Referencias documentales

Los datos abiertos se articulan, según la concepción europea, en torno a dos ramas: el derecho de acceso a los documentos administrativos y el derecho de reutilización de la información del sector público. El trabajo ofrece un estudio exhaustivo del marco europeo y francés en materia de open data (en particular, aquel desarrollado con la adopción de la Ley de 7 de octubre de 2016 para una República Digital).

El derecho a la desconexión de los trabajadores tiene por objeto, mediante la regulación del uso de las herramientas digitales con fines profesionales, garantizar el respeto de sus tiempos de descanso y vacaciones, así como de su vida privada y familiar. Desde el 1 de enero de 2017, la negociación colectiva obligatoria en las empresas debe versar sobre las modalidades del pleno ejercicio por parte del empleado de su derecho a la desconexión, en virtud de la calidad de vida y las condiciones de trabajo. El derecho a la desconexión forma parte de la prevención de los riesgos psicosociales de los trabajadores, en virtud de la obligación del empleador de garantizar su seguridad. A falta de un acuerdo colectivo, la aplicación de un código interno de la empresa o del establecimiento debe permitir la aplicación efectiva del derecho a la desconexión.

El recurso web ofrece una guía de carácter divulgativo sobre el concepto de la huella de carbono, las pautas para reducir el impacto medioambiental de los equipamientos y usos digitales en la vida diaria, cómo medir la huella medioambiental de la tecnología digital y qué labor desempeñan los agentes reguladores europeos en este ámbito.

Gracias a los servicios digitales de salud, el acceso a la atención médica y a los servicios médicos y sociales se ha facilitado considerablemente. También se ha simplificado la mejora de la atención a los pacientes y la coordinación de la atención entre los profesionales, lo que permite un acceso más rápido y seguro a la información médica y orienta a los usuarios en su trayectoria asistencial. El objetivo de la doctrina es acelerar el desarrollo de la tecnología digital para mejorar la atención sanitaria, manteniendo al mismo tiempo un alto nivel de compromiso de los actores privados y públicos en el despliegue de soluciones digitales innovadoras y útiles para los usuarios y los profesionales.

La nota de prensa anuncia que Public Consulting Group presentará en SXSW EDU 2026 un taller centrado en el piloto del monedero digital educativo‑laboral de Kentucky. El proyecto se basa en los Learning and Employment Records (LER) y en credenciales micro‑acumulables que permiten a los estudiantes demostrar habilidades y a los empleadores evaluar talento de forma más precisa. Según el texto, este sistema concibe cada credencial como “una moneda”, facilitando trayectorias profesionales más claras y equitativas. El panel incluirá representantes universitarios y estatales, destacando que el piloto moderniza la acreditación, fortalece conexiones entre educación y empleo y sirve como modelo nacional emergente.

El episodio analiza los desafíos críticos de la privacidad de datos en las industrias de salud y servicios financieros, las cuales operan bajo regímenes regulatorios estrictos como la Ley de Portabilidad y Responsabilidad del Seguro Médico (HIPAA) y la Ley Gramm-Leach-Bliley (GLBA). Los autores destacan que, ante el aumento de ciberataques y filtraciones, las organizaciones deben ir más allá del simple cumplimiento normativo, adoptando una postura proactiva en la gestión de riesgos. El texto subraya la importancia de implementar controles de acceso rigurosos, encriptación de datos y programas de capacitación continua para empleados. Asimismo, advierte sobre la creciente convergencia de las leyes estatales de privacidad de los consumidores con estas regulaciones federales, lo que obliga a las empresas a armonizar sus políticas internas para proteger la integridad de la información confidencial y evitar sanciones legales o daños reputacionales severos.

Pensilvania está consolidando un marco jurídico más claro para los activos digitales (criptomonedas y servicios basados en blockchain) y cómo eso afecta tanto a residentes como a pequeños negocios. El eje es la Act 7 of 2025, que integra la transmisión de “virtual currency” dentro de la Money Transmitter Act, obligando a las empresas que custodian o mueven criptoactivos para terceros a someterse a licencia, controles y supervisión, similar a los servicios financieros tradicionales. Para la ciudadanía, esto refuerza la protección y la trazabilidad de responsabilidades ante pérdidas, retrasos o mala gestión. A la vez, se menciona legislación que protege la autocustodia, permitiendo mantener activos sin intermediarios, con el coste de una mayor carga de aprendizaje y riesgo operacional.

La New Jersey Data Privacy Act (NJDPA), firmada el 16 de enero de 2024 y en vigor desde el 15 de enero de 2025, establece un marco general de protección de datos para residentes de Nueva Jersey y fija obligaciones para responsables y encargados, aplicable a entidades que operen en el estado o dirijan servicios a sus residentes y superen ciertos umbrales de tratamiento o venta de datos. Reconoce derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad y oposición (publicidad dirigida, venta y perfiles), e incorpora un principio de minimización ligado a fines legítimos. Exige consentimiento expreso para datos sensibles y prohíbe “patrones oscuros”. Obliga a habilitar vías para solicitudes verificables (45 días, ampliables), prevé evaluaciones de impacto y medidas de seguridad razonables, y manda respetar mecanismos universales de exclusión (como GPC). La ejecución corresponde al Fiscal General, sin acción privada.

La web explica qué es el Consorcio Europeo de Infraestructuras Digitales (EDIC), a saber, un marco jurídico creado por la UE para facilitar y acelerar la implementación de proyectos digitales transnacionales que ayudan a cumplir los objetivos del Programa de la Década Digital 2030. Cada EDIC es una entidad legal formada por al menos tres Estados miembros y aprobada por la Comisión Europea, con estructura de gobernanza y financiación acordada por sus miembros. Su propósito es desplegar infraestructuras digitales conjuntas, prestar servicios y reunir a actores públicos y privados para impulsar tecnologías clave y la cooperación europea en el ámbito digital. Actualmente se están estableciendo varios EDICs en áreas como tecnologías de lenguaje, gemelos digitales urbanos (CitiVERSE), blockchain, bienes digitales comunes (DC-EDIC) y digitalización de la administración pública, fortaleciendo la soberanía tecnológica, la interoperabilidad y los servicios digitales transfronterizos en Europa.

Con la New Jersey Innovation Authority (NJIA), iniciativa del gobernador Phil Murphy, Nueva Jersey se convierte así en el primer estado en consagrar por ley una oficina estatal de innovación, consolidando un modelo basado en diseño centrado en las personas, metodologías ágiles y uso responsable de inteligencia artificial. La nueva autoridad continuará modernizando servicios públicos, reduciendo cargas administrativas y mejorando la eficiencia, con logros recientes como la ampliación del acceso a beneficios sociales, la modernización de centros de llamadas y la simplificación de trámites digitales. La NJIA estará dirigida por un consejo de 13 miembros y coordinará esfuerzos tecnológicos interagenciales, garantizando continuidad institucional más allá de cambios políticos y reforzando el liderazgo estatal en innovación y gobernanza digital.