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HB 2017 | Regulating speech of social media platforms
ACLU Pennsylvania | 2024
El proyecto de ley HB 2017 propone enmendar el Título 50 (Salud Mental) para imponer nuevas obligaciones a las plataformas de redes sociales accesibles a menores. Establece verificación de edad, consentimiento parental para menores de 16 años, derecho de los padres a revisar configuraciones de privacidad, prohibición de recopilar ciertos datos de menores y obligación de publicar una política de “Conducta Odiosa” con mecanismos de queja y respuesta. Sin embargo, la sección de “Conducta Odiosa” se considera inconstitucional, ya que viola la Primera Enmienda al regular contenido y puntos de vista, compelir discurso, ser demasiado amplia y vaga, y limitar la libertad editorial de las plataformas.
Pennsylvania Broadband Development Authority | 2024
La Digital Equity Act asignó 2.750 millones de dólares a la NTIA para impulsar tres programas de subvenciones que promuevan la inclusión digital y la igualdad de acceso. Estos fondos buscan garantizar que comunidades vulnerables —hogares de bajos ingresos, personas mayores, veteranos, personas con discapacidades, minorías raciales y residentes rurales— adquieran las competencias y la tecnología necesarias para aprovechar la economía digital. Los programas son: el State Digital Equity Planning Grant (60 millones para planes estatales), el Digital Equity Capacity Program (1.440 millones en tres fases, con más de 25 millones disponibles para Pensilvania en 2024) y el Competitive Grant Program (1.250 millones).
El “Oregon Digital Equity Plan” es un plan estatal para abordar las desigualdades digitales en Oregon: garantiza el acceso asequible a banda ancha, dispositivos y capacitación digital para poblaciones desfavorecidas. El documento define barreras, estrategias y prioridades para cerrar la brecha digital, alineándose con los programas federales de equity digital. Fue aceptado por el NTIA el 29 de marzo de 2024.
Looking ahead: A global shift towards digital regulation for children
Kennedys | 2024
El artículo señala que en California ya está en vigencia una normativa (desde 2024) que impone a empresas que ofrecen servicios digitales accesibles por menores la obligación de realizar ‘impact assessments’ — evaluaciones de impacto — para prevenir daños al bienestar infantil. También exige que el diseño minimice perfilado, limite seguimiento de geolocalización y utilice configuraciones por defecto con alta privacidad, como parte de su cumplimiento con la normativa que protege a menores en el entorno digital.
Hawai‘i State Workforce Development Unified Plan 2024-2027
State of Hawaii | 2024
El Hawai‘i State Workforce Development Unified Plan 2024-2027 describe la estrategia del Estado para coordinar programas de empleo, educación y capacitación bajo la ley WIOA. Entre sus iniciativas se incluye el despliegue de programas de alfabetización digital y el fortalecimiento del acceso tecnológico, en colaboración con la oficina estatal de equidad digital. Se enfatiza la necesidad de plataformas digitales interactivas para que la ciudadanía participe en la planificación laboral, evaluar oferta formativa, comentarios públicos y acceso transparente a los datos del mercado laboral.
El artículo destaca el papel de las bibliotecas en la inclusión digital, especialmente en Maine, donde muchas comunidades rurales enfrentan limitaciones de acceso y habilidades digitales. Con apoyo de la Digital Equity Act (2021), las bibliotecas proporcionan internet, dispositivos asequibles, formación en competencias digitales y asistencia personalizada a colectivos vulnerables. Además, actúan como centros comunitarios de apoyo para el empleo, la telemedicina y el acceso a servicios públicos en línea. Sin embargo, advierte que su éxito depende de financiación sostenible y recursos adecuados. Las bibliotecas se consolidan como infraestructuras esenciales para garantizar equidad digital y cerrar la brecha tecnológica.
Broadband Diffusion in Rural Maine: A Qualitative Assessment of Residents’ Attitudes
Micaela Elanor Simeone | 2024
Broadband Diffusion in Rural Maine (Maine Policy Review, 2024) analiza actitudes de residentes rurales ante la expansión del internet de alta velocidad. Basado en 27 entrevistas, revela que la mayoría reconoce la importancia del broadband para el desarrollo comunitario, el empleo y la permanencia de jóvenes, aunque persisten temores sobre pérdida de “carácter rural”, aumento de costes o llegada de nuevos residentes. Muchos expresan preocupación por seguridad en línea, desinformación y cambios sociales. El estudio concluye que los planes de equidad digital deben equilibrar conectividad con identidad local, involucrar a la comunidad y garantizar adopción significativa.
Bob McLaughlin, Director Ejecutivo de la Colaboración Nacional para la Equidad Digital y Charlie French, Líder del Programa de Desarrollo Comunitario y Económico de la Extensión Cooperativa de la Universidad de New Hampshire comentan como cerrar la brecha de acceso al internet, favorecer la inclusión a la economía actual, mejorar la accesibilidad y sobre todo aminorar la diferencia competencial que se ha hecho notable después de la pandemia. Bajo la FCC existe el Affordable Connectivity Programme, aunque tan solo 20% de los hogares se han unido a la iniciativa, aunque los expertos prevén la triplicación de estas cifras en los próximos años.
Libraries: Anchor Institutions & Digital Inclusion Leaders
Marylanders Online / Maryland Digital Equity Coalition | 2024
Este vídeo forma parte de una serie sobre equidad digital en Maryland y destaca el papel de las bibliotecas como instituciones clave para la inclusión digital. Se analiza cómo las bibliotecas ofrecen acceso a Internet, formación digital y recursos tecnológicos a comunidades marginadas. El contenido subraya la importancia de estas instituciones en la reducción de brechas digitales y en la promoción de la equidad en el acceso a la información.
El artículo analiza la Ley HB 3 de Florida, firmada en marzo de 2024, que regula el uso de redes sociales por menores. Prohíbe que niños menores de 14 años creen cuentas sin consentimiento parental y exige verificación de edad por parte de las plataformas. La ley busca proteger a los menores de riesgos digitales, aunque genera debate sobre privacidad, libertad de expresión y posibles desafíos constitucionales.
Ámbitos específicos 
Garantía 
IA 
Igualdad 
Libertad 
Participación