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Reglamento de IA: una oportunidad para innovar con seguridad
Jorge Castiñeira | 2024
El artículo destaca que el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial ofrece un marco regulatorio comprensivo que regula el uso y despliegue de sistemas de IA con un enfoque basado en el riesgo, con el objetivo de proteger valores y derechos fundamentales al tiempo que permite la innovación en Europa. Clasifica usos de IA según riesgo —prohibidos, de alto, limitado o mínimo— y establece obligaciones de transparencia, supervisión humana y gestión de riesgos para proveedores y usuarios, además de sanciones por incumplimiento. Aunque algunos actores tecnológicos han advertido de posibles barreras competitivas por las exigencias normativas, el artículo argumenta que esta regulación ofrece seguridad jurídica y crea un entorno fiable donde las empresas pueden innovar con respeto a derechos y seguridad, lo que podría convertirse en una ventaja competitiva frente a mercados sin reglas claras.
Democracy Requires Digital Rights, So We’re Suing Texas
Cameron Samuels | 2024
La organización Coalition for Independent Technology ha iniciado una demanda contra el Estado de Texas, argumentando que sus nuevas leyes sobre redes sociales violan los derechos digitales fundamentales. El artículo defiende que la democracia moderna requiere protección de los derechos en línea, incluyendo la libertad de expresión y el acceso equitativo a plataformas digitales. La acción legal busca frenar políticas que consideran regresivas y perjudiciales para la ciudadanía.
El artículo explica cómo Louisiana penaliza el ciberacoso y el ciberacoso escolar mediante leyes penales y políticas escolares. Define delitos como ciberacoso, ciberacoso agravado, acoso y comunicaciones hostiles electrónicas, con penas que van desde multas hasta prisión. También aborda la jurisdicción juvenil, las políticas escolares obligatorias contra el acoso y la posibilidad de demandas civiles por daños emocionales. Se destacan defensas legales como libertad de expresión y falta de intención.
La Cámara de Representantes de Nuevo México aprobó en febrero de 2024 el proyecto HB 182, que exige que las campañas electorales revelen el uso de inteligencia artificial en anuncios. La norma busca evitar la manipulación de votantes mediante «deepfakes» y establece sanciones por no incluir un aviso claro. No prohíbe el uso de IA, pero sí exige transparencia para proteger la integridad democrática.
Mississippi Can’t Wall Off Everyone’s Social Media Access to Protect Children
Aaron Mackey | 2024
El artículo critica una ley de Mississippi que restringe el acceso a redes sociales para proteger a menores, argumentando que la medida vulnera derechos constitucionales de libertad de expresión. La EFF sostiene que bloquear el acceso generalizado a plataformas digitales no es una solución efectiva y que existen formas menos invasivas de proteger a los menores sin afectar los derechos de adultos. La organización aboga por enfoques más equilibrados y respetuosos de los derechos digitales.
El artículo defiende la aprobación de la ley UPEPA en Virginia Occidental para proteger la libertad de expresión frente a demandas abusivas conocidas como SLAPP. Estas demandas buscan silenciar a quienes opinan sobre asuntos públicos. La propuesta legislativa permitiría desestimar rápidamente casos sin mérito, recuperar costes legales y garantizar una interpretación amplia de los derechos de expresión, fortaleciendo así la participación ciudadana
New York signs parental control of ‘addictive’ social media feeds into law
Kari Paul | 2024
Nueva York aprobó dos leyes para proteger a menores en redes sociales: la Stop Addictive Feeds Exploitation (SAFE) for Kids Act, que limita el contenido recomendado por algoritmos a publicaciones de cuentas seguidas y bloquea notificaciones nocturnas sin consentimiento parental, y otra que regula la recolección, uso y venta de datos de menores de 18 años. La implementación dependerá de reglas elaboradas por la fiscal general estatal, con un plazo de 180 días para que las plataformas cumplan. La legislación busca reducir la adicción y proteger la salud mental infantil, aunque enfrenta críticas por posibles conflictos con la libertad de expresión.
El artículo analiza cómo el uso de deepfakes por parte del gobierno Estadounidense podría vulnerar derechos constitucionales como la libertad de expresión, la privacidad y el debido proceso. Propone que el nombre, imagen y semejanza digital de una persona deben considerarse parte de su identidad y propiedad, protegidas por la Primera Enmienda. También recomienda legislación federal que obligue al gobierno a etiquetar contenidos generados por IA y proteja a denunciantes de abusos tecnológicos.
Fired WSSU professor stresses free speech, deference in NC Supreme Court filing
The Carolina Journal | 2024
El artículo del Carolina Journal analiza el caso del profesor Alvin Mitchell, despedido por la Universidad Estatal de Winston-Salem, que ha llevado su demanda al Tribunal Supremo de Carolina del Norte. Mitchell denuncia violaciones a la libertad de expresión y critica la deferencia judicial hacia las decisiones administrativas universitarias. El caso plantea implicaciones sobre la protección del discurso académico y la separación de poderes en el entorno digital universitario.
El proyecto SB 214, denominado Stop Social Media Censorship Act, propone responsabilizar civilmente a plataformas de redes sociales que censuren deliberadamente contenido de usuarios sobre política o religión: impide “fact check”, eliminación o uso de algoritmos para desfavorecer o “shadow ban” ese tipo de discurso. Establece daños reales y sanciones mínimas por violación, obligación de restaurar contenido si se solicita, y excepciones para discurso que incite violencia, pornografía o contenido perjudicial para menores.