Referencias documentales

El 21 de febrero de 2026, la representante Joy Goeben emitió un comunicado tras la aprobación en la Asamblea de Wisconsin de su paquete de proyectos de ley (AB 961, AB 962 y AB 963) para proteger a los menores en línea. La legislación, que contó con apoyo bipartidista, busca restaurar la autoridad parental aumentando la transparencia de las grandes plataformas tecnológicas y exigiendo responsabilidades a los distribuidores de contenido digital. Goeben argumenta que las empresas diseñan sus plataformas para explotar la vulnerabilidad de los niños, exponiéndolos a depredadores, material explícito y problemas de salud mental. El objetivo es terminar con el desequilibrio que, según ella, deja a los padres «excluidos» del mundo digital de sus hijos, a pesar de ser legal y moralmente responsables de ellos.

Este artículo anuncia la introducción de un paquete de proyectos de ley bipartidistas en Michigan diseñados para establecer «barreras de seguridad» en el uso de la tecnología de lectores automáticos de matrículas (ALPR). La legislación busca equilibrar la eficacia de estas herramientas en la lucha contra el crimen con la protección de las libertades civiles de los ciudadanos. Entre las medidas propuestas, se incluyen límites estrictos sobre cuánto tiempo pueden las agencias policiales conservar los datos de las matrículas (proponiendo un máximo de 30 días si no hay una investigación activa) y la prohibición de vender esta información a terceros o utilizarla para fines no relacionados con la seguridad pública. Los legisladores argumentan que, sin una regulación clara, el uso indiscriminado de esta tecnología podría derivar en una vigilancia masiva injustificada, por lo que es imperativo codificar protocolos de transparencia y rendición de cuentas.

Este comunicado celebra una victoria judicial del DNC frente a los intentos del gobierno federal de obligar a los estados a entregar información personal detallada de los votantes. El artículo sostiene que tales solicitudes de datos masivos constituyen una extralimitación del poder ejecutivo y una amenaza directa a la privacidad de los ciudadanos, con el potencial de ser utilizadas para tácticas de supresión de votos. El DNC argumenta que la protección de la base de datos de registro de votantes es fundamental para la integridad de la democracia y que cualquier esfuerzo por centralizar o exponer esta información sensible bajo pretextos de seguridad electoral debe ser rechazado en las cortes. El texto refuerza el compromiso del partido de seguir litigando para asegurar que los derechos de privacidad de los votantes no se vean comprometidos por agendas políticas.

Este comunicado oficial expresa la dura crítica del senador Bill Cassidy hacia el gobernador de Illinois, J.B. Pritzker, tras una importante brecha de seguridad que expuso datos de salud sensibles de ciudadanos del estado. Cassidy denuncia que la negligencia en la protección de esta información no solo viola la privacidad de las personas, sino que pone en riesgo la prestación de servicios críticos para miles de familias vulnerables. El documento resalta la preocupación por la falta de transparencia del gobierno estatal respecto al alcance del incidente y la demora en notificar a los afectados. Finalmente, el senador insta a una rendición de cuentas inmediata y exige que se fortalezcan las infraestructuras de ciberseguridad estatales para evitar que actores maliciosos comprometan sistemas de bienestar público esenciales, subrayando que la seguridad de los datos es un componente vital de la seguridad nacional y la salud pública.

La ciudad de Nueva York ha creado una Oficina de Activos Digitales y Tecnología Blockchain mediante una orden ejecutiva firmada por el ex-alcalde Eric Adams, con el objetivo de posicionar a la ciudad como un referente en el sector de las criptomonedas y la tecnología blockchain. La nueva oficina busca apoyar el crecimiento de esta industria, promover el uso responsable de los activos digitales y educar al público, en un contexto de mayor respaldo regulatorio federal, como la aprobación del GENIUS Act sobre stablecoins. La iniciativa se enmarca en una estrategia de desarrollo económico y sigue una tendencia observada en otros estados y ciudades estadounidenses que exploran blockchain y criptomonedas como herramientas para atraer inversión e innovación, aunque persisten dudas sobre su utilidad práctica y su impacto real en la ciudadanía.

