Referencias documentales

La revolución digital ha provocado importantes consecuencias, incluso desde la perspectiva sucesoria, que exigen la capacidad de adaptar las categorías tradicionales y las teorías clásicas a la luz de la evolución (digital) del propio concepto de “identidad”, de “muerte” y de “herencia”.
En el estado actual se reconoce una protección normativa limitada, dejando a la jurisprudencia la tarea de colmar ciertos vacíos de tutela y al testador la responsabilidad de regular la sucesión relativa a las “entidades digitales” con los instrumentos jurídicos disponibles, tal como los contempla el ordenamiento vigente.
El presente estudio, sin pretensión de exhaustividad, intenta ofrecer algunos puntos de reflexión para un encuadre general de la materia en cuestión, tan compleja como sugestiva y en constante evolución.

La memoria expone un análisis crítico y propositivo sobre la transformación digital, con especial atención a los perfiles de gobernanza pública, derechos fundamentales, inclusión social y desarrollo económico. Se subraya la necesidad de una estrategia digital coherente, centrada en la persona, orientada a la reducción de las brechas tecnológicas, al fortalecimiento de las competencias digitales y a la protección efectiva de los derechos en línea. El documento insiste en la urgencia de coordinar políticas públicas, inversiones estructurales y marcos normativos, promoviendo una transición digital equitativa, sostenible y constitucionalmente orientada, capaz de conjugar innovación, cohesión social, transparencia administrativa y tutela de la dignidad humana en el entorno digital.

Este informe del Garante analiza los riesgos que la utilización masiva de big data y la perfilación algorítmica plantean para los derechos individuales y colectivos, especialmente en términos de discriminación, pérdida de autonomía informativa y sesgos automáticos. El documento evalúa tanto impacto sociopolítico como técnico, sugiriendo directrices para mitigar efectos adversos mediante evaluaciones de impacto, mecanismos de transparencia y auditorías tecnológicas. Asimismo, examina cómo las prácticas de recolección masiva no siempre respetan principios de limitación de propósito y minimización de datos dispuestos en el GDPR, generando riesgos de uso indebido de datos sensibles y sistemas automatizados de toma de decisiones.

Este libro colectivo, bajo la dirección de Domenico Giovanni Ruggiero, examina el fenómeno de la identidad en contextos digitales como un desafío jurídico contemporáneo. A partir de la constatación de que la personalidad del individuo se proyecta en el espacio digital —incluyendo situaciones posteriores a la muerte— la obra propone una revisión de nociones tradicionales del derecho privado, como la teoría de los bienes y la distinción entre derechos personales y patrimoniales, para adaptarlas a la realidad digital. El texto discute cómo las proyecciones de la persona en Internet —sus datos y perfiles digitales— obligan a repensar las fronteras del derecho y las categorías clásicas frente a la complejidad del entorno virtual. La obra ofrece una base conceptual para entender la identidad digital como un derecho y una problemática jurídica emergente, resaltando la necesidad de marcos normativos que respondan a estas transformaciones

El estudio de caso analiza el papel de las redes sociales como nuevos espacios públicos de deliberación y ejercicio de la libertad de expresión, subrayando las tensiones derivadas de su gestión privada. En ausencia de una regulación sistemática y exhaustiva, las decisiones relativas a la eliminación de contenidos y a la suspensión de cuentas quedan frecuentemente en manos de los operadores de las plataformas, que actúan conforme a criterios opacos y, en ocasiones, arbitrarios. El documento pone de manifiesto cómo estas prácticas pueden restringir indebidamente el debate público, especialmente en relación con cuestiones políticamente sensibles. Se describe, asimismo, la labor desarrollada por StraLi y CILD en la asistencia jurídica a activistas afectados por censuras injustificadas, contribuyendo a la restitución de contenidos eliminados. Las resoluciones favorables obtenidas evidencian la necesidad de garantizar, también en el entorno digital, niveles adecuados de responsabilidad, transparencia y respeto efectivo de la libertad de expresión.

El texto ofrece un análisis crítico del impacto del smartphone en la sociedad contemporánea y en la vida individual, sin adoptar una posición tecnófoba. El autor denuncia la transformación de este dispositivo, inicialmente concebido como instrumento de emancipación, en un mecanismo de vigilancia y control dominado por grandes corporaciones multinacionales. Mediante un examen técnico y político detallado, se muestra cómo el diseño, los sistemas operativos cerrados y la recopilación masiva de datos erosionan progresivamente la privacidad y la autonomía del usuario. Se destaca el carácter paradójico de un dispositivo omnipresente que, pese a facilitar la comunicación permanente, fomenta dinámicas de dependencia y mercantilización de la atención. La obra invita a una reflexión colectiva orientada a reivindicar una tecnología verdaderamente democrática, basada en estándares abiertos, respeto de los derechos civiles y una gobernanza orientada al bien común y a la soberanía digital de los ciudadanos.

La página web explica que el Código de Conducta de la UE para centros de datos, desarrollado por el Joint Research Center (JRC) de la Comisión Europea, es una iniciativa voluntaria que fomenta mejores prácticas para hacer que los centros de datos sean más innovadores, sostenibles y seguros, reduciendo su elevado consumo energético y su impacto ambiental. Utiliza métricas como la eficiencia energética (PUE) para evaluar y mejorar el rendimiento y anima a los operadores a aplicar medidas que reduzcan el uso de energía sin comprometer las funciones críticas. La UE también reconoce anualmente a los centros de datos que implementan con éxito estas prácticas con reducciones significativas en consumo y emisiones. El código se complementa con otras políticas y programas de la Comisión para promover la eficiencia energética, la sostenibilidad y la financiación de infraestructuras de computación en la UE.

En 2023 Pensilvania amplió la POWER Library, ofreciendo acceso gratuito a nuevos recursos digitales como bases de datos históricas, plataformas de aprendizaje de idiomas y contenidos educativos verificados. La iniciativa busca ampliar las posibilidades de formación y de descubrimiento cultural en línea, garantizando que cualquier ciudadano con tarjeta de biblioteca pueda explorar, aprender y acceder a información de calidad sin barreras económicas, fortaleciendo así el acceso igualitario a la cultura y al conocimiento en el entorno digital.

En Pensilvania, la falta de identificación precisa de áreas sin acceso a internet de alta velocidad ha generado preocupación sobre la efectividad del Broadband Development Authority y el riesgo de perder millones en fondos federales. Aunque la pandemia mostró la importancia del acceso digital para educación, trabajo y servicios, se estima que el Estado no ha incluido miles de hogares desatendidos en sus mapas oficiales. Esto podría reducir la financiación de programas como BEAD y Capital Projects Fund, destinados a cerrar la brecha digital. La planificación y coordinación estatal se considera insuficiente frente a los esfuerzos locales y las necesidades reales de conectividad en zonas rurales.

El Commonwealth Office of Digital Experience (CODE PA) trabaja para mejorar los servicios en línea y facilitar la interacción de los ciudadanos con el gobierno de Pensilvania, ofreciendo soluciones simples, seguras y eficientes. Con la introducción de esta sección, el Estado de Pensilvania pretende mejorar sus servicios digitales de cara al público, desarrollando su infraestructura para ofrecer formas más fáciles e innovadoras para que los habitantes de Pensilvania se conecten con los recursos gubernamentales.