Fortaleciendo el acceso al conocimiento y el análisis crítico sobre los derechos digitales, este buscador permite explorar de forma ágil una cuidada selección de materiales y documentos, con fuentes confiables y actualizadas.
El artículo examina cómo las bibliotecas públicas de Nueva Jersey abordaron la desinformación, especialmente durante la pandemia de COVID-19. A partir del análisis de 290 sitios web de bibliotecas, encuestas y entrevistas con personal bibliotecario, se identificaron tácticas activas y pasivas para contrarrestar la información falsa, desde guías digitales hasta charlas comunitarias. Sin embargo, la mayoría recurrió a estrategias pasivas debido a la falta de recursos, personal y formación especializada. El estudio revela que el ideal de neutralidad bibliotecaria y la escasez presupuestaria dificultan la eficacia de sus intervenciones, aunque los bibliotecarios muestran voluntad de reforzar la confianza comunitaria mediante alianzas institucionales y nuevos programas.
El texto describe el nuevo Plan Estatal de Banda Ancha de Pensilvania, elaborado como paso previo a la preparación del plan quinquenal requerido por la NTIA para acceder a fondos federales del Infrastructure Investment and Jobs Act. El plan se centra en cuatro áreas clave: infraestructura y disponibilidad del servicio, equidad y asequibilidad digital, acceso a dispositivos y alfabetización/soporte técnico. Identifica brechas significativas, pues entre 2,6 millones de residentes aún carecen de acceso o competencias digitales. Además, plantea medidas como programas de comunidades “Broadband ready”, políticas dig once, reducción de trabas administrativas, capacitación laboral e impulso de programas de apoyo a la alfabetización digital. El objetivo es garantizar conectividad asequible, universal y sostenible en el Estado.
El seminario sobre la Right to Know Law de Pensilvania destaca aspectos vinculados a los derechos digitales. La norma garantiza la transparencia y acceso a la información pública, incluyendo documentos en formato electrónico, correos, mensajes de texto y bases de datos. Se subraya que los organismos deben entregar copias electrónicas sin coste y que incluso comunicaciones en Gmail o redes sociales son accesibles si tratan asuntos oficiales. Se regulan límites por protección de datos personales (domicilios, números de seguridad social, cuentas bancarias) y por seguridad pública, aplicando redacciones parciales. También se mencionan restricciones a vídeos policiales y procedimientos internos.
Connecting the Marketplace of Ideas with Democratic Self-Governance and Active Liberty: Free-Speech Theories and Values Underpinning Justice Breyer’s Proportionality Approach to First Amendment Scrutiny
Clay Calvert | 2022
El artículo analiza cómo las teorías de la libertad de expresión y los valores democráticos sustentan el enfoque de proporcionalidad del juez Stephen Breyer en la jurisprudencia de la Primera Enmienda. Clay Calvert examina la relación entre doctrina y teoría, destacando cómo el escrutinio judicial varía según el tipo de regulación del discurso. El texto propone una visión más flexible y contextualizada para proteger la expresión en una democracia activa.
Broadband Voucher Programs: Evaluating the Alabama Broadband Connectivity Program
Erezi Ogbo-Gebhardt | 2022
Este estudio evalúa el programa de conectividad por vales de banda ancha en Alabama, diseñado para mejorar el acceso a internet entre hogares con estudiantes en edad escolar. Se analizan datos de participación, efectividad y distribución geográfica, revelando que el programa ayudó a reducir la brecha digital en zonas rurales y de bajos ingresos. Los autores proponen recomendaciones para mejorar futuras iniciativas de conectividad financiadas con fondos públicos.
Política General de Protección de Datos Personales y Privacidad (GDPP)
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados | 2022
Política institucional del ACNUR que establece el marco unificado para la recopilación, uso e intercambio de datos personales de todas las personas con las que trabaja la organización. Reconoce expresamente que en contextos humanitarios no siempre es posible obtener el consentimiento libre e informado, y habilita el tratamiento bajo bases jurídicas alternativas como el interés vital o el mandato institucional. Plantea interrogantes no resueltos sobre la autonomía informativa de los refugiados como titulares de derechos digitales.
Directrices de la OCDE sobre Gobernanza de Datos (2022)
OCDE | 2022
Instrumento de soft law que propugna un modelo de ‘economía de datos equitativa’ articulado sobre tres ejes: libre circulación de datos como condición de la innovación; protección de derechos individuales y colectivos frente al tratamiento masivo; y reducción de asimetrías entre países desarrollados y en desarrollo. Instrumento de soft law más elaborado conceptualmente en materia de gobernanza de datos en el ámbito internacional.
Brendan O’Neil, Assistant Attorney General, Maine Attorney General Office | 2022
El artículo celebra la victoria legal de Maine tras el retiro de una demanda federal contra su ley de privacidad en internet. La norma, vigente desde 2020, prohíbe a los proveedores de servicios de internet usar, vender o compartir datos personales sin consentimiento explícito. Requiere medidas de seguridad, transparencia y protege el derecho de los consumidores a revocar su consentimiento.
New bill aims to protect kids by limiting social media for those under 16
CBS 13 News | 2022
El vídeo presenta el informe del Comité Asesor de Maine ante la Comisión de Derechos Civiles de EE. UU., que declara la equidad digital como un derecho civil. Se abordan las desigualdades en el acceso a Internet entre comunidades rurales, inmigrantes, personas con discapacidad y hogares de bajos ingresos. El informe destaca la necesidad de dispositivos, formación en alfabetización digital y políticas públicas inclusivas para cerrar la brecha digital.
Este informe de la NCSL resume las iniciativas legislativas estatales en EE. UU. sobre neutralidad de la red durante 2022. Tras la derogación de las normas federales por parte de la FCC, varios Estados introdujeron leyes para proteger el acceso equitativo a Internet. Se detallan propuestas en Massachusetts, Nueva York, California y otros, que buscan impedir prácticas como la priorización pagada o los límites de datos, reforzando los derechos digitales de los ciudadanos