Referencias documentales

La libertad de expresión en un espacio digital anónimo y sin fronteras tiene como contrapartida una mayor visibilidad de los contenidos ilícitos, cuya fuente a menudo es difícil de rastrear. Fruto de la entrada en vigor del Reglamento europeo de Servicios Digitales, la Ley n.º 2024-449, de 21 de mayo de 2024, destinada a proteger y regular el espacio digital (Ley SREN) continúa reforzando el arsenal de medidas de retirada y bloqueo de contenidos ilícitos y aumenta considerablemente las competencias de las autoridades administrativas en materia de sanciones pecuniarias. En particular, se refuerza el dispositivo de retirada, bloqueo y desindexación de contenidos ilícitos. Asimismo, se crean nuevas medidas de protección de los menores contra el acceso a contenidos pornográficos.

Comentario del Decreto n.º 2025-146, de 18 de febrero de 2025, relativo a la retirada de contenidos de carácter pedopornográfico e imágenes de torturas o actos de barbarie. Dicho Decreto permite implementar el dispositivo previsto en la ley «SREN» de mayo de 2024, consistente en el bloqueo o la retirada de imágenes de torturas o actos de barbarie, a petición de la oficina contra la ciberdelincuencia. El dispositivo retoma el ya existente, aplicable a los contenidos de pornografía infantil y al terrorismo. Podría perpetuarse en 2027, en función de las recomendaciones de un informe de evaluación que previsiblemente será publicado en ese momento.

El 23 de enero de 2025, la Comisión Nacional Consultiva de Derechos Humanos adoptó un dictamen sobre la protección de la intimidad de los jóvenes en Internet. En él se establecen cuatro ejes: la prevención de la violencia sexual, el control de las redes sociales, la regulación de la inteligencia artificial y la mejora de la respuesta penal. Célia Zolynski, profesora de Derecho privado en la Universidad Paris 1 Panthéon-Sorbonne y ponente del dictamen, presenta sus recomendaciones a lo largo de la presente entrevista.

Los jóvenes están muy presentes en las redes sociales, tanto para informarse, jugar y comunicarse como para compartir su día a día a través de mensajes, fotos y vídeos. A veces intercambian contenidos íntimos, exponiendo así su vida sexual y afectiva, con el riesgo de enfrentarse a actos maliciosos y a importantes violaciones de su intimidad. El dictamen propone cuatro ejes prioritarios de acción: 1. La prevención de la violencia sexual y sexista en línea a través de acciones de sensibilización; 2. La regulación de las redes sociales; 3. La regulación de la inteligencia artificial; y 4. El refuerzo de la respuesta penal.

La protección de los menores se impone como un eje central de la regulación digital tanto en la Unión Europea como en el Reino Unido. El año 2025 ha visto la materialización de las grandes leyes adoptadas en los últimos años en materia de regulación digital, entre las que destacan el Reglamento Europeo sobre Servicios Digitales (DSA) y la Ley de Seguridad en Línea del Reino Unido, que se basan en una lógica de evaluación de riesgos por parte de los proveedores de servicios en línea que pueden ser utilizados por niños y adolescentes. Entre las medidas de mitigación de riesgos recomendadas por los reguladores, la más emblemática es la de verificar la edad de los usuarios para acceder a servicios en línea potencialmente perjudiciales para los menores. Por ello, el pasado 14 de julio, la Comisión Europea publicó sus directrices para «ayudar a los proveedores de plataformas a aplicar estas medidas de protección de los menores».

El informe evalúa los avances de la UE hacia los objetivos digitales de 2030. Identifica mejoras en cobertura básica de 5G y despliegue de nodos periféricos, pero señala que la UE sigue lejos de metas clave como IA, semiconductores, 5G autónoma, habilidades digitales y protección de grupos vulnerables. Las hojas de ruta nacionales suman inversiones de 288 600 millones € pero el informe pide más inversión pública y privada para fortalecer infraestructura y capacidades digitales. También se ofrecen resúmenes de 27 informes por país y se vincula con otros documentos de monitoreo y recomendaciones horizontales.

La web explica la Declaración Europea de Derecho y Principios Digitales que establece un marco para que la UE dirija la transformación digital conforme a valores europeos, poniendo a las personas en el centro y protegiendo sus derechos online y offline. Se articula en seis principios: poner a las personas y sus derechos en el centro; promover solidaridad e inclusión con acceso a servicios y habilidades digitales; garantizar libertad de elección y protección frente a contenidos dañinos; fomentar la participación democrática y control de datos; asegurar un entorno digital seguro y protegido para todos; y apoyar la sostenibilidad y el impacto ambiental de las tecnologías digitales. La declaración sirve de guía para políticas y legislación de la UE y se monitoriza periódicamente, con cifras que muestran percepciones de los ciudadanos sobre protección de derechos digitales, inclusión y sostenibilidad.

El Eurobarómetro Especial sobre la Década Digital 2025 es una encuesta realizada entre febrero y marzo de 2025. Analiza las percepciones y expectativas de los ciudadanos sobre el uso futuro de tecnologías digitales en la vida diaria, su beneficio o desafío y la importancia prevista de herramientas digitales en ámbitos como educación, trabajo o salud hasta 2030. Evalúa el apoyo público a las prioridades políticas de la UE (habilidades digitales, servicios públicos digitales, acceso equitativo), así como los desafíos en línea como el bloqueo geográfico y la protección de menores. Finalmente, explora el conocimiento y confianza de los ciudadanos sobre sus derechos digitales y la eficacia de la UE y los gobiernos nacionales en protegerlos, examinando la confianza en las instituciones para mantener un entorno digital seguro y con valores democráticos.

El artículo explica que la Comisión Europea ha propuesto ampliar hasta diciembre de 2027 (unos 16 meses más) el plazo para que las empresas tecnológicas cumplan los requisitos de supervisión de los sistemas de IA de alto riesgo establecidos en el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial, que entró en vigor en 2024 y clasifica la IA según el nivel de riesgo para usuarios y derechos. El aplazamiento desplaza la aplicación de obligaciones estrictas —como controles, transparencia y estándares técnicos— que debían comenzar en agosto de 2026, argumentando que aún no se han publicado todos los estándares necesarios para su cumplimiento. La Comisión defiende el cambio como necesario para brindar certeza legal y apoyo a pymes y startups, mientras que críticos sostienen que puede favorecer a grandes tecnológicas y debilitar la protección de derechos fundamentales si se reduce la exigencia regulatoria en nombre de la competitividad e innovación.

El informe examina cómo se está implementando la IA en la atención sanitaria y por qué, pese a su potencial para mejorar eficiencia operativa, reducir cargas administrativas y apoyar diagnósticos y tratamientos, su adopción clínica real sigue siendo lenta. A través de revisión bibliográfica y consultas con actores sectoriales, identifica múltiples obstáculos tecnológicos y de datos, complejidades legales y regulatorias, desafíos organizativos y barreras sociales o culturales que dificultan el despliegue de IA en hospitales y sistemas sanitarios. El estudio también señala estrategias exitosas aplicadas globalmente que pueden servir de inspiración y plantea consideraciones para actuaciones futuras, proponiendo un marco de indicadores para monitorizar e integrar la IA de manera sostenible, equilibrando la innovación con la protección de los derechos fundamentales de pacientes y profesionales.