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La Ley sobre Actos Notariales Remotos (Public Act No. 23-28, 2023, Connecticut) autoriza a los notarios públicos a realizar notarizaciones a distancia mediante tecnologías de comunicación en tiempo real, siempre que la identidad del firmante se verifique por conocimiento personal, documentos oficiales, procesos de verificación externos o testigos creíbles. Se permite la notarización remota para personas dentro o fuera de EE. UU., siempre que los documentos tengan conexión con Connecticut. Sin embargo, se excluyen actos sensibles como testamentos, poderes, voluntades anticipadas y cierres inmobiliarios. La ley también faculta al Secretario de Estado a regular estándares tecnológicos, identidad digital y proveedores.
El artículo advierte que las propuestas legislativas en Connecticut para restringir el uso de redes sociales, bajo la justificación de proteger a los menores, amenazan gravemente la libertad de expresión. Requerir verificación de edad e identidad limita el anonimato y expone a usuarios a riesgos de privacidad y ciberseguridad. Además, podría excluir a comunidades marginadas sin documentos oficiales y empujar a las plataformas a censurar contenidos, creando espacios digitales empobrecidos. Los tribunales en otros Estados ya han bloqueado leyes similares por violar la Primera Enmienda. El texto enfatiza que estas medidas convierten internet en un espacio restrictivo, contrario a su esencia abierta.
New York signs parental control of ‘addictive’ social media feeds into law
Kari Paul | 2024
Nueva York aprobó dos leyes para proteger a menores en redes sociales: la Stop Addictive Feeds Exploitation (SAFE) for Kids Act, que limita el contenido recomendado por algoritmos a publicaciones de cuentas seguidas y bloquea notificaciones nocturnas sin consentimiento parental, y otra que regula la recolección, uso y venta de datos de menores de 18 años. La implementación dependerá de reglas elaboradas por la fiscal general estatal, con un plazo de 180 días para que las plataformas cumplan. La legislación busca reducir la adicción y proteger la salud mental infantil, aunque enfrenta críticas por posibles conflictos con la libertad de expresión.
Governor Murphy Signs Bipartisan Legislation Establishing Civil and Criminal Penalties for Deceptive AI Deepfakes
Governor Phil Murphy | 2025
Nueva Jersey ha aprobado la ley A3540/S2544, que establece sanciones civiles y penales para la creación y difusión de “deepfakes”, medios audiovisuales falsificados que pueden dañar la reputación o seguridad de las personas. La legislación responde al uso malicioso de IA para producir imágenes o videos engañosos, incluidos contenidos sexuales no consentidos, y protege a las víctimas, incluidas menores. Se contemplan delitos de tercer grado con penas de prisión y multas de hasta $30,000. La ley busca responsabilizar a quienes usan esta tecnología para cometer crímenes, reforzando la seguridad digital y la confianza pública en los medios.
Local governments could save millions if public notice requirements change. Newspapers oppose the move.
Min Xian | 2024
En Pensilvania, grupos de gobiernos locales buscan actualizar una ley de 1976 que obliga a publicar avisos públicos en periódicos locales. Dos proyectos de ley en la Cámara y el Senado permitirían avisos digitales, pero enfrentan fuerte oposición de la Pennsylvania NewsMedia Association, que defiende la impresión como medio confiable y accesible, especialmente donde la banda ancha es limitada. Los defensores argumentan que la publicación en internet aumentaría el alcance, reduciría costos —estimados en al menos 23 millones de dólares anuales— y fomentaría la creación de sitios web municipales, mejorando la transparencia. Un tercer proyecto estudiaría el impacto económico de los avisos legales en periódicos.
Pennsylvania University Nets Digital Literacy Grant
Ashley Stalnecker | 2024
El 29 de agosto de 2024, Millersville University (MU) recibió una subvención de 98.235 dólares del Departamento de Trabajo e Industria de Pensilvania para impulsar talleres de alfabetización digital y búsqueda de empleo en Columbia. El proyecto, en colaboración con la biblioteca pública, el distrito escolar y Pennsylvania CareerLink, se centrará en comunidades con bajo acceso a computadoras e internet de banda ancha. Los talleres se impartirán principalmente en la biblioteca de la calle Sixth y también en otras sedes locales. La financiación permitirá adquirir portátiles para el centro y cubrir gastos de transporte o cuidado infantil de los asistentes. Estudiantes de informática de MU colaborarán en el diseño de los talleres. Este es el tercer financiamiento recibido por la universidad desde 2021, y el primero con duración de dos años, tras programas anteriores en Quarryville y Adamstown.
With political AI images on the rise, Nevada hopes new disclosure rule will curb abuse
The Nevada Independent | 2025
El artículo informa que Nevada aprobó la ley AB 73, que entrará en vigor en enero, la cual obliga a incluir una declaración cuando se use IA para generar imágenes electorales. También permite que candidatos que hayan sido representados sin la divulgación correcta soliciten una orden judicial para impedir su difusión. El objetivo es reducir el uso manipulativo de imágenes en campañas políticas y proteger la integridad informativa ante el aumento de los «deepfakes»
La página explica que en el Estado de Washington la Public Records Act exige que las agencias gubernamentales preserven los registros públicos, incluidos los generados en redes sociales y sus metadatos. Detalla lineamientos para capturar, almacenar y retener contenido de redes sociales en cumplimiento de la ley estatal, y cita precedentes judiciales que han confirmado que los metadatos son considerados parte de los registros públicos.
United States Court of Appeals, Ninth Circuit. | 2025
El Noveno Circuito resolvió en 2025 el caso Project Veritas v. Oregon, confirmando la constitucionalidad de la ley estatal que prohíbe grabar conversaciones sin informar a todos los participantes (Oregon Rev. Stat. § 165.540(1)(c)). El tribunal aplicó el test de “intermediate scrutiny” y concluyó que la norma es neutral en cuanto al contenido, persigue un interés gubernamental importante (proteger la privacidad conversacional) y está redactada de manera ajustada. Asimismo, consideró que la ley no es excesivamente amplia y permite alternativas suficientes para la labor periodística.
Esta página expone la política de la Universidad Estatal de Oregón (OSU) sobre libertad de expresión, reconociendo el derecho constitucional al discurso incluso si es ofensivo. Regula el “tiempo, lugar y modo” del ejercicio del discurso en espacios físicos y digitales de la universidad, definiendo “áreas públicas digitales”, moderación neutral, y los límites al discurso no protegido. También fija mecanismos de apelación y sanciones institucionales