Referencias documentales

La Ley de Privacidad y Seguridad de Datos de Texas otorga a los ciudadanos nuevos derechos sobre su información personal. Los texanos pueden saber qué datos recopilan las empresas, corregir errores, eliminar información y optar por no participar en publicidad dirigida o decisiones automatizadas. Las empresas deben publicar avisos claros sobre sus prácticas de datos. La ley es supervisada por la Oficina del Fiscal General y busca empoderar a los consumidores en el entorno digital.

El senador estatal de Oklahoma, Dusty Deevers, presentó el proyecto de ley SB325, conocido como «Bitcoin Freedom Act», que permitiría a residentes y empresas usar Bitcoin como medio de pago, incluyendo salarios, de forma voluntaria. La iniciativa busca posicionar a Oklahoma como líder en innovación financiera, proteger contra la inflación y promover la soberanía financiera. La propuesta se opone a las monedas digitales de bancos centrales (CBDC) y refuerza el enfoque pro-cripto del Estado.

El informe aborda la situación de la prensa en Alemania y dedica varios apartados a cuestiones vinculadas con los derechos digitales. Señala que la aplicación del Reglamento de Servicios Digitales (DSA) y del Reglamento Europeo sobre la Libertad de los Medios de Comunicación (EMFA) es crucial para garantizar pluralismo y transparencia en plataformas digitales. Advierte que grandes portales y redes sociales deben cumplir obligaciones contra la desinformación y el discurso de odio, pero que la supervisión nacional sigue siendo insuficiente. También critica intentos de ampliar la vigilancia estatal (como la retención de datos o escuchas telefónicas) por su impacto negativo en la libertad de prensa. El informe reclama leyes contra la violencia digital, apoyo a medios sin ánimo de lucro y protección frente a spyware y represión transnacional

Este artículo analiza la reciente aprobación de la Ley de Seguridad de Datos de Seguros (House Bill 974) en Missouri, la cual entró en vigor el 1 de enero de 2026. La normativa establece estándares estrictos de seguridad de la información para las entidades con licencia en el sector de seguros, obligándolas a implementar programas escritos de seguridad de datos y a realizar evaluaciones de riesgo periódicas. Los autores destacan que la ley impone un protocolo de notificación acelerado: en caso de una brecha de seguridad, las empresas deben notificar al Director del Departamento de Comercio y Seguros de Missouri en un plazo máximo de 72 horas (o cuatro días hábiles en ciertos casos específicos). Además de las notificaciones, se exige a las aseguradoras supervisar a sus proveedores externos y presentar una certificación anual de cumplimiento. Esta ley alinea a Missouri con una tendencia nacional de regulaciones de ciberseguridad específicas para la industria financiera y de seguros, elevando significativamente la responsabilidad legal de estas organizaciones.

Se trata de un Flash Eurobarometer que explora cómo y en qué medida las personas de la Unión Europea usan internet y recursos digitales para gestionar su salud, apoyando los objetivos de la eHealth Action Plan 2012‑2020 para integrar la salud digital en los sistemas sanitarios. El estudio analiza qué tipo de información de salud buscan los ciudadanos en línea, dónde la buscan y por qué, y mide su satisfacción con la información encontrada y su disposición a usar internet para cuestiones de salud en el futuro. También investiga las razones por las que algunos no usan internet para temas de salud, qué medios alternativos emplean y si considerarían utilizar internet más adelante. Además ofrece un panorama del uso general de internet en Europa, los patrones de búsqueda de información sanitaria y aspectos relacionados con visitas médicas y actividad física, con el fin de orientar políticas que mejoren la alfabetización digital en salud

El informe analiza el mercado de la telemedicina en Europa para ofrecer a los responsables de políticas una visión detallada de su desarrollo, aplicaciones, soluciones disponibles y barreras que limitan su adopción generalizada. Mapea las principales aplicaciones y tecnologías de telemedicina, revisa normas técnicas y directrices, y examina la dinámica del mercado incluyendo factores que impulsan o frenan el despliegue de servicios de atención remota. El informe también evalúa la relación coste‑efectividad de la telemedicina bajo las condiciones de mercado actuales y futuras, proporcionando consideraciones y recomendaciones para facilitar su ampliación, mejorar los marcos regulatorios y maximizar sus beneficios potenciales en sistemas sanitarios europeos.

