Referencias documentales

El intercambio de datos entre administraciones es una condición indispensable para la aplicación del principio que rige la simplificación y la búsqueda de la eficiencia del servicio público. Los intercambios electrónicos de información entre administraciones y con los usuarios se han ido consolidando poco a poco desde el punto de vista jurídico, hasta las recientes disposiciones de la ley denominada 3DS, de 21 de febrero de 2022, destinada a acelerar el intercambio de datos entre administraciones en beneficio del usuario, que permiten acercarse al usuario. Ya no se trata solo de que las administraciones intercambien la información necesaria para tramitar una solicitud o una declaración de un usuario del servicio público; ahora este intercambio también es posible para «informar a las personas sobre su derecho a beneficiarse de una prestación o ventaja (…) y para concederles eventualmente dichas prestaciones o ventajas». Así, asistimos a una auténtica revolución jurídica desencadenada por la irrupción de los datos en el servicio público, que lleva a los derechos «reclamables» (abiertos a petición de las personas) por el camino de los derechos «portátiles» (abiertos automáticamente). Si los derechos de las personas sobre sus datos personales son el núcleo de este sistema de intercambio de datos, cabe preguntarse si las expectativas razonables de las personas afectadas no deberían seguir respetándose una vez que estos datos se han seudonimizado, para su reutilización en beneficio del interés general.

Analizar el teletrabajo desde la perspectiva del servicio público revela la resiliencia de este ante el fenómeno de la digitalización del derecho en nombre del principio de mutabilidad, así como ante la crisis sanitaria en nombre del principio de continuidad. En la práctica, el teletrabajo conlleva cambios espaciotemporales en la prestación del servicio público.

Estudio jurídico sobre el impacto medioambiental del proceso de digitalización y la respuesta normativa a este fenómeno, tanto a nivel europeo como nacional. La autora defiende la Huella Ambiental Europea como escala para la calificación de nuevos productos, pues ofrece un enfoque holístico que toma en consideración diversos factores (emisiones de gases de efecto invernadero, consumo de agua o de otros recursos no renovables…), creando un estándar unificado que no infringe la soberanía nacional de los Estados Miembro. También aborda posibles medidas para disminuir el impacto de la industria en el medioambiente, con especial atención a las medidas tendentes a extender la vida útil de los productos.

La misión de proteger al público joven frente uso de las pantallas es probablemente una de las misiones más arraigadas en la labor del regulador francés, la ARCOM. La exposición de menores a contenidos pornográficos es un fenómeno que va en aumento con la democratización de los teléfonos inteligentes. El artículo detalla la complejidad tanto en el plano jurídico como en el plano técnico de las medidas de filtrado del acceso o del bloqueo a sitios web. No obstante, llamada a pronunciarse sobre una cuestión prioritaria de constitucionalidad, la Corte de Casación francesa afirmó sin ambages que la restricción de la libertad de expresión, asociada a la imposición de un dispositivo de verificación de la edad de la persona que accede a contenidos pornográficos, distinto de una simple declaración de mayoría de edad, resulta necesaria, adecuada y proporcionada (Cass. 1re civ., 5 janv. 2023, n° 22-40.017).

Al erigir en prioridad la lucha contra la exposición de los menores a la pornografía en Internet, Francia ha adoptado diversas medidas que, como regla general, no vulneran los derechos garantizados por el Convenio Europeo de Derechos Humanos. El marco jurídico destinado a hacer concreta y efectiva la protección de los menores ha sido considerado razonable y adecuado. Si bien restringe los derechos de los proveedores de contenidos pornográficos, en particular su libertad de expresión, la necesidad de preservar la protección de este colectivo de personas vulnerables hace que tal limitación resulte proporcionada.

Incorporada al Derecho desde la Ley de bioética de 2011, la neuroética se ha integrado en la esfera jurídica bajo la forma de un régimen especial: el derecho de las neurotecnologías. Inscrito en el ámbito del derecho de la bioética, era obvio que este régimen tuviera en cuenta el riesgo sanitario que generan estas tecnologías. Con todo, la justificación de la creación de normas específicas para las técnicas neurocientíficas reside, principalmente, en la existencia de un riesgo de otra naturaleza: el riesgo conductual. Partiendo de esta premisa, apenas tomada en consideración por el legislador, se proponen medidas para cada familia de neurotecnologías. Así, en lo que respecta a las técnicas de imagen cerebral, se hace necesario restringir los fines autorizados y corregir las modalidades del consentimiento. En lo que respecta a las técnicas de neuromodulación, es preciso limitar los fines de uso y adaptar las normas en materia de responsabilidad.

A las dicotomías tradicionales (trabajo por cuenta ajena/trabajo por cuenta propia; relaciones individuales/relaciones colectivas) parece sumarse ahora una distinción adicional entre relación laboral «material» y relación laboral «inmaterial». Con la aparición de la informática y la electrónica, este carácter inmaterial impregna la relación laboral hasta acabar «digitalizándola». A menudo asociada a la uberización, que corresponde a una desintermediación de las relaciones físicas, la digitalización también se confunde con la desmaterialización, «que consiste en sustituir los documentos en papel por documentos electrónicos». Este primer enfoque de la digitalización es relevante tanto en las relaciones colectivas como en las relaciones laborales individuales. Sin embargo, se está desarrollando una segunda acepción de la digitalización que se refiere al uso de herramientas y procesos digitales (ordenadores, teléfonos inteligentes, objetos conectados) que requieren, para su funcionamiento, una conexión a Internet o a una red más restringida. A primera vista, esto no parece suscitar debate, ya que la digitalización es un fenómeno que afecta a la gran mayoría de los empleados, que resultan ser empleados conectados. En este sentido, la digitalización está al servicio de la relación laboral y constituye un medio para ejecutar la relación laboral.

En un panorama tecnológico en constante evolución, en el que el software libre, la ciencia abierta y la inteligencia artificial se entrecruzan y redefinen las fronteras de la innovación y el conocimiento, desentrañar sus interdependencias resulta, a la vez, primordial y complejo. Estos conceptos, aunque distintos, comparten una visión común de la accesibilidad y la difusión del conocimiento, al tiempo que navegan por aguas turbulentas, marcadas por numerosos debates y cuestiones jurídicas sin resolver.

Implantes cerebrales, diademas y auriculares equipados con electrodos: la lectura y la estimulación del cerebro se sitúan en el centro de una rica investigación terapéutica y se convierten, sin demasiada perspectiva ni pruebas de su eficacia, en un producto de consumo. Ya no se trata solo de curar y reparar, sino potencialmente de aumentar las funciones cerebrales. El artículo reflexiona sobre los beneficios y riesgos de estas nuevas aplicaciones de las neurotecnologías.

El teletrabajo plantea cuestiones jurídicas relacionadas con la calificación de los accidentes que se producen durante esta modalidad de organización del trabajo. El artículo L1222-9 del Código del Trabajo establece una presunción del carácter profesional de estos accidentes, pero la jurisprudencia limita esta presunción y exige que se demuestren materialmente los períodos de trabajo efectivos.