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AN ACT CONCERNING SOCIAL MEDIA PLATFORMS AND ONLINE SERVICES, PRODUCTS AND FEATURES.
General Law Committee | 2025
Este proyecto de ley de Connecticut establece nuevas regulaciones para plataformas de redes sociales, servicios en línea y protección de datos. Introduce el programa Net Equality para ofrecer acceso asequible a Internet, amplía la Ley de Privacidad de Datos de Connecticut (CTDPA) con mayores protecciones para menores, y exige que las plataformas incluyan centros de seguridad en línea y políticas contra el ciberacoso. También regula la privacidad de vehículos conectados para sobrevivientes de violencia doméstica y modifica normas sobre apuestas deportivas y la lotería estatal. Estas medidas buscan fortalecer la seguridad digital, la equidad tecnológica y la protección de datos personales.
La página «Digital Equity for All» del Office of Equity de Washington explica que el concepto de equidad digital se centra en asegurar que todas las personas tengan acceso asequible e inclusivo a internet, dispositivos, habilidades digitales y entornos accesibles. Señala las disparidades en conectividad, disponibilidad de dispositivos, alfabetización digital y barreras lingüísticas o de discapacidad, y propone políticas para reducir esas brechas y promover la participación plena en la sociedad digital.
Oregon Broadband Equity Coalition marks a year of closing the digital divide
Oregon State University | 2025
El artículo describe el primer año de trabajo de la Oregon Broadband Equity Coalition (OBEC), una alianza entre universidades, proveedores de servicios y comunidades locales para reducir la brecha digital en el Estado. Se destaca la importancia de la conectividad en zonas rurales, el impulso de la educación digital, la inclusión de comunidades tribales y el desarrollo de competencias laborales. OBEC promueve prácticas de equidad digital, ciberseguridad y colaboración multisectorial para lograr un acceso más justo a Internet en Oregón.
El informe del comité de educación analiza el proyecto de ley AB 903 (introducido en febrero de 2025) que obliga a la Junta Estatal de Educación de California a compilar, para fines de 2026, mejores prácticas tecnológicas para escuelas, con un modelo para incorporarlas en los planes de control local (LCAP). Además, establece obligaciones de actualización, capacitación, encuestas sobre uso tecnológico y un comité asesor. Tiene como finalidad cerrar la brecha digital en educación, garantizando acceso equitativo a dispositivos, conectividad y competencias tecnológicas en las escuelas más necesitadas del Estado.
La página describe el programa Alaska Digital Empowerment Capacity Grant Program, gestionado por la Alaska Broadband Office. El proceso de solicitud está abierto entre el 13 de diciembre de 2024 y el 12 de abril de 2025. También se vincula al Alaska Digital Empowerment Plan y al Broadband Workforce Development Plan, todas iniciativas orientadas a expandir el acceso a internet de banda ancha, reducir costos, mejorar calidad del servicio y promover la inclusión digital en el Estado.
These Rural Alabama Teens Are Training for Cybersecurity Jobs
Macy Sinreich | 2025
El artículo destaca cómo estudiantes de zonas rurales de Alabama están siendo capacitados en ciberseguridad a través de un programa escolar apoyado por Digital Promise. Más de 200 jóvenes han aprendido sobre análisis de datos, respuesta a incidentes y ética digital. El programa busca cerrar brechas educativas y laborales, ofreciendo certificaciones y acceso a empleos en tecnología. Se enfatiza la inclusión de mujeres y el impacto positivo en comunidades con altos índices de pobreza.
Alabama’s Broadband Model for the Nation: A Story of Leadership, Legislative Initiative, and Strategic Investment
Matt Dunne | 2025
El artículo describe cómo Alabama se ha convertido en un modelo nacional de expansión de banda ancha gracias a una estrategia legislativa proactiva, liderazgo estatal y uso eficaz de fondos federales. Desde 2017, el Estado ha reducido significativamente la brecha digital, mejorando la velocidad de conexión y el acceso en zonas rurales. La colaboración entre el gobierno y el sector privado ha sido clave para fomentar la inclusión digital y el desarrollo económico.
Trump calls funding for digital education program in Alabama, and elsewhere, racist
Pat Duggins | 2025
El artículo informa sobre la decisión del expresidente Donald Trump de calificar como “racista” el programa Digital Equity Act, destinado a reducir la brecha digital en comunidades rurales y vulnerables. El programa ofrecía formación en habilidades digitales, distribución de dispositivos y acceso a internet. La administración Trump ha detenido su financiación, lo que pone en riesgo iniciativas en varios Estados. Expertos advierten que esta medida podría agravar la desigualdad tecnológica.
Devon Mills, Ayoung Kim, Alan Barefield y James Barnes | 2025
El informe analiza la disponibilidad de internet de banda ancha en Mississippi, revelando que cerca del 20% de la población no tiene acceso a una conexión de al menos 25 Mbps de descarga y 3 Mbps de subida. La falta de acceso afecta más a zonas rurales y comunidades con bajos ingresos. Se identifican correlaciones entre la disponibilidad de banda ancha, el nivel de pobreza y la posesión de dispositivos tecnológicos, evidenciando una marcada brecha digital.
The Digital Divide: A Barrier to Social, Economic and Political Equity
Istituto per gli Studi di Politica Internazionale | 2025
El texto expone cómo la acelerada evolución de las tecnologías digitales ha transformado de manera transversal las sociedades, las economías y la vida cotidiana, pero también ha intensificado desigualdades estructurales conocidas como brecha digital. Pese a los avances recientes, en 2024 permanecían desconectadas 2.600 millones de personas, lo que revela una distribución profundamente desigual del acceso y del uso de Internet y de tecnologías como la inteligencia artificial. La brecha se manifiesta, en primer lugar, entre países: los Estados de renta baja y media-baja presentan niveles de conectividad muy inferiores a los de renta media-alta y alta. En segundo término, dentro de cada país persisten diferencias relevantes entre áreas urbanas y rurales, asociadas sobre todo a déficits de infraestructura. A ello se suman factores sociales que agravan la exclusión digital, afectando especialmente a mujeres y jóvenes, con notables carencias de competencias digitales. Las consecuencias son amplias: reducción de oportunidades laborales, exclusión del acceso a servicios sanitarios esenciales, freno al crecimiento económico y debilitamiento de la inclusión financiera. Asimismo, las desigualdades digitales tienen impactos políticos, al disminuir la participación cívica y comprometer procesos democráticos. Por ello, cerrar la brecha digital no es solo un reto técnico, sino una condición para promover igualdad, inclusión y participación.