Ciertos sectores de la pobalción neoyorquina sostienen que New York City necesita un “nuevo sistema operativo” institucional para gestionar de forma coherente y eficiente su compleja infraestructura tecnológica. Se argumenta que, aunque las agencias municipales operan sistemas digitales críticos, falta una estrategia global de TI que priorice inversiones, establezca buenas prácticas y garantice seguridad, privacidad y eficacia. Proponen seis reformas clave: crear un Chief Information Officer con autoridad real y dependencia directa del alcalde, restaurar una agencia independiente de ciberseguridad, agilizar la contratación y formación de personal tecnológico, priorizar proyectos piloto antes de grandes contratos, modernizar sistemas mediante metodologías ágiles, y adoptar la inteligencia artificial de forma estratégica y responsable.

El artículo describe la respuesta legal de la ciudad de Eden Prairie ante una demanda que alega el incumplimiento de la Ley de Prácticas de Datos del Gobierno de Minnesota (MGDPA). Un residente demandó a la ciudad argumentando que esta no proporcionó registros públicos completos ni lo hizo en un tiempo razonable. La ciudad, en su defensa, sostiene que ha actuado conforme a la ley y que cualquier información retenida se debe a excepciones legales de confidencialidad y privacidad. Este caso resalta la dificultad de equilibrar el acceso a la información pública con la protección de datos sensibles en el ámbito municipal.

Este artículo analiza una nueva ola de litigios dirigidos contra instituciones de educación superior por el uso de tecnologías de rastreo, como el Píxel de Meta, en sus sitios web. Los autores explican que estas herramientas pueden capturar y transmitir datos sensibles de estudiantes y solicitantes a plataformas de terceros sin el consentimiento adecuado, lo que podría violar leyes federales como la Ley de Privacidad de Video (VPPA) y la Ley de Derechos Educativos y Privacidad Familiar (FERPA). El texto ofrece lecciones críticas derivadas de casos recientes en otros sectores, advirtiendo a las universidades sobre los riesgos de responsabilidad civil y daño reputacional. Se recomienda a las instituciones realizar auditorías técnicas de sus portales web, actualizar sus políticas de privacidad y garantizar que las herramientas de marketing digital no comprometan la confidencialidad de la información académica y personal de su comunidad estudiantil.

Connecticut se convirtió en el primer estado en aprobar una ley eficaz para abordar los problemas del la concesión de licencias digitales en bibliotecas sin caer en la preempción del derecho federal de autor. Su proyecto S.B. 1234, promulgado como Public Act 25‑9, adopta un modelo innovador propuesto por Library Futures y la eBook Study Group. A diferencia de leyes anteriores en Maryland o Nueva York, que fueron bloqueadas por obligar a los editores a licenciar obras, la ley de Connecticut evita intervenir en derechos exclusivos del copyright. En su lugar, regula las condiciones contractuales una vez que un editor decide ofrecer licencias, impidiendo términos abusivos.

Este artículo analiza la reciente aprobación de la Ley de Seguridad de Datos de Seguros (House Bill 974) en Missouri, la cual entró en vigor el 1 de enero de 2026. La normativa establece estándares estrictos de seguridad de la información para las entidades con licencia en el sector de seguros, obligándolas a implementar programas escritos de seguridad de datos y a realizar evaluaciones de riesgo periódicas. Los autores destacan que la ley impone un protocolo de notificación acelerado: en caso de una brecha de seguridad, las empresas deben notificar al Director del Departamento de Comercio y Seguros de Missouri en un plazo máximo de 72 horas (o cuatro días hábiles en ciertos casos específicos). Además de las notificaciones, se exige a las aseguradoras supervisar a sus proveedores externos y presentar una certificación anual de cumplimiento. Esta ley alinea a Missouri con una tendencia nacional de regulaciones de ciberseguridad específicas para la industria financiera y de seguros, elevando significativamente la responsabilidad legal de estas organizaciones.