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El artículo analiza la Ley HB 3 de Florida, firmada en marzo de 2024, que regula el uso de redes sociales por menores. Prohíbe que niños menores de 14 años creen cuentas sin consentimiento parental y exige verificación de edad por parte de las plataformas. La ley busca proteger a los menores de riesgos digitales, aunque genera debate sobre privacidad, libertad de expresión y posibles desafíos constitucionales.
Properly Securing Digital Legacies: A Proposal to Amend the Florida Fiduciary Access and Adhere to Traditional Principles of the Florida Probate Code
Kylie Riordan | 2024
El artículo propone enmiendas a la Ley de Acceso Fiduciario a Activos Digitales de Florida para mejorar la gestión de legados digitales. Analiza cómo los representantes legales pueden acceder a cuentas de correo, redes sociales y datos almacenados en la nube tras el fallecimiento del titular. Se sugieren reformas que prioricen los documentos de planificación patrimonial sobre herramientas digitales y se limita la discrecionalidad de los custodios para exigir órdenes judiciales.
Artificial Intelligence and Justice in Family Law: Addressing Bias and Promoting Fairness
Brenda Lu | 2025
El artículo analiza el uso de la inteligencia artificial en el ámbito del derecho familiar, destacando sus beneficios en eficiencia y análisis de datos, pero también sus limitaciones en la interpretación de emociones humanas y sesgos históricos. Propone soluciones como auditorías, algoritmos de detección de sesgos y supervisión humana para garantizar decisiones justas. La autora defiende un enfoque híbrido que combine tecnología con ética humana para proteger a grupos vulnerables y asegurar equidad legal. Se hace referencia al caso Allen v. Milligan, que se originó en Alabama y trata sobre la redistribución de distritos electorales y la discriminación racial en el voto.
Judge sanctions Alabama lawyers over fake AI citations in filing
Mary Claire Wooten | 2025
Una jueza federal en Alabama sancionó a tres abogados del bufete Butler Snow por presentar citas legales falsas generadas por inteligencia artificial en un caso contra el Departamento de Correcciones. Los abogados fueron retirados del caso, se suspendieron los procedimientos y se remitió el asunto al Colegio de Abogados de Alabama. La jueza calificó la conducta como una grave falta profesional, destacando los riesgos del uso irresponsable de herramientas de IA en el ámbito jurídico.
F. Paul Pittman,
Abdul M. Hafiz,
Andrew Hamm | 2023
El 11 de septiembre de 2023, Delaware aprobó la Delaware Personal Data Privacy Act, que entrará en vigor el 1 de enero de 2025. Esta ley impone obligaciones de transparencia a empresas que procesen datos personales de al menos 35.000 residentes o que obtengan ingresos significativos por su venta. A diferencia de otras leyes estatales, no exime a organizaciones sin fines de lucro ni a instituciones educativas. Reconoce derechos como acceso, corrección, eliminación y portabilidad de datos, y exige consentimiento para tratar datos sensibles. También obliga a realizar evaluaciones de impacto y a establecer contratos detallados entre controladores y procesadores.
El 9 de mayo de 2024, Maryland aprobó la Maryland Online Data Privacy Act, que entrará en vigor el 1 de octubre de 2025. Esta ley impone obligaciones a empresas que procesen datos personales de al menos 35.000 residentes o que obtengan más del 20% de sus ingresos por la venta de datos. Reconoce derechos como acceso, corrección, eliminación, portabilidad y oposición al tratamiento con fines publicitarios. Exige evaluaciones de impacto, medidas de seguridad, transparencia y consentimiento para tratar datos sensibles. La ley será aplicada exclusivamente por el Fiscal General del Estado, sin derecho privado de acción.
Delaware Data Protection Act: What Businesses Need to Know
Natasha G. Kohne, Joseph Hold | 2024
La Ley de Privacidad de Datos Personales de Delaware (DPDPA), vigente desde el 1 de enero de 2025, impone obligaciones a empresas que procesen datos de al menos 35.000 consumidores o 10.000 si obtienen más del 20% de ingresos por venta de datos. Establece derechos para los consumidores como acceso, corrección, eliminación y portabilidad de datos, así como la opción de excluirse de publicidad dirigida y decisiones automatizadas. A diferencia de otras leyes, no exime a entidades cubiertas por HIPAA y aplica a organizaciones sin fines de lucro. También exige evaluaciones de impacto y medidas de seguridad robustas.
Michael T. Borgia, Benjamin Robbins, Patrick J. Austin | 2023
La DPDPA, que entra en vigor el 1 de enero de 2025, establece derechos de privacidad para los residentes de Delaware y obligaciones para entidades que procesen sus datos. Abarca tanto empresas con fines de lucro como organizaciones sin fines de lucro, y no exime completamente a entidades cubiertas por HIPAA. Los consumidores pueden acceder, corregir, eliminar y portar sus datos, además de rechazar publicidad dirigida y decisiones automatizadas. La ley también exige evaluaciones de impacto para actividades de alto riesgo y promueve mecanismos universales de exclusión. Es una de las leyes estatales más inclusivas y estrictas en EE. UU.
Comprehensive Data Privacy Law Passed by the Delaware Legislature
Steve Alder | 2023
La Ley de Privacidad de Datos Personales de Delaware (DPDPA) otorga a los residentes derechos sobre sus datos personales, incluyendo acceso, corrección, eliminación y objeción al uso para publicidad dirigida. A diferencia de otras leyes estatales, no exime a entidades cubiertas por HIPAA, aunque sí excluye información protegida por esta norma. Define ampliamente los datos personales y sensibles, incluyendo salud, orientación sexual, religión y datos biométricos. Requiere consentimiento para procesar datos sensibles y prohíbe la venta o publicidad dirigida a menores de 13 a 18 años sin consentimiento. También exige transparencia mediante avisos de privacidad claros y medidas de seguridad razonables
El análisis de Clifford Chance sobre la Delaware Personal Data Privacy Act destaca su enfoque amplio e inclusivo. La ley se aplica a entidades con o sin fines de lucro que procesen datos de al menos 35.000 consumidores o 10.000 si venden datos. Introduce derechos como acceso, corrección, eliminación, portabilidad y exclusión de publicidad dirigida y perfilamiento automatizado. Requiere consentimiento para tratar datos sensibles, incluyendo localización precisa. También exige evaluaciones de impacto para actividades de alto riesgo. Es una de las leyes estatales más estrictas, alineándose en varios aspectos con el RGPD europeo, aunque sin ofrecer acción privada judicial directa.
Ámbitos específicos 
Garantía 
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Igualdad 
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