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Pennsylvania Introduces Bill to Restore Net Neutrality Protections
Blake Ledbetter | 2025
En marzo de 2025, legisladores de Pensilvania presentaron un proyecto de ley para restablecer la neutralidad de la red tras la anulación de protecciones federales. La propuesta, impulsada por el representante demócrata Ismail Smith-Wade-El y 13 coauspiciadores, busca impedir que los proveedores de servicios de Internet bloqueen, ralenticen o interfieran con el acceso de los consumidores a contenidos en línea. El texto añade un capítulo sobre “neutralidad de Internet” al Título 66 del Código Consolidado de Pensilvania, ampliando la definición de “servicio público” para incluir a los ISP y someterlos a mayor supervisión regulatoria.
Oregon’s AI Guidance: Old Laws in Scope for New AI
Sheppard, Mullin, Richter & Hampton LLP | 2025
Artículo que discute cómo la reciente guía de Oregón sobre inteligencia artificial podría aplicar leyes antiguas existentes para regular nuevas tecnologías. Argumenta que aunque las prácticas de IA son novedosas, muchas de las normas de privacidad, transparencia y responsabilidad ya vigentes podrían utilizarse para supervisarlas. Explora los desafíos de adaptar marcos legales tradicionales al entorno de IA y los riesgos de lagunas regulatorias.
Net neutrality remains the law of the land in California despite federal ruling
DesertSun | 2025
El texto informa que la legislación de California continúa protegiendo la neutralidad de la red, prohibiendo que los proveedores de Internet bloqueen o degraden tráfico legítimo. A pesar de decisiones federales que debilitan la regulación nacional, la ley estatal (California Internet Consumer Protection and Net Neutrality Act) sigue en vigor y es aplicada para asegurar un tratamiento igualitario de los datos en ese Estado.
The Latest on Net Neutrality – Where Are We In 2025
Broadband Search | 2025
El artículo revisa el Estado de la neutralidad de la red en 2025 y señala que, aunque el gobierno federal perdió autoridad para regular el servicio de internet como utilidad pública, muchas protecciones siguen vigentes a nivel estatal. California es destacada por su ley SB-822, que prohíbe el bloqueo, la ralentización intencionada (throttling) y la priorización pagada del tráfico. Esta ley sobrevivió a impugnaciones judiciales y sigue aplicándose incluso tras decisiones federales que limitan la regulación nacional
El proyecto SB 1036 de Hawái busca codificar principios de neutralidad de la red para prohibir que proveedores de servicios de Internet fijos o móviles bloqueen tráfico basado en contenido, realicen priorización pagada o ofrezcan tarifas zero-rating incentivadas. Rechaza discriminaciones de contenido o servicio por compensación, protegiendo el acceso abierto en la infraestructura digital del Estado.
Comparing U.S. Comprehensive State Privacy Laws: Treatment of Pseudonymous Data
Katherine Danko | 2025
El artículo compara cómo trece Estados de EE. UU. regulan los datos pseudónimos en sus leyes de privacidad. Algunos Estados, como Florida, Iowa y Tennessee, eximen todos los derechos del consumidor respecto a estos datos, mientras que otros ofrecen exenciones parciales o ninguna. Se destaca la importancia de mantener la separación técnica y organizativa entre los datos identificables y los pseudónimos para cumplir con las exenciones legales y proteger la privacidad en publicidad digital.
El informe detalla tres leyes aprobadas en Arkansas para proteger la privacidad de niños y adolescentes. Incluye la Ley de Privacidad en Línea para Menores (HB 1717), que prohíbe la publicidad dirigida y exige consentimiento parental. También se modifican leyes sobre redes sociales (SB 611 y SB 612), imponiendo controles parentales, restricciones de diseño y sanciones por daños causados por contenido nocivo. Además, se regula la monetización de contenido que involucra a menores.
Big Tech, Net Neutrality, and the Future of Online Free Speech with FCC Commissioner Brendan Carr
FCC Commissioner Brendan Carr | 2025
En esta entrevista, el comisionado de la FCC Brendan Carr analiza el papel de las grandes tecnológicas en la moderación de contenidos, la neutralidad de la red y los desafíos para la libertad de expresión en línea. Carr defiende un enfoque que limite el poder de las plataformas sobre el discurso digital y promueve una regulación que garantice el acceso equitativo a la información, sin censura ideológica ni interferencias corporativas.
Régulation de l’espace numérique – Publication de contenus relatifs à l’offre ou la cession de produits stupéfiants
Evan Raschel | 2025
La Ley de 13 de junio de 2025 tendente a sacar a Francia de la trampa del narcotráfico transpone al narcotráfico los dispositivos preexistentes en la LCEN de retirada y bloqueo de contenidos ilícitos por parte de los proveedores de servicios de intermediación en línea, a petición de la autoridad administrativa (oficina contra la ciberdelincuencia). Dado que las solicitudes pueden ser impugnadas ante la justicia administrativa, el Consejo Constitucional consideró que esta ampliación no suponía una vulneración desproporcionada de la libertad de comunicación, siempre y cuando el carácter ilícito de los contenidos fuera manifiesto.
La UE concede a las tecnológicas 16 meses más para que su IA de “alto riesgo” cumpla la normativa
Silvia Ayuso y Manuel G. Pascual | 2025
El artículo explica que la Comisión Europea ha propuesto ampliar hasta diciembre de 2027 (unos 16 meses más) el plazo para que las empresas tecnológicas cumplan los requisitos de supervisión de los sistemas de IA de alto riesgo establecidos en el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial, que entró en vigor en 2024 y clasifica la IA según el nivel de riesgo para usuarios y derechos. El aplazamiento desplaza la aplicación de obligaciones estrictas —como controles, transparencia y estándares técnicos— que debían comenzar en agosto de 2026, argumentando que aún no se han publicado todos los estándares necesarios para su cumplimiento. La Comisión defiende el cambio como necesario para brindar certeza legal y apoyo a pymes y startups, mientras que críticos sostienen que puede favorecer a grandes tecnológicas y debilitar la protección de derechos fundamentales si se reduce la exigencia regulatoria en nombre de la competitividad e innovación.