Referencias documentales

Eslovaquia ha mejorado infraestructura digital básica (banda ancha y 5G), pero queda rezagada frente a la media de la UE, especialmente en el despliegue general de redes y la digitalización empresarial. La hoja de ruta nacional incluye 127 medidas con un presupuesto de ≈ 2,26 mil millones € (~1,74 % del PIB) para 2025. Los especialistas TIC y las habilidades digitales de jóvenes muestran avances prometedores, pero hay barreras estructurales (escasez de profesores de TIC/matemáticas; gestión fragmentada) que limitan las capacidades digitales de toda la población. Se adoptó una hoja de ruta para digitalizar procedimientos administrativos en 16 situaciones prioritarias y se recomienda mejorar la usabilidad y disponibilidad de servicios públicos digitales, especialmente para usuarios transfronterizos. Iniciativas como “Capacidades digitales para el futuro ecológico” apuntan a combinar la transición verde y digital. Según el Eurobarómetro 2025, la mayoría valora la digitalización y la lucha contra la desinformación.

En este episodio, el presentador João Tomé conversa con Emily Hancock, Directora de Privacidad (CPO) de Cloudflare, sobre la evolución de la privacidad en 2026 con la irrupción de la inteligencia artificial (IA). Hancock explica cómo su rol ha pasado del cumplimiento del GDPR a una gobernanza de datos más amplia que integra la IA responsable y la ciberseguridad. Se abordan conceptos clave como la privacidad por diseño, la minimización de datos y la necesidad de supervisión humana («human in the loop») para garantizar la precisión y confianza en los sistemas de IA. También se analizan los desafíos de la fragmentación regulatoria global, el aumento de las solicitudes gubernamentales de datos, las estrategias de soberanía digital y la creciente amenaza de los incidentes internos («insider threats»). Hancock subraya la importancia de la colaboración entre equipos de privacidad y seguridad para proteger los datos de los clientes en un entorno donde la IA transforma tanto las capacidades de ataque como de defensa.

La Supreme Court of Pennsylvania en el caso Commonwealth v. Kurtz, concluye que la aceptación de la política de privacidad de Google implica una renuncia a determinadas expectativas de privacidad. El tribunal consideró legítimo que la policía accediera al historial de búsquedas de Google sin orden judicial mediante una “reverse keyword search”, al entender que los usuarios conocen que sus datos son recopilados y tratados por terceros. Según la sentencia, Google informa de forma expresa de que no puede esperarse privacidad al usar sus servicios, lo que equivaldría a un consentimiento válido. Aunque la decisión permitió identificar al autor de un delito grave, plantea serias dudas sobre la protección del derecho a la intimidad, el alcance del consentimiento digital y la erosión de las garantías constitucionales frente a la vigilancia estatal en entornos digitales.

La Cámara de Representantes de Pensilvania ha aprobado recientemente (1 de octubre 2025) el Consumer Data Privacy Act (HB 78), una norma que, de ser finalmente adoptada, establecería el primer marco integral de protección de datos personales en el Estado. La ley regula cómo las empresas recopilan, utilizan y protegen los datos de los consumidores, con umbrales de aplicación relativamente bajos que amplían su alcance a un gran número de negocios. Reconoce a los ciudadanos derechos clave como el acceso, rectificación, supresión y obtención de copias de sus datos, así como la oposición a la publicidad dirigida y a la venta de información personal. Introduce exigencias reforzadas para datos sensibles y menores, impone obligaciones de transparencia, evaluaciones de riesgos y medidas de seguridad, y atribuye la potestad sancionadora exclusivamente al Fiscal General, sin acción privada directa, aunque con impacto reputacional relevante.

La New Jersey Data Privacy Act (NJDPA), firmada el 16 de enero de 2024 y en vigor desde el 15 de enero de 2025, establece un marco general de protección de datos para residentes de Nueva Jersey y fija obligaciones para responsables y encargados, aplicable a entidades que operen en el estado o dirijan servicios a sus residentes y superen ciertos umbrales de tratamiento o venta de datos. Reconoce derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad y oposición (publicidad dirigida, venta y perfiles), e incorpora un principio de minimización ligado a fines legítimos. Exige consentimiento expreso para datos sensibles y prohíbe “patrones oscuros”. Obliga a habilitar vías para solicitudes verificables (45 días, ampliables), prevé evaluaciones de impacto y medidas de seguridad razonables, y manda respetar mecanismos universales de exclusión (como GPC). La ejecución corresponde al Fiscal General, sin acción privada.

