Fortaleciendo el acceso al conocimiento y el análisis crítico sobre los derechos digitales, este buscador permite explorar de forma ágil una cuidada selección de materiales y documentos, con fuentes confiables y actualizadas.
Policy and investment recommendations for trustworthy Artificial Intelligence
Hight Level Expert Group (HLEG) | 2018
El informe presenta 33 recomendaciones dirigidas a las instituciones de la UE y los Estados miembros para promover una inteligencia artificial confiable que combine sostenibilidad, crecimiento, competitividad e inclusión, al mismo tiempo que empodere, beneficie y proteja a las personas. El documento forma parte de la estrategia europea de IA y acompaña las orientaciones éticas sobre IA confiable, destacando la necesidad de políticas públicas e inversiones que refuercen la gobernanza, la transparencia, la seguridad y el respeto de derechos fundamentales, e impulse la adopción de IA que favorezca la economía de datos y la innovación responsable en Europa. La UE, como actor clave en el desarrollo e implementación de IA, debe apoyar la creación de un ecosistema robusto con normas claras y financiación estratégica, equilibrando la protección de las personas con el fomento de tecnologías avanzadas
Net neutrality: NC bill would keep Obama regulations
Lynn Bonner | 2018
El artículo del News & Observer relata cómo estudiantes de secundaria en Carolina del Norte utilizaron redes sociales para organizar protestas contra la violencia armada. A través de plataformas digitales, coordinaron marchas y expresaron sus demandas políticas. El texto destaca el papel de los entornos digitales como espacios de movilización juvenil y ejercicio de la libertad de expresión, especialmente en contextos de activismo social.
El artículo analiza un caso en Alabama donde el Secretario de Estado presionó a Google para retirar un anuncio político que consideraba engañoso. Aunque el contenido del anuncio era técnicamente correcto, se temía que disuadiera a los votantes. El autor advierte sobre los riesgos de que funcionarios públicos interfieran en la libertad de expresión digital y destaca la importancia de proteger la privacidad de los donantes políticos frente a posibles represalias.
El artículo de FIRE informa que el Tribunal Supremo de Carolina del Norte declaró inconstitucional una ley estatal contra el ciberacoso por violar la Primera Enmienda. La norma penalizaba la publicación de información personal sobre menores con intención de intimidar. El tribunal concluyó que la ley regulaba contenido protegido por la libertad de expresión y no estaba redactada de forma suficientemente precisa para cumplir con los estándares constitucionales.
El informe analiza cómo la revolución digital ha transformado profundamente la sociedad, la economía y la comunicación, y plantea que el acceso universal a redes abiertas y bidireccionales es esencial hoy en día. Describe el principio de neutralidad de la red como la no discriminación en el tratamiento de información, garantizando que usuarios puedan acceder, enviar y recibir datos sin bloqueo ni priorización injustificada. El documento examina el contexto técnico, económico y jurídico del internet abierto, subrayando tensiones entre prácticas no neutras de operadores y los valores de innovación y participación. Propone una definición amplia de neutralidad que abarque redes e infraestructuras, y sugiere que este principio debería integrarse en el marco legal con flexibilidad para adaptarse a la evolución tecnológica y de usos, incorporando servicios de acceso y comunicación que se han vuelto centrales para los usuarios.
La relación entre la norma suprema e Internet resulta de extrema importancia en la era digital. Internet no es una mera una innovación técnica, pues supone una revolución en los modos de vida, de comunicación y de consumo. En términos de libertades individuales y públicas, Internet constituye un elemento ineludible para el ejercicio de la libertad de comunicación e información, pero es también un factor de nuevos riesgos para la protección de la vida privada y de los datos personales. En este contexto, la aproximación entre Internet y la Constitución se ha producido tanto en la afirmación de las grandes libertades garantizadas constitucionalmente, como en la definición de los grandes equilibrios entre las libertades frente a los nuevos riesgos de Internet. La Constitución y la jurisprudencia constitucional han sabido adaptarse al reto digital del siglo XXI, aunque la era digital invita al reconocimiento de nuevos derechos.
Observación General n.º 34 — Artículo 19: Libertad de opinión y libertad de expresión (CCPR/C/GC/34)
Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas | 2011
Interpretación autorizada del artículo 19 del PIDCP. El párrafo 43 establece que cualquier restricción a sitios web, blogs u otros sistemas de difusión en Internet solo es admisible si cumple el triple test del artículo 19.3. Afirma que los bloqueos genéricos son incompatibles con el Pacto. Documento de referencia fundamental para el análisis de la libertad de expresión en el entorno digital.
Ámbitos específicos 
Garantía 
IA 
Igualdad 
Libertad 
Participación