Fortaleciendo el acceso al conocimiento y el análisis crítico sobre los derechos digitales, este buscador permite explorar de forma ágil una cuidada selección de materiales y documentos, con fuentes confiables y actualizadas.
New System Makes Public Records More Accessible In Middletown
Chris Dehnel | 2025
La ciudad de Middletown, Connecticut, ha implementado un nuevo sistema digital para gestionar solicitudes bajo la Freedom of Information Act (FOIA), con el fin de mejorar la transparencia y facilitar el acceso a documentos públicos. A través de la plataforma JustFOIA, los ciudadanos pueden presentar sus solicitudes en línea, dar seguimiento al Estado de las mismas y acceder a documentos electrónicos como correos oficiales. Según Brianna Skowera, directora de sistemas de información de la ciudad, el objetivo es agilizar procesos internos y simplificar la interacción con los solicitantes.
La Ley de Derecho a Saber de Pensilvania (Right-to-Know Law), enmendada en 2009, es una de las más permisivas en cuanto a acceso a registros públicos, permitiendo que cualquier persona solicite información considerada “pública”. También puede incluir registros corporativos relacionados con negocios con agencias gubernamentales, aunque ciertas categorías, como información financiera, datos personales o secretos comerciales, pueden estar exentas.
Texas announces voter-data sharing agreements with other states, keeps them private
Colin Wood | 2025
Texas ha firmado memorandos de entendimiento con nueve Estados para compartir datos de registro de votantes, tras abandonar el sistema nacional ERIC. Aunque se busca prevenir registros duplicados y fraudes, los detalles de los acuerdos no se han hecho públicos, lo que genera preocupaciones sobre transparencia y protección de datos. Expertos advierten que estos pactos ad hoc podrían ser menos fiables que sistemas consolidados como ERIC, especialmente en términos de seguridad y precisión.
La Ley de Registros Públicos de Louisiana, conocida como la Sunshine Law, garantiza el acceso ciudadano a documentos públicos sin necesidad de justificar el propósito. Incluye libros, fotografías, grabaciones y datos electrónicos. La ley exige respuesta en tres días hábiles y permite el uso libre de los documentos obtenidos. También regula las reuniones abiertas, asegurando el derecho a observar deliberaciones públicas y participar mediante comentarios, salvo excepciones legales.
Rapport sur l’évolution de l’open data des décisions de justice
Ministère de la Justice | 2025
Informe del Ministére de la Justice sobre el impacto de la Loi n.º 2019-222, de 23 de marzo de 2019, por el que se introducen diversas reformas en el sistema judicial francés para fomentar el acceso abierto a las decisiones de los tribunales. En el trabajo se destaca la importancia de este cambio de sistema para cumplir con el ideal de transparencia y con el proyecto de digitalización de las Administraciones públicas, pero también se advierte de ciertas dificultades concernientes a la intimidad de las partes, que en ocasiones pueden ser identificadas pese a haber sido pseudonimizadas. Concluye reflexionando acerca de la posibilidad de repensar el sistema para diferenciar el grado de acceso en función de los fines, además de adoptar medidas de protección más eficaces para los interesados.
La ley del 7 de octubre de 2016 para una República digital regula los datos abiertos de las decisiones judiciales. En este sentido, no recomienda la anonimización, sino la seudonimización de las decisiones publicadas en línea. La seudonimización tiene como objetivo ocultar únicamente la información que permite una identificación «directa» (apellidos, direcciones, etc.). No pretende impedir la identificación indirecta, es decir, la que se podría realizar cotejando los detalles del caso con otra información. Su dificultad radica en trazar la línea entre la información demasiado identificativa, que debe ocultarse, y la información que se decide dejar visible.
El informe evalúa los avances de la UE hacia los objetivos digitales de 2030. Identifica mejoras en cobertura básica de 5G y despliegue de nodos periféricos, pero señala que la UE sigue lejos de metas clave como IA, semiconductores, 5G autónoma, habilidades digitales y protección de grupos vulnerables. Las hojas de ruta nacionales suman inversiones de 288 600 millones € pero el informe pide más inversión pública y privada para fortalecer infraestructura y capacidades digitales. También se ofrecen resúmenes de 27 informes por país y se vincula con otros documentos de monitoreo y recomendaciones horizontales.
La web explica la Declaración Europea de Derecho y Principios Digitales que establece un marco para que la UE dirija la transformación digital conforme a valores europeos, poniendo a las personas en el centro y protegiendo sus derechos online y offline. Se articula en seis principios: poner a las personas y sus derechos en el centro; promover solidaridad e inclusión con acceso a servicios y habilidades digitales; garantizar libertad de elección y protección frente a contenidos dañinos; fomentar la participación democrática y control de datos; asegurar un entorno digital seguro y protegido para todos; y apoyar la sostenibilidad y el impacto ambiental de las tecnologías digitales. La declaración sirve de guía para políticas y legislación de la UE y se monitoriza periódicamente, con cifras que muestran percepciones de los ciudadanos sobre protección de derechos digitales, inclusión y sostenibilidad.
La web explica que la identificación electrónica (eID) en la Unión Europea es una herramienta clave para garantizar acceso seguro a servicios en línea y transacciones digitales, actuando como prueba digital de identidad para personas y empresas, especialmente en ámbitos sensibles como la banca. Antes de 2014, la falta de una base jurídica común dificultaba el reconocimiento mutuo de identidades electrónicas entre Estados miembros; el Reglamento eIDAS de 2014 estableció ese marco y permitió la interoperabilidad transfronteriza, aunque con adopción limitada. Para responder a la expansión de servicios digitales y crecientes preocupaciones sobre privacidad, la UE ha actualizado el marco con el Reglamento de Identidad Digital Europea (EUDI) de 2024, que introduce carteras digitales de identidad seguras y privadas que dan a los ciudadanos control sobre sus datos personales y facilitan su uso en toda la UE. La Comisión ha fijado objetivos, como que todos los ciudadanos tengan acceso a una identificación electrónica segura reconocida en toda la Unión para 2030.
El Eurobarómetro Especial sobre la Década Digital 2025 es una encuesta realizada entre febrero y marzo de 2025. Analiza las percepciones y expectativas de los ciudadanos sobre el uso futuro de tecnologías digitales en la vida diaria, su beneficio o desafío y la importancia prevista de herramientas digitales en ámbitos como educación, trabajo o salud hasta 2030. Evalúa el apoyo público a las prioridades políticas de la UE (habilidades digitales, servicios públicos digitales, acceso equitativo), así como los desafíos en línea como el bloqueo geográfico y la protección de menores. Finalmente, explora el conocimiento y confianza de los ciudadanos sobre sus derechos digitales y la eficacia de la UE y los gobiernos nacionales en protegerlos, examinando la confianza en las instituciones para mantener un entorno digital seguro y con valores democráticos.
Ámbitos específicos 
Garantía 
IA 
Igualdad 
Libertad 
Participación