Referencias documentales

Una encuesta realizada por la organización MassINC a unos 900 padres de estudiantes de 6º a 12º grado en Massachusetts revela que el 66 % apoya una prohibición “bell-to-bell” del uso de teléfonos móviles en escuelas públicas. La medida, ya aprobada por el Senado estatal y pendiente en la Cámara, obligaría a los distritos a restringir el uso de dispositivos electrónicos durante toda la jornada escolar, aunque prevé excepciones por razones de salud y seguridad. Los defensores argumentan que los móviles generan distracción y afectan al aprendizaje y la salud mental. Sin embargo, el 63 % de los padres también desea mecanismos alternativos para comunicarse con sus hijos durante el horario escolar, citando preocupaciones por emergencias y seguridad. El debate se enmarca en una tendencia nacional, con al menos 33 estados que han adoptado políticas similares para limitar el uso de teléfonos en centros educativos.

Se trata de un compendio de directrices interpretativas y operativas del Garante per la protezione dei dati personali, destinado a regular el tratamiento de datos personales, especialmente sanitarios, en plataformas digitales que ponen en contacto a pacientes y profesionales de la salud. El documento ofrece orientaciones sistemáticas a desarrolladores, proveedores de servicios y profesionales sanitarios sobre la correcta aplicación del Reglamento (UE) 2016/679, abordando la base jurídica del tratamiento, el principio de minimización, la seguridad de los datos, la gestión del consentimiento, la transparencia informativa y la delimitación de responsabilidades entre titulares y encargados. El objetivo central es garantizar un uso lícito, proporcional y seguro de tecnologías digitales en el ámbito sanitario, conciliando innovación, eficiencia asistencial y protección reforzada de los derechos fundamentales de la persona.

El estado de Rhode Island plantea una iniciativa legislativa (S 2021) orientada a facilitar el uso cotidiano de Bitcoin mediante la exención fiscal de pequeñas transacciones. El proyecto propone que tanto particulares como empresas puedan vender o intercambiar hasta 5.000 dólares mensuales o 20.000 anuales en Bitcoin sin que dichas operaciones tributen en el impuesto estatal sobre la renta. La medida, prevista para el periodo 2027–2028, busca simplificar las obligaciones fiscales de operaciones cripto de escasa cuantía, fomentando el cumplimiento mediante un sistema de autocertificación anual y requisitos de registro razonables. El texto subraya que la exención no está pensada para inversiones especulativas, sino para el uso ordinario de Bitcoin como medio de pago. La norma será evaluada tras un año para valorar su impacto económico y fiscal, con posibilidad de modificación o prórroga.

Marco tripartito ‘proteger, respetar y remediar’ respaldado por unanimidad por el CDH en la resolución A/HRC/RES/17/4 (2011). Aunque no son jurídicamente vinculantes, constituyen el estándar de referencia global invocado por el DSA europeo, el Pacto Digital Global y los marcos de responsabilidad corporativa en materia de IA. La ausencia de un tratado vinculante sobre empresas y derechos humanos los deja como único estándar universalmente reconocido.

La revolución digital ha provocado importantes consecuencias, incluso desde la perspectiva sucesoria, que exigen la capacidad de adaptar las categorías tradicionales y las teorías clásicas a la luz de la evolución (digital) del propio concepto de “identidad”, de “muerte” y de “herencia”.
En el estado actual se reconoce una protección normativa limitada, dejando a la jurisprudencia la tarea de colmar ciertos vacíos de tutela y al testador la responsabilidad de regular la sucesión relativa a las “entidades digitales” con los instrumentos jurídicos disponibles, tal como los contempla el ordenamiento vigente.
El presente estudio, sin pretensión de exhaustividad, intenta ofrecer algunos puntos de reflexión para un encuadre general de la materia en cuestión, tan compleja como sugestiva y en constante evolución.

