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Ninth Circuit Upholds “Addictive” Social Media Feed Ban and Default Privacy Settings for Minors in California’s Protecting Our Kids from Social Media Addiction Act
Hunton | 2025
El artículo analiza el fallo del Noveno Circuito que sostiene parcialmente la ley californiana Protecting Our Kids from Social Media Addiction Act. Se confirmaron las prohibiciones de “feeds adictivos” para menores sin consentimiento parental y la obligación de que las cuentas de menores tengan por defecto configuración privada. Pero se rechazó que la ley bloquee los conteos de “me gusta”, considerándolo una restricción basada en contenido poco justificable
Top-10 operational impacts of the CPRA: Part 3 – Right to correct and treatment of sensitive personal data
Anna Daniels | 2021
El artículo describe los impactos operativos que introduce la California Privacy Rights Act (CPRA) respecto al derecho de corrección de datos personales inexactos y al tratamiento de la información personal sensible. Señala que las empresas deben ofrecer mecanismos para corregir datos usando “esfuerzos comercialmente razonables”, informar a los consumidores sobre ese derecho y establecer nuevos enlaces de “Do Not Sell or Share” o “Limit Use of Sensitive Information”. También explica los requisitos de notificación de recolección y límites sobre uso de datos sensibles
California to launch first-in-the-nation digital democracy effort to improve public engagement
Governor Gavin Newsom | 2025
El gobierno de California anunció el lanzamiento del programa piloto Engaged California, una iniciativa inédita de “democracia digital deliberativa” para aumentar la participación ciudadana. La plataforma permitirá que residentes de California dialoguen sobre políticas públicas, compartan ideas y contribuyan al diseño de programas gubernamentales. Inicialmente se usará para apoyar la recuperación tras incendios en Los Ángeles. El proyecto busca que el gobierno escuche directamente a la ciudadanía fuera de los ciclos electorales
El informe del comité de educación analiza el proyecto de ley AB 903 (introducido en febrero de 2025) que obliga a la Junta Estatal de Educación de California a compilar, para fines de 2026, mejores prácticas tecnológicas para escuelas, con un modelo para incorporarlas en los planes de control local (LCAP). Además, establece obligaciones de actualización, capacitación, encuestas sobre uso tecnológico y un comité asesor. Tiene como finalidad cerrar la brecha digital en educación, garantizando acceso equitativo a dispositivos, conectividad y competencias tecnológicas en las escuelas más necesitadas del Estado.
Civil Rights Council Secures Approval for Regulations to Protect Against Employment Discrimination Related to Artificial Intelligence
Civil Rights Department - State of California | 2025
El Consejo de Derechos Civiles de California aprobó regulaciones que entrarán en vigor el 1 de octubre de 2025, para prevenir la discriminación laboral ligada al uso de sistemas automatizados o de inteligencia artificial. Las normas aclaran que decisiones automatizadas pueden violar leyes antidiscriminatorias existentes cuando impactan en características protegidas (género, raza, discapacidad); exigen que empleadores mantengan registros durante al menos cuatro años; y definen conceptos clave como “sistema automatizado de decisión” y “proxy” para asegurar transparencia y vigilancia del uso de IA en el ámbito laboral.
California’s AI wave: navigating a new era of regulation in 2025
Baker MacKenzie | 2025
El artículo analiza cómo California se ha convertido en uno de los Estados más activos en regulación de IA, con al menos 17 leyes relacionadas aprobadas en 2024. Entre las disposiciones destacadas: modificaciones a la CCPA para expandir la definición de “información personal” para incluir formatos abstractos y metadatos relacionados con IA; exigencias de transparencia en el uso de IA en salud (obligando a revelar cuándo se utiliza IA en comunicaciones clínicas); regulaciones para decisiones automatizadas en seguros y reaseguros; y obligaciones para organismos estatales que usen IA (por ejemplo, incluir una notificación de que un contenido fue generado por IA)
Alaska Consumer Data Privacy Act (SB 116 / HB 159).
The Alaska State Legislature | 2025
El proyecto de ley HB 159B (Alaska) crea el “Consumer Personal Information Privacy Act”, estableciendo obligaciones para empresas que recolectan datos personales: avisos previos a la recolección, limitación de uso y retención, derechos de divulgación, acceso y eliminación, tratamiento especial para menores (menores de 18), limitación del uso de geolocalización precisa, requisitos de registro para data brokers, y sanciones por violaciones. También se prohíbe la discriminación o represalias contra consumidores que ejercen derechos y se exige que las empresas implementen medidas de seguridad razonables.
El artículo repasa el proyecto de ley de Alaska “Alaska Consumer Data Privacy Act” (SB 116 / HB 159), introducido el 31 de marzo de 2021. Propone otorgar derechos al consumidor como el derecho a saber, acceso a datos, eliminación y exclusión, y exige consentimiento parental para ventas de datos de menores. Si se promulga, entraría en vigor el 1 de enero de 2023, y las violaciones serían tratadas como prácticas engañosas con compensaciones para los afectados.
El artículo describe el proyecto de ley de privacidad de Alaska (SB 116 / HB 159) y sus características propuestas. Se señala que el proyecto amplía los derechos de los consumidores sobre sus datos (derecho a conocer, eliminar, opt-out), exige notificación anticipada y políticas de privacidad más detalladas, regula la recolección de geolocalización precisa, crea un registro de corredores de datos (“data broker registry”) y establece mecanismos de sanción y acción privada para violaciones de datos.
La ley SB 134 de Alaska, basada en el NAIC Insurance Data Security Model Law (MDL-668), exige a entidades aseguradoras licenciadas en el Estado implementar programas de seguridad de la información, realizar evaluaciones de riesgo, capacitar personal y supervisar a terceros proveedores. También impone la obligación de investigar y notificar incidentes de ciberseguridad al regulador en plazos breves, y de informar a consumidores en ciertos casos. Requiere reportes anuales de cumplimiento y otorga facultades al Director de Seguros para investigar y sancionar.