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Mobile ID – Arkansas Department of Finance and Administration
Departamento de Finanzas y Administración de Arkansas | 2025
La web oficial del DFA de Arkansas presenta el sistema Mobile ID, una versión digital del carnet de conducir o identificación estatal. Permite a los ciudadanos gestionar su identidad desde el móvil, con control sobre qué datos comparten. Es gratuito, seguro, actualizado en tiempo real y aceptado en más de 260 aeropuertos. Aunque no reemplaza el documento físico, mejora la privacidad y facilita interacciones sin contacto en entornos digitales.
Arkansas Becomes First State to Enact a COPPA 2.0 Inspired Privacy Law
John M. Brigagliano, Tatum Andres | 2025
Arkansas aprobó la Ley de Protección de Privacidad en Línea para Niños y Adolescentes (HB 1717), inspirada en COPPA 2.0. La norma amplía la protección a menores de 13 a 17 años, exige consentimiento parental o del adolescente para el tratamiento de datos, prohíbe la publicidad dirigida y otorga derechos de acceso, corrección y eliminación. La ley impone medidas de seguridad y será aplicada por el fiscal general del Estado, sin derecho privado de acción.
Data privacy after Dobbs: Is period tracking safe?
Paige Gross | 2024
El artículo analiza los riesgos de privacidad que enfrentan las personas que usan apps de seguimiento menstrual tras la decisión Dobbs, que eliminó el derecho constitucional al aborto. Expertos advierten que datos biométricos y de salud recopilados por apps y dispositivos podrían ser usados como evidencia en Estados que criminalizan el aborto. Se destaca la falta de protección bajo HIPAA y se recomienda revisar políticas de privacidad, buscar cifrado y evitar almacenamiento en la nube.
Perspectives and Demand for Federal Consumer Data Privacy Legislation: An Interpretive Phenomenological Analysis of College-Educated Black Men in the Dallas, Texas Metroplex
Leroy Berry III | 2025
Esta tesis doctoral analiza cómo hombres negros con estudios universitarios en Dallas perciben la protección de la privacidad de datos en EE. UU. y qué medidas desean en futuras leyes federales. A través de entrevistas, se identifican seis temas clave, incluyendo la falta de marco legal, la vulnerabilidad educativa, y la necesidad de consentimiento explícito. El estudio propone políticas inclusivas y culturalmente sensibles que aborden las desigualdades históricas en el entorno digital.
FAQs for Businesses as Texas Data Privacy Law Takes Effect July 1
Fisher Phillips Consumer Privacy Team | 2024
Este artículo explica los aspectos clave de la nueva Ley de Privacidad y Seguridad de Datos de Texas (TDPSA), que entró en vigor el 1 de julio de 2024. La ley otorga derechos a los consumidores sobre sus datos personales, exige a las empresas actualizar sus políticas de privacidad, establecer mecanismos de solicitud de derechos, y realizar evaluaciones de protección de datos. También establece obligaciones para procesadores y limita el uso de datos sensibles sin consentimiento.
El artículo analiza el acceso a cuentas digitales de personas fallecidas en Oklahoma, destacando la necesidad de una estructura legal clara. Examina el estatuto estatal vigente y la posible adopción de la RUFADAA, que permitiría a representantes legales acceder a activos digitales con consentimiento previo del usuario. Se detallan procedimientos para obtener contenido o catálogos de comunicaciones electrónicas, y se discuten implicaciones éticas, de privacidad y operativas en el contexto del derecho sucesorio.
El artículo “Beyond Surveillance: Privacy, Ethics, and Regulations in Facial Recognition Technology” analiza los riesgos éticos y legales del reconocimiento facial. Advierte que esta tecnología puede vulnerar la privacidad, el consentimiento y el anonimato, permitiendo una vigilancia masiva sin control. Señala sesgos en los algoritmos —especialmente hacia mujeres y personas racializadas— que amplían desigualdades sociales. El texto revisa la falta de una regulación federal en Estados Unidos y la diversidad de leyes estatales (como en Illinois, California o Texas), lo que genera vacíos legales. Propone medidas como el consentimiento informado, la transparencia en el uso de datos, auditorías de sistemas y límites claros para aplicaciones policiales o comerciales. En conclusión, aunque el reconocimiento facial ofrece beneficios en seguridad y eficiencia, sin salvaguardas adecuadas representa una seria amenaza a los derechos fundamentales y a la libertad individual en el entorno digital.
Informe del Relator Especial sobre Privacidad — Soberanía de datos indígena (A/73/438)
Relator Especial de la ONU sobre el Derecho a la Privacidad | 2018
Informe que en su párrafo 52 alienta a los gobiernos y empresas a reconocer la soberanía inherente de los pueblos indígenas con respecto a los datos que les conciernen. Constituye la referencia más directa en el sistema ONU al concepto de soberanía de datos indígena, conectando los artículos 3, 19 y 31 de la DNUDPI con las obligaciones de privacidad del derecho internacional.
Resolución 68/167 de la AGNU — El derecho a la privacidad en la era digital
Asamblea General de las Naciones Unidas | 2013
Primera resolución de la AGNU específicamente dedicada al derecho a la privacidad en la era digital, adoptada tras las revelaciones sobre programas de vigilancia masiva. Llama a los Estados a revisar sus legislaciones en materia de vigilancia. Inició una serie de resoluciones bienales que actualizan el marco de referencia de la ONU en esta materia.
Delaware Data Protection Act: What Businesses Need to Know
Natasha G. Kohne, Joseph Hold | 2024
La Ley de Privacidad de Datos Personales de Delaware (DPDPA), vigente desde el 1 de enero de 2025, impone obligaciones a empresas que procesen datos de al menos 35.000 consumidores o 10.000 si obtienen más del 20% de ingresos por venta de datos. Establece derechos para los consumidores como acceso, corrección, eliminación y portabilidad de datos, así como la opción de excluirse de publicidad dirigida y decisiones automatizadas. A diferencia de otras leyes, no exime a entidades cubiertas por HIPAA y aplica a organizaciones sin fines de lucro. También exige evaluaciones de impacto y medidas de seguridad robustas.