Página web donde se explica el Plan de acción europeo sobre la ciberseguridad de los hospitales y los prestadores de asistencia sanitaria: iniciativa lanzada el 15 de enero de 2025 para reforzar la protección de los sistemas sanitarios frente a ataques informáticos y de ransomware, que afectan cada vez más al sector y pueden poner en riesgo la atención al paciente. El plan articula cuatro pilares —prevención, detección de amenazas, respuesta y recuperación, y disuasión de actores maliciosos— y busca proporcionar orientación, herramientas, servicios y formación específicos para hospitales y proveedores de salud

El informe examina la situación actual del uso de datos sanitarios, la salud digital y la IA en el sector sanitario europeo, incluyendo servicios de salud transfronterizos. Analiza cómo se están adoptando tecnologías digitales y sistemas de IA, identifica barreras a su implementación (tecnológicas, legales, organizativas y sociales) y ofrece una evaluación detallada de los principales retos y oportunidades para integrar estas innovaciones de forma segura y eficaz. También estudia la cooperación entre Estados miembros y marco normativo existente, proporcionando una base para futuras intervenciones de política de la UE que promuevan la interoperabilidad de datos, la calidad de los sistemas de IA y la mejora de los servicios de salud para pacientes, profesionales y sistemas sanitarios

El informe analiza como la IA generativa (GenAI) interactúa con el derecho de autor desde perspectivas técnica, legal y económica. Explora cómo los sistemas GenAI utilizan obras protegidas para entrenarse y generar nuevos contenidos, y qué marcos jurídicos de la UE son aplicables, incluyendo la Directiva sobre Derecho de Autor en el Mercado Único Digital y la Ley de Inteligencia Artificial. El informe discute los desafíos derivados de la recopilación masiva de datos, la falta de mecanismos estandarizados para que los titulares de derechos reserven o protejan sus obras (opt‑out) y las posibles soluciones técnicas para marcar y detectar contenido generado por IA. También aborda oportunidades para licenciar datos, transparencia de los modelos y la creación de un mercado funcional de datos de entrenamiento, además del lanzamiento previsto de un Centro de Conocimiento sobre Derecho de Autor para apoyar a creadores, desarrolladores y reguladores.

El artículo analiza el Reglamento de IA de la UE desde la perspectiva del derecho de autor y su interacción con las normas emergentes sobre sistemas de IA. El reglamento busca establecer un marco jurídico armonizado para la IA en la UE que promueva tecnologías seguras, transparentes y centradas en el ser humano, y clasifica los sistemas de IA en categorías de riesgo con obligaciones regulatorias distintas. Aunque inicialmente no fue concebido para abordar directamente cuestiones de copyright, el auge de la IA generativa llevó a incluir disposiciones específicas dirigidas a modelos de propósito general que implican transparencia sobre datos de entrenamiento y cumplimiento del derecho de autor europeo. El objetivo esencial es equilibrar los intereses de los titulares de derechos y los desarrolladores de IA para proteger derechos sin frenar la innovación.

La página web explica que la Ley de Mercados Digitales (Digital Markets Act, DMA) como conjunto de normas de la Unión Europea destinado a garantizar una competencia leal en el sector digital, especialmente entre los grandes actores tecnológicos y las pequeñas plataformas. Fue firmada por el Consejo y el Parlamento Europeo el 14 de septiembre de 2022 y entró en vigor el 2 de mayo de 2023. La DMA define criterios objetivos para identificar a las grandes plataformas dominantes, llamadas “guardianes de acceso”, que tienen una gran base de usuarios y una posición de mercado dominante. A estas empresas se les imponen obligaciones y prohibiciones (por ejemplo, no promocionar sus propios productos, no limitar métodos de pago ni reutilizar datos entre servicios) para evitar prácticas desleales y fomentar la innovación, la elección del consumidor y condiciones más justas para las pymes. El incumplimiento puede acarrear multas de hasta el 10 % o incluso 20 % del volumen de negocio global.