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ISPs worry that killing FCC net neutrality rules will come back to haunt them
Jon Brodkin | 2024
Seis grupos del sector de telecomunicaciones solicitaron al Tribunal Supremo de EE. UU. anular la ley de Nueva York que obliga a ofrecer internet a $15 mensuales a personas de bajos ingresos. La petición refleja la preocupación de los proveedores de que, si se derriban las reglas federales de neutralidad de la red, los Estados puedan imponer sus propias regulaciones de precios y prácticas de banda ancha. La ley de Nueva York depende de si la FCC clasifica el servicio como telecomunicaciones bajo el Título II. La decisión del Supremo influirá en la autoridad estatal y federal sobre regulación de banda ancha y net neutrality.
New York Legislature Passes Sweeping AI Safety Legislation
Jennifer Johnson, Micaela McMurrough, Jayne Ponder, August Gweon & Analese Bridges | 2025
El 12 de junio de 2025, la legislatura de Nueva York aprobó la Responsible AI Safety & Education (RAISE) Act, que regula a los desarrolladores de modelos de frontera de IA. Si se promulga, sería la primera ley estatal en EE. UU. en este ámbito. Exige protocolos de seguridad, informes de incidentes en 72 horas, documentación y salvaguardas antes del despliegue. Las sanciones pueden alcanzar 30 millones de dólares.
Connecticut Senate passes unique bill on private sector AI use
Keely Quinlan | 2024
El Senado de Connecticut aprobó el proyecto de ley SB 2, para regular el uso de la inteligencia artificial en el sector privado. La norma establece requisitos para empresas que desarrollen o utilicen sistemas de IA de “alto riesgo” en decisiones clave, como acceso a empleo, educación, servicios financieros o justicia. Exige medidas contra la discriminación algorítmica y transparencia sobre el uso y entrenamiento de los sistemas, además de políticas de gestión de riesgos. También penaliza los deepfakes no consensuados, tanto pornográficos como políticos, y requiere marcas digitales en contenidos generados por IA.
En 2024, Connecticut aprobó leyes relacionadas con la inteligencia artificial centradas en la educación y la criminalización de los deepfakes sexuales, pero nuevamente rechazó regular el uso empresarial de la IA. Se asignaron fondos para programas de formación en clubes juveniles y la academia estatal de IA, y se tipificó como delito la difusión de pornografía sintética sin consentimiento. También se aprobó una ley de privacidad que obliga a notificar si los datos personales se usan para entrenar modelos y otorga a los ciudadanos el derecho a optar por no ser evaluados mediante sistemas automatizados.
Rhode Island Data Transparency and Privacy Protection Act: An Overview
Megan Gordon | 2024
El artículo analiza la Ley de Transparencia y Protección de la Privacidad de Rhode Island en el contexto de las tendencias legislativas de EE. UU. en 2024. La norma se suma a otras leyes estatales que buscan regular el tratamiento de datos personales, ante la ausencia de una ley federal integral. Se destaca la creciente atención a la protección infantil, la portabilidad de datos y la aplicación de normas de privacidad a la inteligencia artificial.
Telecom Groups Push Back on Rhode Island Broadband Bill
Clara Easterday | 2025
El artículo informa sobre la oposición de grupos de telecomunicaciones al proyecto de ley HB 5817 de Rhode Island, que busca ampliar la supervisión estatal sobre los proveedores de internet. La propuesta incluye la creación de una autoridad estatal de banda ancha, financiada por tasas a ISPs, y exige reportes sobre velocidad, interrupciones y suscripciones. Las empresas critican el coste y duplicación regulatoria, mientras legisladores defienden la medida para mejorar el servicio y la competencia.
Massachusetts Attorney General Clarifies Position on Artificial Intelligence
Melanie A. Conroy, Kyle J. Glover | 2024
La Fiscal General de Massachusetts, Andrea Campbell, emitió una advertencia oficial indicando que las leyes estatales de protección al consumidor, como el Capítulo 93A, se aplican plenamente a los sistemas de inteligencia artificial. Esto incluye prácticas como publicidad engañosa, fallos de funcionamiento, sesgos no revelados y uso fraudulento de deepfakes o chatbots. La medida busca garantizar que los desarrolladores y proveedores de IA respeten los derechos de los consumidores y cumplan con las normativas de seguridad, privacidad y no discriminación.
Hunton Andrews Kurth’s Privacy and Cybersecurity of Hunton Andrews Kurth - Privacy and Information Security Law Blog-Hunton Andrews Kurth | 2025
El 12 de junio de 2025, Vermont aprobó la Age-Appropriate Design Code Act, que entrará en vigor el 1 de enero de 2027. La ley obliga a las empresas que ofrecen servicios digitales accesibles para menores a evitar prácticas invasivas de privacidad y a aplicar métodos de verificación de edad. También exige un deber mínimo de cuidado para prevenir angustia emocional, uso compulsivo y discriminación por identidad. La normativa busca garantizar un entorno digital seguro y ético para los menores.
Hunton Andrews Kurth’s Privacy and Cybersecurity of Hunton Andrews Kurth - Privacy and Information Security Law Blog-Hunton Andrews Kurth | 2025
El 12 de junio de 2025, Vermont aprobó la Age-Appropriate Design Code Act, que entrará en vigor el 1 de enero de 2027. La ley obliga a las empresas que ofrecen servicios digitales accesibles para menores a evitar prácticas invasivas de privacidad y a aplicar métodos de verificación de edad. También exige un deber mínimo de cuidado para prevenir angustia emocional, uso compulsivo y discriminación por identidad. La normativa busca garantizar un entorno digital seguro y ético para los menores.
Introduced by Representatives Cina of Burlington, Priestley of Bradford, 3 Logan of Burlington, and McGill of Bridport | 2025
El proyecto de ley H.366 de Vermont propone establecer derechos neurológicos para proteger a las personas frente al uso de tecnologías que interfieren con la actividad cerebral. La normativa busca garantizar la privacidad mental, la integridad personal y la autonomía cognitiva, especialmente en contextos laborales y médicos. Introduce principios éticos y legales para regular el desarrollo y uso de neurotecnologías, reconociendo la necesidad de adaptar los derechos fundamentales al avance tecnológico.