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Comment agir pour une information fiable, indépendante et pluraliste au service de la démocratie ?
CESE | 2023
El mundo de los medios de comunicación se enfrenta hoy en día a numerosos retos: inteligencia artificial, algoritmos, noticias falsas, educación en materia de medios de comunicación e información, acceso y ejercicio de la profesión de periodista, injerencias extranjeras y manipulación de la información. El derecho de los ciudadanos a una información fiable, independiente y pluralista, parece estar más que nunca en entredicho. En este contexto, y coincidiendo con los Estados Generales de la Información (EGI), el Conseil Économique, social et environmental (CESE) ha puesto en marcha una serie trabajos en favor de una información fiable, independiente y pluralista al servicio de la democracia.
Liibro blanco sobre la inteligencia artificial – un enfoque europeo orientado a la excelencia y la confianza
Comisión Europea | 2020
El libro blanco propone opciones de política para impulsar el desarrollo y uso de la IA en la UE, equilibrando innovación con gestión de riesgos y respeto por derechos y valores fundamentales. Plantea dos pilares: crear un “ecosistema de excelencia” para investigación, innovación y competitividad, y un “ecosistema de confianza” con reglas que aborden riesgos de ciertos usos de la IA (especialmente en sectores críticos) mediante requisitos como transparencia, robustez, supervisión humana y otros mecanismos regulatorios. El documento se abrió a consulta pública y sirvió de base para el posterior desarrollo del marco legislativo europeo sobre IA, como la Ley de Inteligencia Artificial de la UE.
El artículo advierte que las propuestas legislativas en Connecticut para restringir el uso de redes sociales, bajo la justificación de proteger a los menores, amenazan gravemente la libertad de expresión. Requerir verificación de edad e identidad limita el anonimato y expone a usuarios a riesgos de privacidad y ciberseguridad. Además, podría excluir a comunidades marginadas sin documentos oficiales y empujar a las plataformas a censurar contenidos, creando espacios digitales empobrecidos. Los tribunales en otros Estados ya han bloqueado leyes similares por violar la Primera Enmienda. El texto enfatiza que estas medidas convierten internet en un espacio restrictivo, contrario a su esencia abierta.
Florida teachers face scrutiny over online political posts; freedom of speech protected with limitat
FOX 35 Orlando | 2025
El vídeo informa sobre la advertencia del comisionado de educación de Florida a los docentes que publican comentarios políticos en redes sociales, especialmente tras la muerte del activista Charlie Kirk. Se señala que los educadores podrían enfrentar sanciones por publicaciones consideradas inapropiadas. El caso plantea el debate sobre los límites de la libertad de expresión en el ámbito educativo y el equilibrio entre derechos individuales y normas profesionales.
El artículo analiza un caso en Alabama donde el Secretario de Estado presionó a Google para retirar un anuncio político que consideraba engañoso. Aunque el contenido del anuncio era técnicamente correcto, se temía que disuadiera a los votantes. El autor advierte sobre los riesgos de que funcionarios públicos interfieran en la libertad de expresión digital y destaca la importancia de proteger la privacidad de los donantes políticos frente a posibles represalias.
Protecting Free Speech of Social Media Users in Mississippi
Woodhull Freedom Foundation | 2025
El documento es un amicus brief presentado ante la Corte Suprema en el caso NetChoice v. Fitch, que impugna la ley de Mississippi H.B. 1126. Esta ley exige verificación de edad para acceder a redes sociales, afectando tanto a menores como adultos. Las organizaciones firmantes argumentan que la ley vulnera la libertad de expresión, impone censura y limita el acceso a información esencial, especialmente para comunidades marginadas.
Mississippi College suspends 2 employees over social media posts. Here’s what we know
Bonnie Bolden | 2025
El artículo informa sobre la suspensión de dos empleados de Mississippi College por realizar publicaciones consideradas inapropiadas en redes sociales, tras la muerte del activista Charlie Kirk. La institución alegó que los comentarios eran contrarios a sus valores. El caso se enmarca en una tendencia nacional de sanciones laborales por expresiones en línea. También se menciona un despido similar en Ole Miss, lo que plantea debates sobre límites entre expresión personal y responsabilidad profesional.
Arkansas Wants to Unconstitutionally “Card” People Before They Use Social Media
Vera Eidelman, Laura Moraf | 2023
El artículo de la ACLU critica la Ley de Seguridad en Redes Sociales de Arkansas, que exige verificación de edad y consentimiento parental para usar redes sociales. La organización argumenta que esta medida viola la Primera Enmienda, limita el anonimato, pone en riesgo la privacidad y excluye a personas sin identificación oficial. Se destaca que decisiones sobre el uso de redes sociales deben ser personales, no impuestas por el gobierno, y se pide su revocación judicial.
El artículo explica cómo Louisiana penaliza el ciberacoso y el ciberacoso escolar mediante leyes penales y políticas escolares. Define delitos como ciberacoso, ciberacoso agravado, acoso y comunicaciones hostiles electrónicas, con penas que van desde multas hasta prisión. También aborda la jurisdicción juvenil, las políticas escolares obligatorias contra el acoso y la posibilidad de demandas civiles por daños emocionales. Se destacan defensas legales como libertad de expresión y falta de intención.
The Texas Citizens Participation Act: A Video Overview
TexasLawHelp | 2024
Este vídeo ofrece una explicación breve sobre la Ley de Participación Ciudadana de Texas, diseñada para proteger a las personas frente a demandas SLAPP (estratégicas contra la participación pública). Estas demandas buscan silenciar a quienes ejercen sus derechos de la Primera Enmienda. La ley permite presentar mociones para desestimar estas demandas, proteger la libertad de expresión y evitar litigios abusivos que intimidan a ciudadanos por participar en debates públicos.