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La ley n.º 2023-566, de 7 de julio de 2023, destinada a instaurar una mayoría de edad digital y a luchar contra el odio en línea ha fijado en 15 años la edad a la que un menor puede suscribir por sí solo un contrato de adhesión a una red social, siendo así que para registrarse antes de esa edad es necesaria la autorización de uno de los titulares de la patria potestad. La fijación de este umbral no se ha planteado ni resuelto siguiendo una lógica contractual. La medida está concebida y orientada a proteger a los menores de 15 años. No se trata en sí de un tipo de incapacidad, sino más bien de una prohibición para los proveedores de redes sociales de aceptar sus inscripciones, a menos que dispongan de la autorización de uno de los titulares de la patria potestad.
Si bien, en principio, los menores están sujetos a una incapacidad general para ejercer sus derechos, diversos mecanismos les reconocen una capacidad jurídica real en el ámbito digital. No obstante, un equilibrio entre la protección de sus intereses y el reconocimiento jurídico de su autonomía resulta siempre indispensable.
La protection des mineur(e)s dans le système numérique : état des lieux et perspectives
Maïté Saulier | 2024
El artículo analiza el estado de la cuestión relativa a la protección de menores en entornos digitales. Para ello se centra en el acceso a los contenidos pornográficos y en el control de las plataformas
La protection des mineurs en ligne : l’évaluation des risques et la vérification de l’âge au coeur des régulations au sein de l’Union européenne et au Royaume-Uni
Samira Anfi | 2025
La protección de los menores se impone como un eje central de la regulación digital tanto en la Unión Europea como en el Reino Unido. El año 2025 ha visto la materialización de las grandes leyes adoptadas en los últimos años en materia de regulación digital, entre las que destacan el Reglamento Europeo sobre Servicios Digitales (DSA) y la Ley de Seguridad en Línea del Reino Unido, que se basan en una lógica de evaluación de riesgos por parte de los proveedores de servicios en línea que pueden ser utilizados por niños y adolescentes. Entre las medidas de mitigación de riesgos recomendadas por los reguladores, la más emblemática es la de verificar la edad de los usuarios para acceder a servicios en línea potencialmente perjudiciales para los menores. Por ello, el pasado 14 de julio, la Comisión Europea publicó sus directrices para «ayudar a los proveedores de plataformas a aplicar estas medidas de protección de los menores».
La loi SREN : un texte de plus au millefeuille numérique, so frenchy!
Nathalie Martial-Braz | 2024
Tras pasar por el filtro del Consejo Constitucional (Cons. const., 17 de mayo de 2024, n.º 2024-866 DC), la Ley destinada a proteger y regular el espacio digital ha sido validada en la mayoría de sus disposiciones. Entre las diferentes cuestiones que aborda el texto, la protección de las partes supuestamente débiles en el entorno digital parece ser un primer punto esencial (menores, ciudadanos, jugadores). La búsqueda de cierta forma de eficacia (de la gobernanza, de los mercados digitales y de la competencia, o del control de la economía de los datos) constituye el segundo reto del texto y ello se traduce en la regulación proyectada.
Lutte contre l’accès des mineurs à la pornographie. Rôle de l’Arcom
Evan Raschel | 2025
Análisis crítico de la Ley de la República Digital francesa (Loi sur la République numérique, o Loi Lemaire), como ejemplo de un nuevo enfoque sobre la participación ciudadana en el proceso legislativo. La autora destaca cómo las tecnologías digitales permiten una mayor intervención de la ciudadanía en la redacción de leyes, participando en la elaboración de proyectos de ley y en el debate parlamentario. No obstante, también advierte de los importantes riesgos que presenta, como la concentración de participación (posibilidad de que unos pocos ciudadanos especialmente activos controlen el proceso) y la consiguiente falta de representatividad, o la probable infiltración de grupos de interés (lobbies) en estos procesos.
La vie privée des mineurs en Europe et aux États-Unis : régulation authentique ou mirage numérique ?
Bruno Ancel | 2025
A pesar de proteger el derecho a la privacidad, la legislación europea (RGPD, DSA) presenta limitaciones a la hora de garantizar la seguridad de los datos de los menores. Por el contrario, Estados Unidos ha promulgado leyes específicas que en principio resultan más eficaces. El trabajo examina de qué manera estas legislaciones intentan proteger la información personal de los niños, al tiempo que pone de relieve los obstáculos jurídicos que es necesario superar para garantizar su seguridad y preservar su futuro digital.
Loi n° 2024-449 du 21 mai 2024 sur l’espace numérique : durcissement des mesures de retrait et de blocage des contenus illicites en ligne
Anne-Sophie Chavent-Leclère | 2025
La libertad de expresión en un espacio digital anónimo y sin fronteras tiene como contrapartida una mayor visibilidad de los contenidos ilícitos, cuya fuente a menudo es difícil de rastrear. Fruto de la entrada en vigor del Reglamento europeo de Servicios Digitales, la Ley n.º 2024-449, de 21 de mayo de 2024, destinada a proteger y regular el espacio digital (Ley SREN) continúa reforzando el arsenal de medidas de retirada y bloqueo de contenidos ilícitos y aumenta considerablemente las competencias de las autoridades administrativas en materia de sanciones pecuniarias. En particular, se refuerza el dispositivo de retirada, bloqueo y desindexación de contenidos ilícitos. Asimismo, se crean nuevas medidas de protección de los menores contra el acceso a contenidos pornográficos.
Retrait et blocage d’images de tortures ou d’actes de barbarie
Evan Raschel | 2025
Comentario del Decreto n.º 2025-146, de 18 de febrero de 2025, relativo a la retirada de contenidos de carácter pedopornográfico e imágenes de torturas o actos de barbarie. Dicho Decreto permite implementar el dispositivo previsto en la ley «SREN» de mayo de 2024, consistente en el bloqueo o la retirada de imágenes de torturas o actos de barbarie, a petición de la oficina contra la ciberdelincuencia. El dispositivo retoma el ya existente, aplicable a los contenidos de pornografía infantil y al terrorismo. Podría perpetuarse en 2027, en función de las recomendaciones de un informe de evaluación que previsiblemente será publicado en ese momento.
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