Referencias documentales

Este estudio del Parlamento Europeo analiza las implicaciones de la transformación digital en grupos sociales vulnerables, como personas con menores ingresos y nivel educativo, personas mayores, personas con discapacidades, grupos étnicos minoritarios y quienes viven en zonas remotas o aisladas. Examina la literatura académica, datos secundarios y tres estudios de caso sobre desigualdad digital en el comercio electrónico, servicios financieros digitales y acceso a la información. El informe revisa la legislación de la UE relacionada con estas áreas y muestra que el digital divide continúa afectando más a ciertos grupos, con brechas persistentes en uso de Internet, e‑commerce y servicios digitales. Propone recomendaciones de políticas europeas, como crear un Observatorio Europeo sobre la Brecha Digital, revalorizar la legislación digital considerando su impacto en vulnerables e incluir programas de cohesión que reduzcan dichas brechas.

El estudio aborda la gobernanza de datos y la IA desde una perspectiva de “justicia de datos”, que prioriza la equidad, la representación de intereses plurales y la creación de bienes públicos dentro de la economía de datos. Analiza cómo el actual marco de la UE —incluyendo el AI Act, el Data Governance Act y el Data Act— articula la producción de valor de datos tanto para fines públicos como privados, pero advierte que carece de una visión normativa global que equilibrie poder, acceso y beneficios. Propone cuatro capacidades para una buena gobernanza: infraestructuras públicas fuertes, inclusividad, mecanismos efectivamente responsables y responsabilidad global. El estudio también explora modelos alternativos de gobernanza de datos (trusts, cooperativas, soberanía de datos) y ofrece opciones políticas para democratizar el control de datos y la IA, fortalecer el valor público y garantizar que los derechos y beneficios se distribuyan de forma equitativa en la sociedad europea.

Resolución que reafirma que los mismos derechos que tienen las personas fuera de línea deben protegerse en línea. Insta a los Estados a abstenerse de adoptar medidas que impidan o dificulten el acceso a Internet. Refrendó la doctrina del Relator Especial Frank La Rue sobre la incompatibilidad de los bloqueos de Internet con el artículo 19 del PIDCP.

El programa de Equidad Digital de Iowa busca garantizar que todos los residentes tengan acceso significativo y asequible a internet, así como a las habilidades y herramientas necesarias para participar plenamente en el entorno digital. Se enfoca en poblaciones desatendidas y vulnerables, incluyendo comunidades rurales, adultos mayores, personas con discapacidad y hogares de bajos ingresos. Este esfuerzo, parte del programa BEAD, busca cerrar las brechas de acceso y promover la inclusión digital en todo el Estado.

En Pensilvania, la falta de identificación precisa de áreas sin acceso a internet de alta velocidad ha generado preocupación sobre la efectividad del Broadband Development Authority y el riesgo de perder millones en fondos federales. Aunque la pandemia mostró la importancia del acceso digital para educación, trabajo y servicios, se estima que el Estado no ha incluido miles de hogares desatendidos en sus mapas oficiales. Esto podría reducir la financiación de programas como BEAD y Capital Projects Fund, destinados a cerrar la brecha digital. La planificación y coordinación estatal se considera insuficiente frente a los esfuerzos locales y las necesidades reales de conectividad en zonas rurales.

El artículo destaca el papel de las bibliotecas en la inclusión digital, especialmente en Maine, donde muchas comunidades rurales enfrentan limitaciones de acceso y habilidades digitales. Con apoyo de la Digital Equity Act (2021), las bibliotecas proporcionan internet, dispositivos asequibles, formación en competencias digitales y asistencia personalizada a colectivos vulnerables. Además, actúan como centros comunitarios de apoyo para el empleo, la telemedicina y el acceso a servicios públicos en línea. Sin embargo, advierte que su éxito depende de financiación sostenible y recursos adecuados. Las bibliotecas se consolidan como infraestructuras esenciales para garantizar equidad digital y cerrar la brecha tecnológica.

El texto analiza cómo la pandemia de COVID-19 acentuó la brecha digital en Nueva York, convirtiendo el acceso a internet en un determinante social de la salud. Aunque el Estado tiene una infraestructura casi universal, un tercio de los hogares de la ciudad carece de suscripción a banda ancha, especialmente entre minorías, mayores y personas con bajos ingresos. Esto limitó el acceso a telemedicina, educación y seguimiento de enfermedades crónicas. Los autores proponen ampliar subsidios de conectividad, distribución de dispositivos, formación en alfabetización digital y el desarrollo de plataformas inclusivas para reducir desigualdades y garantizar equidad en salud.

El artículo, publicado en la University of Pittsburgh Law Review, sostiene que el acceso a internet de banda ancha en Pensilvania debe considerarse un servicio público esencial sujeto a regulación estatal. El autor, James LaMarca, analiza cómo la falta de conectividad adecuada, especialmente en zonas rurales, limita el desarrollo económico, la igualdad de oportunidades y el acceso a servicios básicos como la telemedicina o la educación digital. Propone reformar el Código de Servicios Públicos de Pensilvania para facultar a la Public Utility Commission (PUC) a designar a los proveedores de internet como utilidades públicas en función de las necesidades regionales, permitiendo así garantizar precios justos, mayor inversión en infraestructuras y cobertura universal. La solución regional busca equilibrar regulación y libre mercado, adaptándose a las distintas realidades del Estado.

El texto describe el nuevo Plan Estatal de Banda Ancha de Pensilvania, elaborado como paso previo a la preparación del plan quinquenal requerido por la NTIA para acceder a fondos federales del Infrastructure Investment and Jobs Act. El plan se centra en cuatro áreas clave: infraestructura y disponibilidad del servicio, equidad y asequibilidad digital, acceso a dispositivos y alfabetización/soporte técnico. Identifica brechas significativas, pues entre 2,6 millones de residentes aún carecen de acceso o competencias digitales. Además, plantea medidas como programas de comunidades “Broadband ready”, políticas dig once, reducción de trabas administrativas, capacitación laboral e impulso de programas de apoyo a la alfabetización digital. El objetivo es garantizar conectividad asequible, universal y sostenible en el Estado.

En un momento en el que las tecnologías digitales invaden todos los ámbitos de la vida y el acceso a Internet se convierte en una condición previa para el ejercicio de una serie de derechos fundamentales, Internet desempeña un papel crucial para las personas, tanto durante la pandemia del coronavirus como después de ella. Ahora que resurgen las demandas para que el acceso a Internet sea un derecho fundamental, no sería de extrañar que los legisladores asumieran más compromisos en este ámbito y evaluaran las diferentes opciones políticas y legislativas. En este contexto, el presente análisis: i) determina los parámetros de diseño y funcionamiento de un posible derecho fundamental al acceso a Internet, ii) presenta un ejemplo de diseño, iii) analiza las ventajas y desventajas de su posible reconocimiento, y iv) ofrece una breve descripción de la legislación y las medidas de la Unión que podrían afectar a este nuevo derecho.