Referencias documentales

Portugal muestra crecimiento estable en digitalización de servicios públicos, con alto acceso a historiales de salud electrónicos y redes de conectividad robustas (5G y gigabit), aunque su uso está por debajo de la media europea. La adopción de IA y tecnologías avanzadas por las empresas es lenta, y las habilidades digitales básicas están por debajo del promedio de la UE, con brechas según nivel educativo y edad. El país tiene 157 medidas y €2.15 mil millones para impulsar la transformación digital y está implementando la agenda Digital and Smart Nation, abordando también desafíos territoriales y ambientales. El acceso a servicios digitales ha mejorado, hay crecimiento de especialistas TIC (incluidas mujeres), y los ciudadanos valoran positivamente la digitalización y la necesidad de mitigar la desinformación en línea.

El informe sostiene que Rumanía cuenta con una infraestructura de conectividad fija bien desarrollada y está reforzando su papel en tecnologías críticas como semiconductores y computación cuántica, pero presenta deficiencias en I+D, innovación de pymes y adopción de tecnologías emergentes, limitando su competitividad. El país tiene una hoja de ruta de 98 medidas y €3,6 mil millones para impulsar la transformación digital, financiada en parte por el Plan de Recuperación. La digitalización de servicios públicos y la disponibilidad de datos de e‑salud han mejorado, aunque las capacidades digitales básicas siguen por debajo de la media de la UE y hay dificultades para retener talento TIC. Rumanía también avanza hacia una infraestructura digital más ecológica. Según Eurobarómetro, la mayoría de ciudadanos considera que la digitalización facilita la vida y que es importante mitigar la desinformación y apoyar el crecimiento de empresas europeas competitivas.

Se trata de un working paper de la delegación polaca ante el Consejo de la Unión Europea que propone enmiendas al borrador del Digital Services Act (DSA) para reforzar los derechos de los consumidores y la eficacia de la normativa. Entre sus sugerencias aparece la creación de un nuevo artículo para permitir la restauración de contenido legítimo elimin ado de internet, la clarificación de la jurisdicción para la aplicación y sanción de infracciones, y la obligación de que ciertas plataformas designen representantes legales para mejorar la supervisión y la comunicación con las autoridades. El documento busca equilibrar la lucha contra contenidos ilícitos con la protección de derechos fundamentales, como la libertad de expresión y el acceso efectivo a mecanismos de reparación.

La página “Adapting to the digital age” del Parlamento Europeo explica cómo la protección de datos personales es un derecho fundamental consagrado en el Artículo 8 de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE, aplicable tanto dentro de la UE como cuando se ofrece bienes o servicios a residentes en la UE. El texto subraya que los datos deben procesarse de forma justa, con consentimiento o base legal, y que las personas tienen derechos como acceso, rectificación, borrado, limitación, portabilidad y oposición al tratamiento de sus datos personales. La legislación de la UE (como el Paquete de Protección de Datos y el RGPD) establece obligaciones para quienes tratan datos y mecanismos de control y sanción por parte de autoridades independientes. El balance entre seguridad (como lucha contra crimen y terrorismo) y privacidad/datos personales también es enfatizado como esencial en la era digital.

Este estudio examina cómo las tecnologías digitales emergentes —como IA, vigilancia biométrica, algoritmos, apagones de internet y control de información— se han convertido en herramientas utilizadas por regímenes autoritarios y estados para reprimir derechos humanos y controlar sociedades, ampliando sus capacidades de vigilancia y limitando libertades. Señala que estas tecnologías, aunque pueden apoyar valores democráticos, en la práctica han profundizado problemas de derechos fundamentales, afectando la libertad de expresión e información, la privacidad, la no discriminación y el ejercicio de derechos civiles. El informe analiza marcos internacionales de derechos humanos, evalúa la herramienta de política exterior de la UE para contrarrestar tales abusos y propone recomendaciones para fortalecer las respuestas de la UE, incluyendo instrumentos legales más sólidos, cooperación multilateral y presión sobre terceros países y empresas tecnológicas.

