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El artículo explica la Virginia Consumer Data Protection Act (VCDPA), que entró en vigor en 2023. Detalla los derechos que otorga a los consumidores, como acceso, corrección, eliminación y portabilidad de datos personales. También establece obligaciones para las empresas que procesan datos de al menos 100.000 consumidores o que obtienen ingresos por su venta. La ley busca garantizar la privacidad en el entorno digital.
La página de la NCSL resume la legislación estatal sobre neutralidad de la red en 2020, tras la derogación de las normas federales por parte de la FCC. Aunque Virginia no aprobó leyes específicas ese año, varios Estados introdujeron medidas para garantizar que los proveedores de servicios de internet no bloqueen, ralenticen ni prioricen contenidos. El debate gira en torno al papel del gobierno en regular la gestión de redes
Telehealth pilot program shows promise in helping former nursing home, long-term care facility residents remain safe and healthy in their homes
Wendy Holdren | 2021
El artículo presenta los resultados preliminares de un programa piloto de telemedicina desarrollado por la Universidad de Virginia Occidental para apoyar a personas que regresan a casa tras estar en residencias de larga estancia. El uso de dispositivos personalizados y seguimiento remoto ha permitido que los participantes mantengan su salud y autonomía, reduciendo hospitalizaciones. El proyecto demuestra el potencial de la telemedicina para mejorar la atención sanitaria en comunidades rurales
El proyecto de ley 3532 de Carolina del Sur, titulado «SC Net Neutrality Preservation Act», busca garantizar la neutralidad de la red en el Estado. Prohíbe prácticas como el bloqueo de contenido legal, la degradación del tráfico y la priorización pagada por parte de proveedores de servicios de Internet. Además, exige transparencia en la gestión de redes y establece sanciones por incumplimiento, protegiendo así el acceso equitativo a contenidos digitales.
La guía de participación cívica de SEADA, publicada por Able South Carolina, ofrece estrategias accesibles para fomentar la implicación ciudadana de personas con discapacidad. Incluye recomendaciones sobre diseño universal, comunicación inclusiva y herramientas digitales para facilitar el acceso a procesos democráticos. El documento promueve la equidad en la participación política y social mediante el uso de tecnologías accesibles y prácticas inclusivas.
2020–24 South Carolina Educational Technology Plan: Empowering Education with Technology
Molly M. Spearman | 2021
El “SC Tech Plan 2020-2024” del Departamento de Educación de Carolina del Sur establece una estrategia para integrar la tecnología en el sistema educativo. El documento aborda infraestructura digital, formación docente, accesibilidad y equidad en el acceso a recursos tecnológicos. Su objetivo es preparar a estudiantes y educadores para un entorno de aprendizaje moderno, inclusivo y conectado, alineado con las necesidades del siglo XXI.
Electronic Records Management Guidelines. Electronic Signatures
South Carolina Department of Archives History | 2021
El documento “SEADA Civic Engagement Guide” publicado por la South Carolina State Library ofrece pautas para fomentar la participación cívica de personas con discapacidad. Incluye estrategias accesibles para involucrarse en procesos democráticos, desde el voto hasta el activismo digital. El informe promueve la inclusión mediante herramientas adaptadas y prácticas que garantizan el acceso equitativo a la vida pública en el entorno digital
L’accès à l’internet en tant que droit fundamental. Explorer différents aspects de la connectivité
Hendrik Alexander Mildebrath (por encargo del Servicio de Estudios del Parlamento Europeo - EPRS) | 2021
En un momento en el que las tecnologías digitales invaden todos los ámbitos de la vida y el acceso a Internet se convierte en una condición previa para el ejercicio de una serie de derechos fundamentales, Internet desempeña un papel crucial para las personas, tanto durante la pandemia del coronavirus como después de ella. Ahora que resurgen las demandas para que el acceso a Internet sea un derecho fundamental, no sería de extrañar que los legisladores asumieran más compromisos en este ámbito y evaluaran las diferentes opciones políticas y legislativas. En este contexto, el presente análisis: i) determina los parámetros de diseño y funcionamiento de un posible derecho fundamental al acceso a Internet, ii) presenta un ejemplo de diseño, iii) analiza las ventajas y desventajas de su posible reconocimiento, y iv) ofrece una breve descripción de la legislación y las medidas de la Unión que podrían afectar a este nuevo derecho.
Comentario de la Sentencia de la Corte de Casación francesa de 17 de febrero de 2021 (Cass. 1re civ., 17 févr. 2021, n° 19-24.780, P). El Alto Tribunal francés sostiene que, si bien el artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos no puede ser invocado para denunciar un daño a la reputación que sea previsiblemente consecuencia de las propias acciones de la persona, como un delito penal, la mención en una publicación en línea de las condenas penales impuestas a una persona, varios años después de su pronunciamiento, vulnera su derecho al respeto de su vida privada. El hecho de que la información sea de dominio público no la excluye necesariamente de la protección del artículo 8 del CEDH, ya que el interés en publicar dicha información debe sopesarse con consideraciones relacionadas con la vida privada.
Google my business protégé par la liberté d’expression et d’information !
Anne Danis-Fatôme | 2021
Comentario de la sentencia dictada por el Tribunal Judicial de París el 9 de marzo de 2021. En ella, el juez admite la licitud del tratamiento de los datos profesionales de un cirujano dentista contenidos en una ficha de Google My Business. El tratamiento no se considera sujeto al régimen de prospección comercial ni al de elaboración de perfiles, y la persona afectada carece de los derechos de oposición y de supresión. Los sistemas de calificación de profesionales en Internet son validados, en su mayoría, por los tribunales franceses cuando los comentarios de los internautas no son constitutivos de difamación.