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El blog de Clifford Chance analiza cómo las leyes de privacidad estatales en EE. UU., incluida la de Maryland, están moldeando la gobernanza de la inteligencia artificial. Destaca la aplicación de marcos legales existentes a sistemas automatizados, el papel de las autoridades de protección de datos y los desafíos regulatorios. La falta de una ley federal refuerza la importancia de las normativas estatales para garantizar derechos digitales frente al uso de IA.
How could the Maryland Online Data Privacy Act be better?
Phoebe Normandia | 2024
El artículo explica los derechos que otorga la nueva Ley de Privacidad de Datos en Línea de Maryland, aprobada en 2024 y vigente desde octubre de 2025. La norma limita la recopilación de datos por parte de empresas, prohíbe la venta de información sensible y establece mecanismos automáticos de exclusión. También detalla cómo los ciudadanos pueden ejercer sus derechos de acceso, corrección y eliminación de datos personales.
‘Orwellian overreach’: Social media platforms file lawsuit over Md. law on kids online privacy
Bryan Sears | 2025
El artículo informa sobre la demanda presentada por NetChoice contra la ley de privacidad infantil de Maryland, conocida como Maryland Kids Code. Esta norma, vigente desde octubre de 2024, obliga a plataformas digitales a realizar evaluaciones de impacto sobre privacidad infantil y limita la recopilación de datos de menores. NetChoice argumenta que la ley vulnera derechos constitucionales y contradice normativas federales sobre libertad de expresión y comercio digital.
Trusted Wills for Digital Assets using blockchain: A Practical Case
Jesus Hernando-Corrochano, Rafael Pastor-Vargas, Roberto Hernández-Berlinches | 2025
Este trabajo aborda la herencia digital de activos personales, como cuentas de correo electrónico, excluyendo los del ámbito corporativo. Propone el uso de tecnología blockchain para gestionar esta herencia, aprovechando su seguridad, descentralización, inmutabilidad y eficiencia. Los usuarios pueden establecer condiciones claras y seguras para la transmisión de sus activos digitales tras su fallecimiento, mediante contratos inteligentes. Esto garantiza que los registros sean auditables y que los beneficiarios reciban los activos conforme a lo planificado. La propuesta busca empoderar a los ciudadanos en la gestión de su legado digital, asegurando su protección y continuidad para futuras generaciones.
INHERITING DIGITAL ASSETS: DOES THE REVISED UNIFORM FIDUCIARY ACCESS TO DIGITAL ASSETS ACT FALL SHORT?
Patricia Sheridan | 2020
El artículo analiza la Ley Uniforme Revisada de Acceso Fiduciario a Activos Digitales (RUFADAA) en EE. UU., enfocándose en su aplicación tras el fallecimiento del titular de cuentas digitales. Aunque RUFADAA busca facilitar el acceso de fiduciarios a activos digitales como correos, fotos o documentos, aún existen vacíos legales. Se critica la ambigüedad en los poderes fiduciarios, la excesiva discrecionalidad de los proveedores para exigir órdenes judiciales, y la imposición de cláusulas contractuales que contradicen leyes sucesorias estatales. Se propone fortalecer el marco legal para garantizar que los activos digitales sean tratados como propiedad heredable bajo las leyes del domicilio del fallecido.
What You Need To Know About Delaware’s New Data Privacy Law
Jasmine Sharma | 2024
La Ley de Privacidad de Datos Personales de Delaware (DPDPA), vigente desde el 1 de enero de 2025, otorga a los residentes derechos sobre sus datos personales, como acceso, corrección, eliminación y portabilidad. Las empresas deben permitir la exclusión de publicidad dirigida y venta de datos, y cumplir con requisitos de transparencia. A diferencia de otras leyes estatales, incluye a organizaciones sin fines de lucro y educativas. Aplica a entidades que procesen datos de al menos 35.000 residentes o 10.000 si obtienen más del 20% de ingresos por venta de datos. Se exige cumplimiento técnico, contractual y organizativo.
Delaware Personal Data Privacy Act: First Look & Summary
Anokhy Desai | 2025
La Ley de Privacidad de Datos Personales de Delaware (DPDPA), en vigor desde el 1 de enero de 2025, es la primera legislación integral de protección de datos en ese Estado. Establece derechos para los consumidores sobre su información personal y obligaciones para las empresas que la recopilan o procesan. Las entidades deben obtener consentimiento claro, permitir el acceso, corrección o eliminación de datos, y evitar prácticas engañosas. La ley se aplica a empresas que manejan datos de al menos 35.000 residentes o 10.000 si obtienen ingresos por venta de datos. Su cumplimiento será supervisado por el Fiscal General del Estado.
Mobile Driver’s Licenses Pave the Way for Unified Digital Ids
David Raths | 2021
El artículo de GovTech analiza cómo las licencias de conducir móviles (mDL) están sentando las bases para una identidad digital unificada en EE. UU. La pandemia aceleró su adopción, permitiendo transacciones sin documentos físicos. Estados como Arizona y Colorado lideran esta transformación con apps como AZ Mobile ID y myColorado, que permiten autenticar identidades y acceder a servicios públicos. Las mDL ofrecen mayor seguridad, control de datos por parte del usuario y eficiencia en transacciones. Sin embargo, su adopción enfrenta desafíos como la falta de infraestructura, estándares interoperables y aceptación generalizada por parte de empresas y agencias.
Can I see some ID? Delawareans among first states to have mobile license option
Amanda Parrish | 2021
El artículo de Delaware Online destaca que Delaware fue uno de los primeros Estados en ofrecer licencias de conducir móviles (Mobile ID). Lanzada por el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) en colaboración con IDEMIA, esta app permite a los usuarios portar su identificación en el móvil, con autenticación biométrica y control sobre qué datos compartir. Aunque aún no es válida en controles policiales, algunos negocios como licorerías y restaurantes ya la aceptan. El programa comenzó con un piloto en 2018 y busca mejorar la seguridad y privacidad frente al robo de identidad.
El informe del Lawyers’ Committee for Civil Rights Under Law analiza cómo los sitios web y servicios digitales pueden violar la Ley de Derechos Civiles de EE. UU. al excluir o discriminar a ciertos grupos, especialmente a personas con discapacidades, minorías raciales y comunidades de bajos ingresos. Señala que muchas plataformas digitales no cumplen con los estándares de accesibilidad, lo que limita el acceso a servicios esenciales como educación, salud y empleo. El informe aboga por una regulación más estricta y por el reconocimiento legal de los espacios digitales como “lugares de alojamiento público”.
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