l estudio presenta el seguimiento anual del objetivo eHealth de la Década Digital: que el 100 % de la población de la UE tenga acceso a sus registros electrónicos de salud (EHR) para 2030. A 31 de diciembre de 2024, la madurez media en los 27 Estados miembros era del 83 %, mejorando cuatro puntos respecto a 2023. Dieciséis países aumentaron su puntuación, con más tipos de datos disponibles y más proveedores sanitarios conectados. El cumplimiento del Reglamento de Identidad Digital Europea y la cobertura poblacional también han crecido. Aun así, persisten limitaciones: los proveedores conectados siguen siendo mayoritariamente del sector público, el acceso a categorías de datos (como imágenes médicas o dispositivos) es todavía reducido, y el acceso por representantes legales es limitado. Lograr el acceso seguro y completo de los EHR exige esfuerzos adicionales, en línea con el Reglamento europeo del Espacio Europeo de Datos de Salud.

Francia dispone de infraestructura digital robusta y liderazgo tecnológico en inteligencia artificial e ICT verdes, pero la digitalización de empresas, especialmente PYMEs, va más lenta que la media de la UE. Su hoja de ruta nacional incluye 33 medidas con €18,6 mil millones, con fuerte inversión pública para alcanzar los objetivos de la Década Digital. Francia registra crecimiento de habilidades digitales básicas (aunque persisten brechas según nivel educativo), y presta atención a simplificar trámites administrativos digitales y soluciones tecnológicas soberanas. En servicios públicos digitales el rendimiento es medio, con recomendaciones para acelerarlos y expandir capacidades transfronterizas. El país también lidera en herramientas para reducción del impacto medioambiental de las TIC. Según el Eurobarómetro, la mayoría de ciudadanos valora que la digitalización facilita la vida y considera importante que las autoridades mitiguen desinformación online y apoyen el crecimiento de empresas europeas competitivas.

La página web “Questions and Answers: Digital Europe Programme” responde a preguntas frecuentes sobre el Programa Europa Digital (Digital Europe Programme), un programa de financiación de la UE para acelerar la transformación digital de empresas, ciudadanos y administraciones públicas mediante proyectos estratégicos. Aclara qué es el programa, quién puede participar, dónde encontrar los programas de trabajo, cómo presentar propuestas y qué costes son subvencionables, ofreciendo apoyo adicional a posibles beneficiarios sin sustituir las guías oficiales. El programa cubre también sesiones informativas y áreas específicas como instalaciones de ensayo de IA y eventos relacionados con convocatorias abiertas.

El blog presenta los derechos digitales como la extensión de los derechos humanos al entorno digital, asegurando privacidad, libertad, igualdad, seguridad y acceso a la información. Destaca iniciativas internacionales y europeas, como la Declaración Europea de Derechos y Principios Digitales, que promueve inclusión, participación, sostenibilidad y seguridad digital. A nivel nacional, la Carta de Derechos Digitales de España organiza estos derechos en categorías que incluyen libertades digitales, igualdad e inclusión, participación democrática, derechos laborales y empresariales en entornos digitales, y derechos en contextos específicos como educación e identidad digital. Además, en el texto se subraya la importancia de mecanismos de cumplimiento y seguimiento, ejemplificados por el Observatorio de Derechos Digitales, encargado de monitorizar, promover y garantizar la efectividad de estos derechos, fortaleciendo la protección y participación de la ciudadanía en la sociedad digital.

El blog analiza la Declaración Europea sobre los Derechos y Principios Digitales para la Década Digital, proclamada conjuntamente por el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión en enero de 2023 como parte de la transformación digital de la UE. Señala que es un documento no vinculante basado en los valores de la Unión —dignidad humana, libertad, igualdad y solidaridad— que expone principios y derechos digitales para guiar políticas públicas y futuras regulaciones en materia digital. Destaca compromisos de promover derechos fundamentales en entornos digitales, incluida la participación política, la seguridad, los servicios públicos, la sostenibilidad y la protección frente a la ciberdelincuencia. El texto resalta retos y oportunidades para que los Estados adapten sus agendas públicas, como el derecho a la desconexión digital, conectividad asequible, interoperabilidad, salvaguardas jurídicas frente a algoritmos, diversidad cultural en contenidos y salud física y mental en contextos digitales.