Referencias documentales

El informe explica que España tiene infraestructura digital sólida, con conectividad avanzada (fibra óptica ≈ 95 % y 5G ≈ 95 % de cobertura poblacional) y un alto número de nodos edge, situándose por encima de la media de la UE. La hoja de ruta incluye 67 medidas con ≈ 33,8 mil millones € (≈ 1,68 % del PIB) para 2024–25, focalizadas en digitalización, IA, semiconductores y habilidades digitales. La digitalización de empresas, especialmente pymes, aún está rezagada respecto a objetivos y hay recomendaciones para acelerar la adopción de IA y aumentar especialistas TIC. España ha promovido derechos digitales y protección de menores en línea. Los servicios públicos digitales (Mi Carpeta Ciudadana, DNI digital) están muy desarrollados y la ciudadanía valora la digitalización, así como la lucha contra la desinformación. La transformación digital se vincula también a la ecologización inteligente y a la ciberseguridad.

Suecia cuenta con infraestructura digital sólida (VHCN, FTTP, 5G por encima de la media de la UE) y un ambiente favorable a startups, pero no alcanzará el 100 % de cobertura de fibra por el coste de conectar zonas remotas. La hoja de ruta tiene 40 medidas con un presupuesto de ~€3,5 bn (0,5 % del PIB). Su población tiene altos niveles de habilidades digitales y la mayor proporción de graduados en TIC de la UE, aunque enfrenta retos para mantener el crecimiento de especialistas TIC. Suecia está por debajo de la media de la UE en acceso en línea a historiales médicos electrónicos debido a factores administrativos y legales. El Plan de Recuperación y Resiliencia se orienta a la transición verde, pero los aspectos digitales de la ecologización no destacan. Según el Eurobarómetro 2025, el 85 % valora la digitalización y el 97 % considera importante combatir la desinformación

La expansión de la banda ancha en Vermont, financiada con más de 100 millones de dólares y articulada mediante distritos de comunicación, ha sido necesaria pero insuficiente. El verdadero problema no es la conectividad, sino la falta de capacidad institucional de los pequeños municipios para gestionar servicios digitales complejos, ciberseguridad, subvenciones y atención en línea. La cooperación informal entre localidades ya no basta. Ciertas propuestas incluyen crear Consejos de Gobiernos (Councils of Governments) como entidades regionales formales, con personal profesional y gobernanza estable, que permitan prestar servicios digitales compartidos sin eliminar la autonomía local. El argumento central recurrente es que la brecha actual es estructural: sin instituciones regionales de implementación, la inversión en infraestructura digital no se traduce en una administración pública moderna, equitativa y eficaz.

La Agency of Digital Services (ADS) de Vermont presenta su estrategia 2026-2028 orientada a modernizar y unificar la tecnología estatal bajo el enfoque “One ADS”. La agencia, creada como entidad única de servicios digitales tras la reforma de 2019, busca automatizar y hacer más fiables los servicios públicos, mejorar la experiencia digital de la ciudadanía y reforzar la ciberseguridad. La estrategia se apoya en cuatro ejes: experiencia de usuario, estándares comunes, reducción de complejidad técnica y presupuestación basada en servicios. Además, articula iniciativas de liderazgo organizativo, estandarización de servicios, alineación de inversiones y modelo financiero sostenible. El plan estratégico persigue una administración digital más accesible, segura y eficiente a largo plazo.

La ACLU (American Civil Liberties Union) de Massachusetts denuncia que más de 40 departamentos policiales del estado utilizan lectores automáticos de matrículas (LPR) de la empresa Flock Safety y comparten esos datos en una red nacional con más de 7.000 agencias. Esto permite que policías de otros estados puedan rastrear en tiempo real a conductores en Massachusetts sin orden judicial ni sospecha razonable. Aunque la ley estatal “Shield Law” busca proteger a quienes acceden a servicios sanitarios legales en Massachusetts, el sistema de intercambio masivo de datos debilita esa protección. La ACLU reclama una ley estatal que limite el uso, conservación y cesión de estos datos, exija órdenes judiciales y refuerce las garantías de privacidad frente a esta vigilancia masiva.

La Administración Healey-Driscoll ha presentado el Plan Estratégico de Accesibilidad y Equidad Digital de Massachusetts, elaborado por el Digital Accessibility and Equity Governance Board en cumplimiento de la Orden Ejecutiva 614 de 2023, emitida en el aniversario de la ADA. El plan establece misión, objetivos y estrategias para garantizar que los servicios digitales del gobierno estatal sean accesibles a personas con discapacidad y, en consecuencia, más inclusivos para toda la población. Se articula en seis ejes: financiación y organización del programa, marco de gobernanza y cumplimiento, participación de actores, contratación tecnológica accesible, capacitación del personal público y diseño de servicios digitales inclusivos. La iniciativa consolida un enfoque transversal que integra accesibilidad en la gestión tecnológica pública.

Con la New Jersey Innovation Authority (NJIA), iniciativa del gobernador Phil Murphy, Nueva Jersey se convierte así en el primer estado en consagrar por ley una oficina estatal de innovación, consolidando un modelo basado en diseño centrado en las personas, metodologías ágiles y uso responsable de inteligencia artificial. La nueva autoridad continuará modernizando servicios públicos, reduciendo cargas administrativas y mejorando la eficiencia, con logros recientes como la ampliación del acceso a beneficios sociales, la modernización de centros de llamadas y la simplificación de trámites digitales. La NJIA estará dirigida por un consejo de 13 miembros y coordinará esfuerzos tecnológicos interagenciales, garantizando continuidad institucional más allá de cambios políticos y reforzando el liderazgo estatal en innovación y gobernanza digital.

Delaware lanzó un programa piloto de licencias de conducir móviles (mDL) en colaboración con IDEMIA, con la participación de 200 empleados estatales y ciudadanos. Estas licencias digitales permiten verificar la identidad y edad sin mostrar información sensible, como la fecha de nacimiento completa. También ofrecen funciones de seguridad como autenticación facial y códigos QR. El piloto evaluó su uso en interacciones con la policía y comercios, buscando mejorar la privacidad, seguridad y comodidad del usuario. El objetivo es modernizar la identificación estatal y facilitar servicios digitales más seguros y eficientes.

Maryland ha desarrollado una app estatal para verificar licencias digitales, disponible en Apple y Google Play. Permite a negocios y organismos validar la identidad y edad de los usuarios mediante Mobile ID. El sistema mejora la seguridad, la privacidad y la eficiencia, y ya se usa en aeropuertos y comercios

El artículo informa sobre la creación del Maryland Digital Service (MDDS), un equipo interno dedicado a mejorar la experiencia digital de los ciudadanos en sus interacciones con el gobierno estatal. Liderado por Marcy Jacobs, el equipo busca ofrecer servicios accesibles, seguros y centrados en el usuario, reduciendo costes y aumentando la eficiencia. Esta iniciativa refuerza la confianza en las instituciones mediante soluciones digitales inclusivas y sostenibles.