Referencias documentales

Primer informe del GGE que alcanza consenso sobre la aplicabilidad del derecho internacional, incluida la Carta de la ONU, al ciberespacio. Establece que los Estados tienen obligaciones en virtud del derecho internacional en sus actividades en el ciberespacio. Documento fundacional del marco normativo internacional sobre comportamiento responsable de los Estados en el entorno digital.

Primera resolución de la AGNU específicamente dedicada al derecho a la privacidad en la era digital, adoptada tras las revelaciones sobre programas de vigilancia masiva. Llama a los Estados a revisar sus legislaciones en materia de vigilancia. Inició una serie de resoluciones bienales que actualizan el marco de referencia de la ONU en esta materia.

Interpretación autorizada del artículo 9 de la CDPD. Distingue entre obligaciones inmediatas (no retroactividad) y progresivas (eliminación de barreras con plazos). Establece que los Estados tienen obligación positiva de garantizar que entidades privadas prestadoras de servicios al público ofrezcan servicios accesibles, extendiendo las obligaciones del artículo 9 a los operadores privados de plataformas y servicios digitales.

Informe anual del Conseil d’État (2014), en el que se analiza el impacto de los espacios digitales sobre los derechos fundamentales. El trabajo analiza la necesidad tanto de reconocer nuevos derechos fundamentales o modificar los ya existentes, como de repensar los mecanismos de protección de estos derechos. El análisis se hace desde una perspectiva práctica y europeísta, por lo que se articula a través de cincuenta propuestas tendentes a reforzar la posición de los individuos y de la acción colectiva, repensar el rol de las autoridades públicas y de los sujetos privados, así como plantear mecanismos de cooperación europea e internacional.

El trabajo expone y analiza el Dictamen del CCNE sobre las cuestiones éticas del uso de técnicas biomédicas para la «neuromejora» en individuos sanos.

Todo hombre tiene derecho a expresarse libremente. Son numerosos los textos que reconocen esta libertad, tanto a nivel nacional como a nivel internacional y europeo. El empleado, por el hecho de cruzar las puertas de la empresa, no pierde por ello el beneficio de esta libertad. Sin embargo, aunque hoy en día ya no se discute en absoluto su principio, sigue estando sujeta a las transformaciones y evoluciones de cada época. La empresa moderna se ha convertido así en el terreno privilegiado de una nueva investigación entre la libertad de expresión del empleado conectado y el derecho del empleador, con un profundo cuestionamiento del concepto de vida privada como telón de fondo.

Los proveedores de acceso a Internet (ISP) gozan de una responsabilidad limitada, pero deben cooperar con las autoridades para combatir los contenidos ilícitos. En la sentencia UPC Telekabel (2014), el Tribunal de Justicia de la UE confirmó que un ISP puede ser considerado un intermediario cuando sus servicios son utilizados para infringir derechos de autor.
El Tribunal autorizó a los jueces a ordenar el bloqueo de sitios web ilegales sin imponer medidas técnicas específicas, dejando al ISP libertad para elegir los medios, siempre que sean razonables y proporcionales. Estas medidas deben dificultar el acceso ilícito sin impedir el acceso a contenidos legales.
La decisión busca un equilibrio entre la protección de la propiedad intelectual, la libertad de empresa de los ISP y la libertad de información de los usuarios.

El Programa Nacional constituye uno de los principales pilares de la Agenda Digital Italiana, definida por la Cabina de Regia en torno a seis ejes estratégicos (Infraestructuras y seguridad, eGov/Open Data, eCommerce, competencias digitales, comunidades inteligentes, investigación e innovación), y se propone favorecer el desencadenamiento de un círculo virtuoso entre la demanda de servicios y de participación, la oferta por parte de las organizaciones públicas y privadas, y el desarrollo de perfiles profesionales innovadores y adecuados para la revolución digital.
El desarrollo de la cultura y de las competencias digitales es un tema clave para el crecimiento del país: resulta urgente crear competencias digitales para responder a la creciente demanda de profesionales con alto perfil TIC, a las necesidades en continua evolución de empresas e industrias, y a la exigencia de que todos los ciudadanos, a lo largo de su vida, adquieran la necesaria conciencia digital. Una empresa de tal envergadura requiere responsabilidades compartidas entre todos los stakeholders (las instituciones, tanto a nivel nacional como territorial, el mundo empresarial y profesional, el ámbito educativo, las organizaciones sindicales, las asociaciones y las organizaciones de la sociedad civil) y se basa en una implicación amplia, condición necesaria para que todas las necesidades y experiencias sean tomadas en consideración y para que, por tanto, sea posible el tránsito de una lógica de proyectos a una lógica de sistema.

Una de las principales ambiciones del Programa Nacional es la de “convertirse en plataforma”, construyendo las condiciones para establecer un sistema eficaz de knowledge management entre las experiencias e iniciativas ya presentes en el país, así como de coordinación, sobre todo con el fin de alcanzar una mayor eficacia en el aprovechamiento de los recursos, en la interlocución europea y en las sinergias de carácter proyectual.

El estudio analiza el ascenso de las plataformas digitales como dimensiones inmateriales centrales de la vida económica y social contemporánea. Gracias a un marco regulador inicialmente laxo, en particular a la exención de responsabilidad prevista en la Directiva sobre comercio electrónico, estas plataformas han consolidado posiciones dominantes, generando fenómenos de dependencia estructural y falta de interoperabilidad. Convertidas en nuevos gatekeepers, operan sin las garantías propias de los intermediarios tradicionales, desplazando a operadores locales y debilitando el control público sobre los mercados. El autor subraya cómo este proceso favorece la concentración del poder económico y tecnológico en manos de grandes grupos multinacionales. Frente a esta situación, se defiende la necesidad de una intervención normativa preventiva, orientada a proteger a los usuarios, preservar la neutralidad de la red, fomentar la competencia y garantizar un entorno digital equilibrado, especialmente en el contexto de la Unión Europea.

Se trata de un Flash Eurobarometer que explora cómo y en qué medida las personas de la Unión Europea usan internet y recursos digitales para gestionar su salud, apoyando los objetivos de la eHealth Action Plan 2012‑2020 para integrar la salud digital en los sistemas sanitarios. El estudio analiza qué tipo de información de salud buscan los ciudadanos en línea, dónde la buscan y por qué, y mide su satisfacción con la información encontrada y su disposición a usar internet para cuestiones de salud en el futuro. También investiga las razones por las que algunos no usan internet para temas de salud, qué medios alternativos emplean y si considerarían utilizar internet más adelante. Además ofrece un panorama del uso general de internet en Europa, los patrones de búsqueda de información sanitaria y aspectos relacionados con visitas médicas y actividad física, con el fin de orientar políticas que mejoren la alfabetización digital en salud