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El Program Memoranda 2025 de Hawái establece prioridades estatales en materia de planificación y financiamiento, con un fuerte énfasis en la equidad digital. Incluye la implementación del Hawaii Digital Equity Plan aprobado por la NTIA, inversiones en infraestructura de banda ancha y conectividad en todas las islas, y programas de apoyo a comunidades desatendidas. También contempla el Cyber Safe Hawai‘i Program para reforzar la ciberseguridad de pequeñas y medianas empresas, y promueve la participación ciudadana mediante el uso de recursos digitales como herramienta de inclusión y resiliencia comunitaria.
El boletín de la League of Oregon Cities informa sobre el proyecto de ley HB 2049A, que propone establecer un “Centro de Excelencia en Ciberseguridad” para apoyar a gobiernos locales, distritos escolares y entidades estatales. El artículo describe el proceso legislativo, los recortes de financiamiento, las implicaciones para el emparejamiento de fondos federales y el interés del sector local en fortalecer la protección ante amenazas digitales.
BBG Tech: West Virginia and its Cybersecurity Policy Efforts
Aiden Satterfield | 2024
El artículo examina los esfuerzos de Virginia Occidental para fortalecer su política de ciberseguridad, incluyendo la colaboración entre agencias estatales, universidades y organizaciones comunitarias. Se destacan iniciativas para mejorar la resiliencia digital, proteger infraestructuras críticas y formar a profesionales en seguridad informática. También se aborda la necesidad de adaptar la legislación estatal a los nuevos desafíos tecnológicos y garantizar la protección de los datos ciudadanos.
Technology Transformation in Connecticut State Government: Insights from CIO Mark Raymond
Michael J. Keegan | 2025
El ensayo resume la conversación con Mark Raymond, CIO de Connecticut, sobre la transformación digital del gobierno estatal. Connecticut ha optimizado su estructura de TI, consolidando recursos y desarrollando talento a través de programas como Customer Success Managers y capacitación en IA. Las iniciativas digitales priorizan accesibilidad, personalización y eficiencia, incluyendo plataformas como Business One-Stop y servicios en línea del DMV. La estrategia de ciberseguridad abarca colaboración estatal, municipal y privada, con monitoreo proactivo y simulaciones. La adopción de IA sigue un enfoque “low and slow” para minimizar riesgos, mientras que el desarrollo de la fuerza laboral y políticas éticas aseguran servicios personalizados y seguros para los ciudadanos.
Massachusetts Bill Would Codify Cybersecurity, AI Readiness
Ashley Silver | 2025
La Senate Bill 49 de Massachusetts propone establecer un marco legal para la gobernanza estatal en ciberseguridad e inteligencia artificial. Incluye la creación de juntas de control para ambos ámbitos y exige formación anual en ciberseguridad para todos los empleados públicos. La ley busca convertir en legislación permanente medidas previamente adoptadas por orden ejecutiva, como el equipo de respuesta a incidentes cibernéticos. Su objetivo es reforzar la preparación del Estado frente a amenazas digitales y el uso responsable de tecnologías emergentes.
Statewide Strategic Information Technology Plan 2021 – 2025
New Hampshire Department of Information Technology | 2021
El plan estratégico de tecnología de la información del Estado de New Hampshire para 2021–2025 establece una hoja de ruta para modernizar los servicios públicos mediante la transformación digital. Incluye objetivos como mejorar la ciberseguridad, optimizar la gestión de recursos, fomentar asociaciones estratégicas y garantizar un gobierno digital eficaz. El documento refleja el compromiso del Estado con la innovación tecnológica sostenible y la mejora de la experiencia ciudadana en el entorno digital.
New Hampshire Department of Business and Economic Affairs | 2024
El Plan de Equidad Digital de New Hampshire 2024 establece cinco objetivos clave: acceso asequible a banda ancha, disponibilidad de dispositivos con soporte técnico, desarrollo de habilidades en alfabetización digital y ciberseguridad, y mejora del acceso a portales públicos esenciales. También aborda la alfabetización mediática, financiera e informacional, con especial atención a poblaciones vulnerables. El plan fue aprobado por la NTIA y se implementará con fondos federales.
Indiana Senate Bill 472 – Cybersecurity Policies & Insurance Mandate for Public Entities
primary government legislative source | 2025
La ley SB 472 de Indiana, promulgada en mayo de 2025, obliga a entidades públicas como agencias estatales, escuelas y universidades a adoptar políticas de ciberseguridad y uso de recursos tecnológicos antes de diciembre de 2027. El texto establece estándares uniformes, procedimientos de evaluación y colaboración interinstitucional para fortalecer la protección digital. También regula la relación con terceros y la presentación periódica de informes al organismo estatal competente.
La Ley de Seguridad de Datos de Seguros de Delaware exige que las entidades reguladas por leyes de seguros implementen un programa integral de seguridad de la información. Este debe incluir evaluaciones de riesgos, controles de acceso, cifrado, autenticación multifactor, formación en ciberseguridad y supervisión de terceros. Se protege la información electrónica no pública, como datos financieros, biométricos y de salud. También se requiere la notificación de incidentes de ciberseguridad y la destrucción segura de datos cuando ya no sean necesarios. Las medidas deben adaptarse al tamaño, complejidad y nivel de riesgo de cada entidad aseguradora.
Illinois Emergency Management Agency and Office of Homeland Security. | 2021
El Plan Estratégico de Seguridad Nacional de Illinois 2021-2025 establece una hoja de ruta para enfrentar amenazas naturales, tecnológicas y humanas. Incluye objetivos como mejorar la ciberseguridad, compartir inteligencia, coordinar la seguridad nacional y proteger infraestructuras críticas. Promueve una cultura de concienciación digital, la formación de profesionales en ciberseguridad y la colaboración entre sectores públicos y privados para garantizar la resiliencia del Estado ante riesgos emergentes.