Referencias documentales

La Administración Healey-Driscoll ha presentado el Plan Estratégico de Accesibilidad y Equidad Digital de Massachusetts, elaborado por el Digital Accessibility and Equity Governance Board en cumplimiento de la Orden Ejecutiva 614 de 2023, emitida en el aniversario de la ADA. El plan establece misión, objetivos y estrategias para garantizar que los servicios digitales del gobierno estatal sean accesibles a personas con discapacidad y, en consecuencia, más inclusivos para toda la población. Se articula en seis ejes: financiación y organización del programa, marco de gobernanza y cumplimiento, participación de actores, contratación tecnológica accesible, capacitación del personal público y diseño de servicios digitales inclusivos. La iniciativa consolida un enfoque transversal que integra accesibilidad en la gestión tecnológica pública.

La inteligencia artificial ya es una realidad en Rhode Island y el Estado busca posicionarse como referente nacional mediante una estrategia pública responsable e inclusiva. El gobernador Dan McKee impulsó en 2024 el Rhode Island AI Task Force, que acaba de publicar un informe con recomendaciones para anticipar impactos y aprovechar oportunidades. El plan propone que el sector público lidere la adopción ética de la IA, con gobernanza, transparencia y control de sesgos, a la vez que refuerza la formación del personal. Destaca la preparación de estudiantes y trabajadores “AI-ready”, desde K-12 hasta la educación superior, y la atracción de empresas mediante una fuerza laboral capacitada. Expertos como Jim Langevin subrayan que la IA transformará empleo, educación y servicios públicos, mejorando la eficiencia y la experiencia ciudadana si se implementa con responsabilidad.

Existe cierta inquietud entre los ciudadanos de New Hampshire respecto al estado de sus derechos de privacidad frente a las tecnologías de vigilancia empleadas por las fuerzas del orden en New Hampshire y el marco jurídico que limita su uso. La normativa estatal y la jurisprudencia del Tribunal Supremo exigen orden judicial para acceder al contenido y localización histórica de teléfonos móviles, instalar dispositivos GPS o utilizar simuladores de antenas, imponiendo además obligaciones de borrado de datos. Existen restricciones específicas para lectores automáticos de matrículas y cámaras corporales, incluyendo límites de conservación y protección frente al reconocimiento facial. Sin embargo, no hay regulación sobre drones, software de monitorización de redes sociales o “policía predictiva”. Aunque en 2018 se incorporó un derecho constitucional a la privacidad, su alcance práctico aún depende de interpretación judicial.

La expansión de la banda ancha en Vermont, financiada con más de 100 millones de dólares y articulada mediante distritos de comunicación, ha sido necesaria pero insuficiente. El verdadero problema no es la conectividad, sino la falta de capacidad institucional de los pequeños municipios para gestionar servicios digitales complejos, ciberseguridad, subvenciones y atención en línea. La cooperación informal entre localidades ya no basta. Ciertas propuestas incluyen crear Consejos de Gobiernos (Councils of Governments) como entidades regionales formales, con personal profesional y gobernanza estable, que permitan prestar servicios digitales compartidos sin eliminar la autonomía local. El argumento central recurrente es que la brecha actual es estructural: sin instituciones regionales de implementación, la inversión en infraestructura digital no se traduce en una administración pública moderna, equitativa y eficaz.

La Agency of Digital Services (ADS) de Vermont presenta su estrategia 2026-2028 orientada a modernizar y unificar la tecnología estatal bajo el enfoque “One ADS”. La agencia, creada como entidad única de servicios digitales tras la reforma de 2019, busca automatizar y hacer más fiables los servicios públicos, mejorar la experiencia digital de la ciudadanía y reforzar la ciberseguridad. La estrategia se apoya en cuatro ejes: experiencia de usuario, estándares comunes, reducción de complejidad técnica y presupuestación basada en servicios. Además, articula iniciativas de liderazgo organizativo, estandarización de servicios, alineación de inversiones y modelo financiero sostenible. El plan estratégico persigue una administración digital más accesible, segura y eficiente a largo plazo.

