Referencias documentales

Connecticut se convirtió en el primer estado en aprobar una ley eficaz para abordar los problemas del la concesión de licencias digitales en bibliotecas sin caer en la preempción del derecho federal de autor. Su proyecto S.B. 1234, promulgado como Public Act 25‑9, adopta un modelo innovador propuesto por Library Futures y la eBook Study Group. A diferencia de leyes anteriores en Maryland o Nueva York, que fueron bloqueadas por obligar a los editores a licenciar obras, la ley de Connecticut evita intervenir en derechos exclusivos del copyright. En su lugar, regula las condiciones contractuales una vez que un editor decide ofrecer licencias, impidiendo términos abusivos.

Connecticut avanza en una propuesta legislativa para reforzar la protección de menores en redes sociales, impulsada por el gobernador Ned Lamont y el fiscal general William Tong. La iniciativa exigiría consentimiento parental para que plataformas utilicen algoritmos y notificaciones considerados adictivos o perjudiciales para menores. Además, establece configuraciones por defecto más restrictivas, incluyendo la prohibición de notificaciones entre las 21:00 y las 8:00 horas, límites de uso y mayor privacidad de las cuentas. La propuesta se apoya en preocupaciones sobre el impacto de las redes sociales en la salud mental infantil, como aislamiento, depresión o ciberacoso, y toma como referencia leyes similares de otros estados. Aunque el sector tecnológico alega haber introducido herramientas de seguridad, la medida busca reforzar el control familiar y reducir la exposición de los menores a dinámicas digitales dañinas.

La ciudad de Nueva York ha creado una Oficina de Activos Digitales y Tecnología Blockchain mediante una orden ejecutiva firmada por el ex-alcalde Eric Adams, con el objetivo de posicionar a la ciudad como un referente en el sector de las criptomonedas y la tecnología blockchain. La nueva oficina busca apoyar el crecimiento de esta industria, promover el uso responsable de los activos digitales y educar al público, en un contexto de mayor respaldo regulatorio federal, como la aprobación del GENIUS Act sobre stablecoins. La iniciativa se enmarca en una estrategia de desarrollo económico y sigue una tendencia observada en otros estados y ciudades estadounidenses que exploran blockchain y criptomonedas como herramientas para atraer inversión e innovación, aunque persisten dudas sobre su utilidad práctica y su impacto real en la ciudadanía.

Ciertos sectores de la pobalción neoyorquina sostienen que New York City necesita un “nuevo sistema operativo” institucional para gestionar de forma coherente y eficiente su compleja infraestructura tecnológica. Se argumenta que, aunque las agencias municipales operan sistemas digitales críticos, falta una estrategia global de TI que priorice inversiones, establezca buenas prácticas y garantice seguridad, privacidad y eficacia. Proponen seis reformas clave: crear un Chief Information Officer con autoridad real y dependencia directa del alcalde, restaurar una agencia independiente de ciberseguridad, agilizar la contratación y formación de personal tecnológico, priorizar proyectos piloto antes de grandes contratos, modernizar sistemas mediante metodologías ágiles, y adoptar la inteligencia artificial de forma estratégica y responsable.

Pensilvania está consolidando un marco jurídico más claro para los activos digitales (criptomonedas y servicios basados en blockchain) y cómo eso afecta tanto a residentes como a pequeños negocios. El eje es la Act 7 of 2025, que integra la transmisión de “virtual currency” dentro de la Money Transmitter Act, obligando a las empresas que custodian o mueven criptoactivos para terceros a someterse a licencia, controles y supervisión, similar a los servicios financieros tradicionales. Para la ciudadanía, esto refuerza la protección y la trazabilidad de responsabilidades ante pérdidas, retrasos o mala gestión. A la vez, se menciona legislación que protege la autocustodia, permitiendo mantener activos sin intermediarios, con el coste de una mayor carga de aprendizaje y riesgo operacional.

El 4 de febrero de 2026, un panel de la Corte de Apelaciones del Sexto Circuito escuchó argumentos sobre leyes de Ohio y Tennessee que exigen consentimiento parental para que menores usen redes sociales. NetChoice, asociación que incluye a Google y Meta, argumenta que las leyes violan los Libertad de expresión de los menores (Primera Enmienda). Los estados sostienen que regulan contratos, no el discurso, y buscan proteger a los menores en línea. NetChoice obtuvo una suspensión permanente en Ohio, pero su solicitud fue denegada en Tennessee. Los jueces cuestionaron la legitimidad de NetChoice para representar los derechos de los menores. Una decisión se espera en los próximos meses y sentará un precedente clave sobre la regulación del acceso juvenil a las plataformas digitales en EE. UU.

En este episodio de la serie «We Get Privacy at Work», los autores analizan la explosión de litigios relacionados con la Ley de Privacidad de la Información Biométrica de Illinois (BIPA) en el entorno laboral. El contenido se centra en cómo las empresas se han convertido en blanco de demandas colectivas debido al uso de tecnologías de escaneo de huellas dactilares y reconocimiento facial para el control de asistencia y seguridad sin cumplir estrictamente con los requisitos de notificación y consentimiento por escrito. Se discuten fallos judiciales recientes que han aclarado la interpretación de la ley, incrementando el riesgo financiero para los empleadores. Los expertos enfatizan que incluso infracciones técnicas sin daño directo comprobado pueden derivar en indemnizaciones masivas, por lo que instan a las organizaciones a auditar de inmediato sus prácticas de recolección de datos y a implementar protocolos de cumplimiento rigurosos para mitigar la exposición legal.

Este artículo anuncia la introducción de un paquete de proyectos de ley bipartidistas en Michigan diseñados para establecer «barreras de seguridad» en el uso de la tecnología de lectores automáticos de matrículas (ALPR). La legislación busca equilibrar la eficacia de estas herramientas en la lucha contra el crimen con la protección de las libertades civiles de los ciudadanos. Entre las medidas propuestas, se incluyen límites estrictos sobre cuánto tiempo pueden las agencias policiales conservar los datos de las matrículas (proponiendo un máximo de 30 días si no hay una investigación activa) y la prohibición de vender esta información a terceros o utilizarla para fines no relacionados con la seguridad pública. Los legisladores argumentan que, sin una regulación clara, el uso indiscriminado de esta tecnología podría derivar en una vigilancia masiva injustificada, por lo que es imperativo codificar protocolos de transparencia y rendición de cuentas.

El 21 de febrero de 2026, la representante Joy Goeben emitió un comunicado tras la aprobación en la Asamblea de Wisconsin de su paquete de proyectos de ley (AB 961, AB 962 y AB 963) para proteger a los menores en línea. La legislación, que contó con apoyo bipartidista, busca restaurar la autoridad parental aumentando la transparencia de las grandes plataformas tecnológicas y exigiendo responsabilidades a los distribuidores de contenido digital. Goeben argumenta que las empresas diseñan sus plataformas para explotar la vulnerabilidad de los niños, exponiéndolos a depredadores, material explícito y problemas de salud mental. El objetivo es terminar con el desequilibrio que, según ella, deja a los padres «excluidos» del mundo digital de sus hijos, a pesar de ser legal y moralmente responsables de ellos.

Informe de la AIE sobre el impacto energético de la IA. Establece que los centros de datos consumieron aproximadamente el 1,5% del consumo eléctrico mundial y proyecta que se duplicará en 2030 principalmente por la expansión de la IA.