Nueva York está construyendo un marco propio de gobernanza digital destinado a reducir su dependencia de las grandes plataformas tecnológicas y reforzar la protección de los datos de sus residentes. A través de iniciativas como la New York Privacy Act, leyes sectoriales sobre datos infantiles y sanitarios, restricciones en la contratación pública de tecnologías de riesgo y la creación de una oficina de activos digitales, la ciudad y el estado avanzan hacia un modelo de control más estricto del poder de las plataformas. Estas medidas imponen consentimiento previo, transparencia radical y mayor control ciudadano sobre la información personal, cuestionando la normalización de la recolección masiva de datos. La estrategia se refuerza con un enfoque institucional coordinado y un liderazgo político más confrontacional con Big Tech, que busca convertir a Nueva York en una “jurisdicción digital segura”. Dado su peso económico y simbólico, este modelo podría influir en otras ciudades y redefinir el equilibrio entre innovación, mercado y derechos digitales.

Los legisladores de Connecticut avanzan hacia la prohibición del uso de tecnologías de reconocimiento facial y otras formas de identificación biométrica en establecimientos comerciales. El líder de la mayoría del Senado, Bob Duff, y el senador James Maroney anunciaron que presentarán un proyecto de ley en la sesión legislativa de 2026 para impedir la recopilación de datos biométricos de los clientes, incluidos escaneos faciales, retinales y huellas de voz. La iniciativa surge tras informaciones sobre el uso opaco de estas tecnologías por parte de cadenas como Wegmans, lo que ha reavivado el debate sobre consentimiento real y riesgos para la privacidad. Aunque la legislación vigente exige consentimiento afirmativo, existen excepciones amplias por motivos de seguridad. La nueva propuesta busca reforzar la protección del consumidor y convertir a Connecticut en un referente nacional frente a la recopilación masiva de datos biométricos en el comercio.

Connecticut se ha situado a la vanguardia regulatoria al reforzar su marco de privacidad de datos para adaptarlo a la inteligencia artificial, especialmente mediante las reformas derivadas de la Senate Bill 1295. La actualización introduce obligaciones de transparencia específicas sobre el uso de datos personales para entrenar modelos de IA, incluyendo grandes modelos de lenguaje, obligando a informar si dichos datos se recopilan, venden o comparten con terceros. Además, amplía significativamente el ámbito de aplicación al reducir los umbrales de cumplimiento y cerrar vacíos legales en la toma de decisiones automatizadas, reconociendo derechos de explicación, impugnación y corrección cuando intervengan algoritmos. La ley redefine también el concepto de datos sensibles, incorporando información neural, de salud mental e identidad de género, y exige evaluaciones de impacto preventivas para tratamientos de alto riesgo. En conjunto, la reforma refuerza la rendición de cuentas algorítmica y anticipa los desafíos éticos del desarrollo de la IA.

La legislatura de Connecticut ha iniciado su sesión de 2026 con un amplio paquete de proyectos de ley tecnológicos centrados en privacidad, menores, reconocimiento facial e inteligencia artificial. Destaca una propuesta del senador Bob Duff para prohibir el uso de reconocimiento facial en comercios, ante el riesgo que supone la recopilación de datos biométricos sin un consentimiento real. En paralelo, se han presentado iniciativas para limitar el acceso de menores a redes sociales, exigir consentimiento parental, restringir notificaciones nocturnas y reforzar la privacidad infantil. También se apoya una prohibición del uso de teléfonos móviles en aulas K-12. Asimismo, el fiscal general William Tong impulsa una reforma de la legislación de protección de datos para adaptarla a la IA y la geolocalización. Finalmente, se prevé reabrir el debate sobre una regulación estatal de la inteligencia artificial que combine protección de derechos, innovación y capacitación digital.

El estado de Rhode Island ha aprobado la Rhode Island Data Transparency and Privacy Protection Act (RIDTPPA), que entrará en vigor el 1 de enero de 2026 y refuerza el derecho a la privacidad frente a riesgos de cibercrimen e identidad digital. La ley impone obligaciones de transparencia y responsabilidad a empresas con ánimo de lucro que operen o dirijan servicios a residentes del estado y superen determinados umbrales de tratamiento o venta de datos. Define ampliamente el concepto de datos personales y establece una categoría reforzada de datos sensibles, incluyendo salud, biometría, orientación sexual o geolocalización precisa. Reconoce derechos clásicos a los ciudadanos (acceso, rectificación, supresión, portabilidad y oposición) y exige consentimiento expreso para el tratamiento de datos sensibles. La aplicación corresponde exclusivamente al Fiscal General, sin acción privada, previendo sanciones de hasta 10.000 dólares por infracción y multas adicionales por divulgaciones intencionadas.