La ACLU (American Civil Liberties Union) de Massachusetts denuncia que más de 40 departamentos policiales del estado utilizan lectores automáticos de matrículas (LPR) de la empresa Flock Safety y comparten esos datos en una red nacional con más de 7.000 agencias. Esto permite que policías de otros estados puedan rastrear en tiempo real a conductores en Massachusetts sin orden judicial ni sospecha razonable. Aunque la ley estatal “Shield Law” busca proteger a quienes acceden a servicios sanitarios legales en Massachusetts, el sistema de intercambio masivo de datos debilita esa protección. La ACLU reclama una ley estatal que limite el uso, conservación y cesión de estos datos, exija órdenes judiciales y refuerce las garantías de privacidad frente a esta vigilancia masiva.

El artículo argumenta que la Comisión Electoral del Condado de Shelby debe adoptar un proceso formal para permitir comentarios públicos por escrito. Expone que, aunque el organismo celebra reuniones abiertas, no existe un mecanismo para que residentes que no pueden asistir en persona —por razones de trabajo, transporte u otras barreras— puedan aportar opiniones sobre decisiones que afectan la administración electoral local. El texto sostiene que permitir comentarios escritos aumentaría la transparencia, garantizaría una participación más inclusiva y fortalecería la confianza en el proceso electoral.

El estudio examina los desafíos éticos y sociales de la «tormenta tecnológica» que se aproxima debido a la convergencia de tecnologías digitales como inteligencia artificial (IA), internet de las cosas (IoT), robótica, blockchain y realidad aumentada/virtual, junto con redes 5G/6G. Analiza cómo esta combinación de tecnologías emergentes creará sistemas sociotécnicos complejos con características como autonomía, interconectividad, opacidad y gran recolección de datos, planteando retos para la privacidad, la equidad, la sostenibilidad energética y la justicia social. El estudio identifica nueve desafíos clave, como impactos en la vida íntima, riesgos cibernéticos y concentración de poder tecnológico, y propone opciones de política pública: gestionar infraestructuras digitales como bienes comunes, instituir un observatorio europeo de tecnologías convergentes, aumentar la alfabetización digital, promover el «diseño para valores» y fomentar la innovación digital orientada a retos sociales.

Este estudio del Parlamento Europeo analiza las implicaciones de la transformación digital en grupos sociales vulnerables, como personas con menores ingresos y nivel educativo, personas mayores, personas con discapacidades, grupos étnicos minoritarios y quienes viven en zonas remotas o aisladas. Examina la literatura académica, datos secundarios y tres estudios de caso sobre desigualdad digital en el comercio electrónico, servicios financieros digitales y acceso a la información. El informe revisa la legislación de la UE relacionada con estas áreas y muestra que el digital divide continúa afectando más a ciertos grupos, con brechas persistentes en uso de Internet, e‑commerce y servicios digitales. Propone recomendaciones de políticas europeas, como crear un Observatorio Europeo sobre la Brecha Digital, revalorizar la legislación digital considerando su impacto en vulnerables e incluir programas de cohesión que reduzcan dichas brechas.

Este estudio del Parlamento Europeo analiza la digitalización y el derecho administrativo en la UE: identifica cinco lagunas regulatorias actuales que afectan la transparencia, la seguridad jurídica, la carga para ciudadanos y empresas, el acceso a la información y los recursos de reparación, especialmente en el contexto de herramientas digitales y decisiones automatizadas. Evalúa principales retos de la administración pública europea, muestra prácticas óptimas en Estados miembros y propone tres opciones políticas de acción a nivel de la UE: regulación del procedimiento administrativo, regulación de la actividad administrativa y un código no vinculante para una administración digital. La valoración de cada opción considera su impacto en eficiencia, certidumbre legal, cargas administrativas y confianza pública, subrayando el potencial valor añadido europeo para armonizar normas y mejorar la administración en la era digital