorado, aunque las capacidades digitales básicas siguen por debajo de la media de la UE y hay dificultades para retener talento TIC. Rumanía también avanza hacia una infraestructura digital más ecológica. Según Eurobarómetro, la mayoría de ciudadanos considera que la digitalización facilita la vida y que es importante mitigar la desinformación y apoyar el crecimiento de empresas europeas competitivas.
El informe del Lawyers’ Committee for Civil Rights Under Law analiza cómo los sitios web y servicios digitales pueden violar la Ley de Derechos Civiles de EE. UU. al excluir o discriminar a ciertos grupos, especialmente a personas con discapacidades, minorías raciales y comunidades de bajos ingresos. Señala que muchas plataformas digitales no cumplen con los estándares de accesibilidad, lo que limita el acceso a servicios esenciales como educación, salud y empleo. El informe aboga por una regulación más estricta y por el reconocimiento legal de los espacios digitales como “lugares de alojamiento público”.
Attorney General Denn Joins Suit To Stop Rollback of Net Neutrality
Department of Justice | 2018
El artículo informa que el 16 de enero de 2018, el entonces Fiscal General de Delaware, Matt Denn, se unió a una coalición de 22 fiscales generales estatales para presentar una demanda contra la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC). El objetivo era bloquear la derogación de las normas de neutralidad de la red aprobadas durante la administración Obama. Estas normas impedían que los proveedores de internet bloquearan, ralentizaran o priorizaran contenido en línea. Denn argumentó que la decisión de la FCC era ilegal y perjudicial para consumidores, empresas y la libertad de expresión.
An end to net neutrality worries Delaware academics, businesses
Delaware Public Media | 2017
El artículo de Delaware Public Media del 15 de diciembre de 2017 recoge la preocupación de académicos y empresarios de Delaware ante el fin de la neutralidad de la red. Bajo estas normas, los proveedores de internet debían ofrecer acceso igualitario a todos los sitios web. Sin ellas, temen que ciertos contenidos se ralenticen o requieran pagos adicionales para mantener su velocidad. Andrew Groff, consultor tecnológico, advierte que las pequeñas empresas podrían quedar en desventaja frente a grandes corporaciones que puedan pagar por prioridad en la red, afectando la equidad y la innovación.
El informe de NARUC titulado «State Responses to Net Neutrality» analiza cómo los Estados de EE. UU. respondieron a la derogación de las normas federales de neutralidad de la red en 2017. El documento destaca que, ante la falta de regulación federal, muchos Estados —incluido Delaware— tomaron medidas legislativas, ejecutivas o regulatorias para proteger el acceso abierto a internet. Estas acciones incluyeron órdenes ejecutivas, leyes estatales y demandas judiciales. El informe también examina los desafíos legales y técnicos de aplicar normas de neutralidad a nivel estatal.
La página de la NCSL resume la legislación estatal sobre neutralidad de la red en 2020, tras la derogación de las normas federales por parte de la FCC. Aunque Virginia no aprobó leyes específicas ese año, varios Estados introdujeron medidas para garantizar que los proveedores de servicios de internet no bloqueen, ralenticen ni prioricen contenidos. El debate gira en torno al papel del gobierno en regular la gestión de redes
North Carolina Lawmaker to File Net Neutrality Bill
Lynn Bonner | 2025
El artículo de GovTech informa que el senador Jay Chaudhuri de Carolina del Norte presentó un proyecto de ley para restablecer la neutralidad de la red en el Estado. La propuesta busca impedir que los proveedores de Internet bloqueen sitios, cobren por “vías rápidas” o manipulen la velocidad de conexión. La iniciativa responde a preocupaciones sobre el acceso limitado en zonas rurales y pretende garantizar un Internet abierto y equitativo
Ámbitos específicos 
Garantía 
IA 
Igualdad 
Libertad 
Participación