Referencias documentales

La revolución digital ha provocado importantes consecuencias, incluso desde la perspectiva sucesoria, que exigen la capacidad de adaptar las categorías tradicionales y las teorías clásicas a la luz de la evolución (digital) del propio concepto de “identidad”, de “muerte” y de “herencia”.
En el estado actual se reconoce una protección normativa limitada, dejando a la jurisprudencia la tarea de colmar ciertos vacíos de tutela y al testador la responsabilidad de regular la sucesión relativa a las “entidades digitales” con los instrumentos jurídicos disponibles, tal como los contempla el ordenamiento vigente.
El presente estudio, sin pretensión de exhaustividad, intenta ofrecer algunos puntos de reflexión para un encuadre general de la materia en cuestión, tan compleja como sugestiva y en constante evolución.

La memoria expone un análisis crítico y propositivo sobre la transformación digital, con especial atención a los perfiles de gobernanza pública, derechos fundamentales, inclusión social y desarrollo económico. Se subraya la necesidad de una estrategia digital coherente, centrada en la persona, orientada a la reducción de las brechas tecnológicas, al fortalecimiento de las competencias digitales y a la protección efectiva de los derechos en línea. El documento insiste en la urgencia de coordinar políticas públicas, inversiones estructurales y marcos normativos, promoviendo una transición digital equitativa, sostenible y constitucionalmente orientada, capaz de conjugar innovación, cohesión social, transparencia administrativa y tutela de la dignidad humana en el entorno digital.

Este informe del Garante analiza los riesgos que la utilización masiva de big data y la perfilación algorítmica plantean para los derechos individuales y colectivos, especialmente en términos de discriminación, pérdida de autonomía informativa y sesgos automáticos. El documento evalúa tanto impacto sociopolítico como técnico, sugiriendo directrices para mitigar efectos adversos mediante evaluaciones de impacto, mecanismos de transparencia y auditorías tecnológicas. Asimismo, examina cómo las prácticas de recolección masiva no siempre respetan principios de limitación de propósito y minimización de datos dispuestos en el GDPR, generando riesgos de uso indebido de datos sensibles y sistemas automatizados de toma de decisiones.

Este libro colectivo, bajo la dirección de Domenico Giovanni Ruggiero, examina el fenómeno de la identidad en contextos digitales como un desafío jurídico contemporáneo. A partir de la constatación de que la personalidad del individuo se proyecta en el espacio digital —incluyendo situaciones posteriores a la muerte— la obra propone una revisión de nociones tradicionales del derecho privado, como la teoría de los bienes y la distinción entre derechos personales y patrimoniales, para adaptarlas a la realidad digital. El texto discute cómo las proyecciones de la persona en Internet —sus datos y perfiles digitales— obligan a repensar las fronteras del derecho y las categorías clásicas frente a la complejidad del entorno virtual. La obra ofrece una base conceptual para entender la identidad digital como un derecho y una problemática jurídica emergente, resaltando la necesidad de marcos normativos que respondan a estas transformaciones

El estudio de caso analiza el papel de las redes sociales como nuevos espacios públicos de deliberación y ejercicio de la libertad de expresión, subrayando las tensiones derivadas de su gestión privada. En ausencia de una regulación sistemática y exhaustiva, las decisiones relativas a la eliminación de contenidos y a la suspensión de cuentas quedan frecuentemente en manos de los operadores de las plataformas, que actúan conforme a criterios opacos y, en ocasiones, arbitrarios. El documento pone de manifiesto cómo estas prácticas pueden restringir indebidamente el debate público, especialmente en relación con cuestiones políticamente sensibles. Se describe, asimismo, la labor desarrollada por StraLi y CILD en la asistencia jurídica a activistas afectados por censuras injustificadas, contribuyendo a la restitución de contenidos eliminados. Las resoluciones favorables obtenidas evidencian la necesidad de garantizar, también en el entorno digital, niveles adecuados de responsabilidad, transparencia y respeto efectivo de la libertad de expresión.

El texto ofrece un análisis crítico del impacto del smartphone en la sociedad contemporánea y en la vida individual, sin adoptar una posición tecnófoba. El autor denuncia la transformación de este dispositivo, inicialmente concebido como instrumento de emancipación, en un mecanismo de vigilancia y control dominado por grandes corporaciones multinacionales. Mediante un examen técnico y político detallado, se muestra cómo el diseño, los sistemas operativos cerrados y la recopilación masiva de datos erosionan progresivamente la privacidad y la autonomía del usuario. Se destaca el carácter paradójico de un dispositivo omnipresente que, pese a facilitar la comunicación permanente, fomenta dinámicas de dependencia y mercantilización de la atención. La obra invita a una reflexión colectiva orientada a reivindicar una tecnología verdaderamente democrática, basada en estándares abiertos, respeto de los derechos civiles y una gobernanza orientada al bien común y a la soberanía digital de los ciudadanos.

La página web explica que el Código de Conducta de la UE para centros de datos, desarrollado por el Joint Research Center (JRC) de la Comisión Europea, es una iniciativa voluntaria que fomenta mejores prácticas para hacer que los centros de datos sean más innovadores, sostenibles y seguros, reduciendo su elevado consumo energético y su impacto ambiental. Utiliza métricas como la eficiencia energética (PUE) para evaluar y mejorar el rendimiento y anima a los operadores a aplicar medidas que reduzcan el uso de energía sin comprometer las funciones críticas. La UE también reconoce anualmente a los centros de datos que implementan con éxito estas prácticas con reducciones significativas en consumo y emisiones. El código se complementa con otras políticas y programas de la Comisión para promover la eficiencia energética, la sostenibilidad y la financiación de infraestructuras de computación en la UE.

El Uniform Fiduciary Access to Digital Assets Act de Utah (Título 75, Capítulo 11 del Código de 2023) regula el acceso de fiduciarios a activos digitales de personas fallecidas o incapacitadas. Establece procedimientos para divulgar contenidos digitales, incluso si están protegidos por acuerdos de servicio, y garantiza que los fiduciarios puedan gestionar estos activos conforme a la voluntad del titular.

La ley S.B. 152, firmada en Utah en marzo de 2023, regula el uso de redes sociales por menores. Establece verificación de edad, permite a padres limitar el tiempo de uso, bloquea mensajes directos entre desconocidos y prohíbe la venta de datos de menores. La norma responde al aumento de problemas de salud mental entre adolescentes, atribuidos al uso intensivo de redes sociales.

El Código de Ética para Sistemas de IA del Estado de New Hampshire establece principios para el uso responsable de inteligencia artificial generativa y sistemas automatizados en el gobierno. Basado en directrices de la UE, promueve la autonomía humana, prevención de daños, equidad y transparencia. Prohíbe decisiones automatizadas sin supervisión humana y exige trazabilidad, seguridad, gobernanza de datos y respeto por los derechos fundamentales de residentes y visitantes