La web explica qué es el Consorcio Europeo de Infraestructuras Digitales (EDIC), a saber, un marco jurídico creado por la UE para facilitar y acelerar la implementación de proyectos digitales transnacionales que ayudan a cumplir los objetivos del Programa de la Década Digital 2030. Cada EDIC es una entidad legal formada por al menos tres Estados miembros y aprobada por la Comisión Europea, con estructura de gobernanza y financiación acordada por sus miembros. Su propósito es desplegar infraestructuras digitales conjuntas, prestar servicios y reunir a actores públicos y privados para impulsar tecnologías clave y la cooperación europea en el ámbito digital. Actualmente se están estableciendo varios EDICs en áreas como tecnologías de lenguaje, gemelos digitales urbanos (CitiVERSE), blockchain, bienes digitales comunes (DC-EDIC) y digitalización de la administración pública, fortaleciendo la soberanía tecnológica, la interoperabilidad y los servicios digitales transfronterizos en Europa.

Página web de la Comisión Europea / Agencia Ejecutiva Europea de Salud y Digital (HaDEA) que describe el Connecting Europe Facility (CEF): instrumento clave de financiación de la UE para inversiones en infraestructuras trans‑europeas (2021‑2027) en transporte, energía y servicios digitales para mejorar conectividad, competitividad y sostenibilidad entre Estados miembros. CEF Digital, gestionado por HaDEA, apoya proyectos de conectividad digital de interés común, incluyendo redes de muy alta capacidad, despliegue de 5G y infraestructuras de nube y borde, así como corredores 5G en transporte y sistemas de comunicación cuántica (EuroQCI) para reforzar la resiliencia y la integración digital europea. El programa promueve inversiones transfronterizas, calidad y cobertura digital en educación, sanidad y administración pública, con el objetivo de impulsar la transformación digital de la UE hasta 2027

La firma legal Federman & Sherwood ha iniciado una investigación formal contra Neighbors Credit Union tras el reporte de un incidente de seguridad que comprometió los datos personales de miles de sus miembros. La filtración, detectada originalmente en septiembre de 2024, expuso información altamente sensible, incluyendo nombres completos, números de Seguro Social, licencias de conducir, fechas de nacimiento e información financiera (como números de cuentas y tarjetas de crédito). El bufete de abogados busca determinar si la institución financiera implementó medidas de ciberseguridad adecuadas para proteger a sus clientes y si cumplió con las leyes federales y estatales de privacidad. El comunicado invita a los afectados a unirse a una posible demanda colectiva, enfatizando el riesgo de robo de identidad y fraude financiero que enfrentan los usuarios cuya información médica y personal fue vulnerada debido a las presuntas deficiencias en los protocolos de seguridad de la cooperativa.

Este artículo analiza el Proyecto de Ley del Senado No. 1359, que propone la creación de la «Ley de Responsabilidad de Información Biométrica de Missouri». A diferencia de la estricta ley BIPA de Illinois, esta propuesta busca proteger a las empresas limitando su responsabilidad civil si cumplen con estándares específicos de transparencia y seguridad. La ley establecería un «puerto seguro» (safe harbor) para las entidades privadas, protegiéndolas de daños por divulgación negligente si mantienen políticas claras de retención y destrucción de datos, publican avisos visibles y aplican protocolos de seguridad robustos. El autor destaca que la legislación no crea una nueva vía de demanda para los consumidores (derecho de acción privado), sino que premia la «buena higiene de datos». El objetivo es fomentar el uso de tecnologías biométricas en el estado de manera responsable, ofreciendo seguridad jurídica a los negocios que demuestren un manejo disciplinado y transparente de la información sensible de sus clientes y empleados.