Referencias documentales

Grecia avanza en la conectividad gigabit y cobertura 5G, situándose entre los más altos de la UE y acogerá una de las primeras IA Factories, pero la adopción de tecnologías digitales por pymes sigue siendo un reto. Su hoja de ruta incluye 125 medidas con 6,1 ‭ miles millones € para la transformación digital. El país ha lanzado un proyecto de infraestructura eID integrado con carteras gubernamentales y la app “Kids Wallet” para proteger a menores en línea. Aun así, falta personal TIC y parte de los servicios públicos digitales aún no están completamente online. Grecia también impulsa inversiones en centros de datos verdes y una parte significativa del plan de recuperación apoya la digitalización. Según el Eurobarómetro, la mayoría percibe que la digitalización facilita la vida y valora mitigar la desinformación.

El informe explica que Hungría tiene una infraestructura digital sólida, con una cobertura de banda ancha y redes avanzadas bien desarrolladas, y el acceso a registros de salud electrónicos (e‑Health) está por encima de la media de la UE. No obstante, la digitalización de las pymes y la adopción de tecnologías avanzadas como IA siguen rezagadas, principalmente por la escasez de habilidades digitales. El país cuenta con una hoja de ruta de 44 medidas y 2 489 M € para impulsar su transformación digital. Persisten brechas digitales entre zonas urbanas y rurales y grupos con menor educación, lo que exige políticas de inclusión. El informe incluye recomendaciones para acelerar la digitalización empresarial y fomentar la inclusión y formación digital. También destaca inversiones en semiconductores y otras tecnologías de base. Según el Eurobarómetro, la mayoría de los ciudadanos valora que la digitalización facilite la vida y ven importante combatir la desinformación en línea.

La expansión de la banda ancha en Vermont, financiada con más de 100 millones de dólares y articulada mediante distritos de comunicación, ha sido necesaria pero insuficiente. El verdadero problema no es la conectividad, sino la falta de capacidad institucional de los pequeños municipios para gestionar servicios digitales complejos, ciberseguridad, subvenciones y atención en línea. La cooperación informal entre localidades ya no basta. Ciertas propuestas incluyen crear Consejos de Gobiernos (Councils of Governments) como entidades regionales formales, con personal profesional y gobernanza estable, que permitan prestar servicios digitales compartidos sin eliminar la autonomía local. El argumento central recurrente es que la brecha actual es estructural: sin instituciones regionales de implementación, la inversión en infraestructura digital no se traduce en una administración pública moderna, equitativa y eficaz.

El senador de Rhode Island, Sheldon Whitehouse impulsa, junto al republicano Lindsey Graham, una iniciativa bipartidista para derogar la Sección 230 de la Communications Decency Act, norma clave para el funcionamiento del internet moderno. Dicha disposición exime a las plataformas de responsabilidad por contenidos generados por terceros, permitiendo la existencia de foros, redes sociales y medios independientes. Expertos y organizaciones como la Electronic Frontier Foundation advierten que su eliminación provocaría una moderación extrema o la retirada masiva de contenidos para evitar litigios, generando un grave efecto disuasorio sobre la libertad de expresión. Aunque la propuesta se presenta como un intento de aumentar la responsabilidad de las grandes tecnológicas, sus críticos sostienen que facilitaría una censura indirecta y pondría en riesgo a pequeñas plataformas, el activismo digital y el pluralismo informativo.

Este artículo analiza el complejo y cambiante panorama de las leyes de privacidad de datos en los Estados Unidos que entran en vigor a partir de 2024. Ante la ausencia de una legislación federal integral, los autores destacan cómo diversos estados —incluyendo Texas, Oregón, Montana y Florida— han implementado sus propias normativas para proteger la información de los consumidores. El texto enfatiza la necesidad de que las empresas revisen y actualicen urgentemente sus políticas de privacidad para cumplir con requisitos específicos sobre el manejo de datos sensibles y los derechos de los usuarios. Además, advierte que las organizaciones deben adoptar marcos de cumplimiento flexibles que les permitan navegar por este mosaico de regulaciones estatales, evitando así sanciones y garantizando la transparencia en el tratamiento de la información personal en un entorno digital cada vez más regulado.

Informe que establece que la capacidad de comunicarse de forma anónima o seudónima es condición habilitante del ejercicio de la libertad de expresión y el derecho a la privacidad en el entorno digital. Concluye que las restricciones al cifrado y el anonimato deben superar el triple test del artículo 19.3 del PIDCP. Documento fundacional en materia de derecho al pseudonimato en el ordenamiento internacional.

Informe dedicado a los desafíos para la privacidad derivados de la economía de datos, el análisis del comportamiento y la publicidad dirigida. Examina cómo los modelos de negocio basados en la extracción masiva de datos personales erosionan estructuralmente el derecho a la privacidad. Sostiene que el control efectivo sobre los propios datos constituye una dimensión constitutiva del derecho a la privacidad.

El 11 de septiembre de 2023, Delaware aprobó la Delaware Personal Data Privacy Act, que entrará en vigor el 1 de enero de 2025. Esta ley impone obligaciones de transparencia a empresas que procesen datos personales de al menos 35.000 residentes o que obtengan ingresos significativos por su venta. A diferencia de otras leyes estatales, no exime a organizaciones sin fines de lucro ni a instituciones educativas. Reconoce derechos como acceso, corrección, eliminación y portabilidad de datos, y exige consentimiento para tratar datos sensibles. También obliga a realizar evaluaciones de impacto y a establecer contratos detallados entre controladores y procesadores.

La DPDPA, que entra en vigor el 1 de enero de 2025, establece derechos de privacidad para los residentes de Delaware y obligaciones para entidades que procesen sus datos. Abarca tanto empresas con fines de lucro como organizaciones sin fines de lucro, y no exime completamente a entidades cubiertas por HIPAA. Los consumidores pueden acceder, corregir, eliminar y portar sus datos, además de rechazar publicidad dirigida y decisiones automatizadas. La ley también exige evaluaciones de impacto para actividades de alto riesgo y promueve mecanismos universales de exclusión. Es una de las leyes estatales más inclusivas y estrictas en EE. UU.

La Ley de Privacidad de Datos Personales de Delaware (DPDPA) otorga a los residentes derechos sobre sus datos personales, incluyendo acceso, corrección, eliminación y objeción al uso para publicidad dirigida. A diferencia de otras leyes estatales, no exime a entidades cubiertas por HIPAA, aunque sí excluye información protegida por esta norma. Define ampliamente los datos personales y sensibles, incluyendo salud, orientación sexual, religión y datos biométricos. Requiere consentimiento para procesar datos sensibles y prohíbe la venta o publicidad dirigida a menores de 13 a 18 años sin consentimiento. También exige transparencia mediante avisos de privacidad claros y medidas de seguridad razonables