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El informe del Lawyers’ Committee for Civil Rights Under Law analiza cómo los sitios web y servicios digitales pueden violar la Ley de Derechos Civiles de EE. UU. al excluir o discriminar a ciertos grupos, especialmente a personas con discapacidades, minorías raciales y comunidades de bajos ingresos. Señala que muchas plataformas digitales no cumplen con los estándares de accesibilidad, lo que limita el acceso a servicios esenciales como educación, salud y empleo. El informe aboga por una regulación más estricta y por el reconocimiento legal de los espacios digitales como “lugares de alojamiento público”.
El artículo reflexiona sobre la necesidad urgente de legislación en materia de identidad digital, especialmente en países de derecho anglosajón. Destaca cómo la falta de marcos legales claros obstaculiza la interoperabilidad, la confianza y la protección de datos en sistemas digitales. Se aboga por una gobernanza pública que garantice que las soluciones de identidad digital sean seguras, inclusivas y respetuosas con los derechos fundamentales de los ciudadanos.
January 2020 • The Monthly Security Awareness Newsletter for Everyone Digital Inheritance
West Virginia Executive Branch | 2020
El informe, elaborado por el SANS Institute y difundido por la Oficina de Privacidad de Virginia Occidental, destaca la importancia de incluir los activos digitales en la planificación testamentaria. Recomienda identificar cuentas, contraseñas y contenidos digitales relevantes, y designar personas de confianza para gestionarlos tras el fallecimiento. Subraya que la herencia digital es clave para proteger la identidad y el legado en el entorno digital
A Guide to Local Government Data Breach Notification Requirements
NC School of Government | 2020
Este informe del School of Government de la Universidad de Carolina del Norte proporciona una guía práctica para gobiernos locales sobre cómo responder ante brechas de seguridad que comprometan datos personales. Explica las obligaciones legales de notificación, los tipos de información afectada y las mejores prácticas para comunicar incidentes a los ciudadanos. El documento subraya la importancia de la protección de datos y la responsabilidad institucional en el entorno digital.
Maine’s ISP Privacy Law Does Not Violate the First Amendment, Much as ISPs Would Like for It To
Arianna Demas | 2020
El artículo de la ACLU defiende la ley de privacidad de Maine que obliga a los proveedores de servicios de Internet (ISP) a obtener el consentimiento de los usuarios antes de usar o vender su información personal. La ley protege datos sensibles como ubicación, historial de navegación y salud, y ha sido cuestionada por los ISP por supuesta violación de la Primera Enmienda. La ACLU argumenta que la ley regula el discurso comercial y protege la privacidad del consumidor.
Free Speech Isn’t a Free Pass for Privacy Violations
Margot E. Kaminski and Scott Skinner-Thompson | 2020
El artículo de Slate analiza cómo empresas como Clearview AI y grupos de ISP han invocado la Primera Enmienda para evitar regulaciones de privacidad. Se critica el uso del discurso comercial como escudo legal frente a leyes como la de Maine, que exige consentimiento para compartir datos. También se cuestiona la legitimidad de recolectar imágenes faciales de redes sociales, subrayando los riesgos de discriminación y vigilancia masiva
La Ley Revisada de Connecticut sobre el Acceso Fiduciario Uniforme a los Activos Digitales (2016) otorga a los fiduciarios una autoridad limitada para acceder a cuentas en línea si está explícitamente autorizado en un testamento o poder notarial. Este acceso puede ayudar a las familias a proteger activos, prevenir el robo de identidad y gestionar legados digitales. Sin embargo, las leyes federales de privacidad, como la Ley de Comunicaciones Almacenadas, restringen a los proveedores la divulgación de datos privados, lo que a menudo genera conflictos con los fiduciarios. Para evitar complicaciones, las personas pueden asignar directamente derechos de gestión de cuentas a través de los propios proveedores de servicios (por ejemplo, el “Contacto de legado” de Facebook o el “Administrador de cuentas inactivas” de Google). Una planificación explícita garantiza que la información digital sea preservada, controlada y legalmente accesible por personas de confianza.
Pressemitteilung: Offener Brief gegen Passwortherausgabepflicht und Strafverschärfungen
Digitale Gesellschaft | 2020
La organización Digitale Gesellschaft, junto con otras doce entidades, firma una carta dirigida al Ministerio de Justicia para alertar sobre graves riesgos en dos propuestas legislativas destinadas a combatir delitos de odio. Denuncian que permitir a las autoridades exigir contraseñas y obligar a redes sociales a enviar direcciones IP y otros datos supone una intromisión desproporcionada en la privacidad y la libertad de información. También critican la creación de categorías de víctimas y agresores, que podría derivar en registros sensibles y peligrosos. Señalan que muchas medidas son ineficaces contra el extremismo y piden evitar que plataformas privadas asuman funciones estatales.
El documento analiza los riesgos de la publicidad política en línea en Alemania y la UE. Señala tres problemas principales: polarización por microtargeting, interferencia de grandes financiadores y falta de transparencia. A diferencia de la publicidad tradicional, las plataformas digitales permiten segmentar audiencias con datos conductuales, invisibles para la ciudadanía y difíciles de supervisar. El estudio propone limitar el uso de datos personales, establecer tamaños mínimos de grupos objetivo, imponer cuotas o techos de gasto, y ampliar la supervisión financiera más allá de partidos. También recomienda archivos obligatorios de anuncios, auditorías independientes de algoritmos y un organismo regulador con poder sancionador, preferiblemente a nivel europeo, para garantizar debates democráticos abiertos
Cyberdroit 2020/2021. 8e éd. – Le droit à l’épreuve de l’internet
Christiane Féral-Schuhl | 2020
Internet plantea retos constantemente renovados a todos los ámbitos del derecho. Ahora que el dispositivo nacional de protección de datos personales se basa tanto en el RGPD como en la ley modificada de Informática y Libertades, ¿cuáles son las normas para la recopilación, el uso y la conservación de datos personales? ¿Cómo se ejerce el derecho al olvido, a la portabilidad o al control de los datos tras el fallecimiento? ¿Cómo puede el empleador garantizar el respeto de la vida privada del empleado que utiliza sus propios equipos informáticos en su actividad profesional? ¿Cómo debe organizar el procedimiento de notificación de alertas? ¿Cómo se armonizan las normas de transparencia y lealtad aplicables al comercio electrónico con las disposiciones europeas de protección del consumidor en línea? ¿Qué lugar y qué marco jurídico se debe otorgar al pago en bitcoins? Ya sea internauta o no, ciudadano, padre, menor, consumidor, creador de sitios web, empleado, empresario, responsable de una misión de interés general, abogado o magistrado, el lector encontrará en esta séptima edición muchas respuestas.
Ámbitos específicos 
Garantía 
IA 
Igualdad 
Libertad 
Participación