Referencias documentales

El recurso web ofrece una guía de carácter divulgativo sobre el concepto de la huella de carbono, las pautas para reducir el impacto medioambiental de los equipamientos y usos digitales en la vida diaria, cómo medir la huella medioambiental de la tecnología digital y qué labor desempeñan los agentes reguladores europeos en este ámbito.

La web explica qué es el Consorcio Europeo de Infraestructuras Digitales (EDIC), a saber, un marco jurídico creado por la UE para facilitar y acelerar la implementación de proyectos digitales transnacionales que ayudan a cumplir los objetivos del Programa de la Década Digital 2030. Cada EDIC es una entidad legal formada por al menos tres Estados miembros y aprobada por la Comisión Europea, con estructura de gobernanza y financiación acordada por sus miembros. Su propósito es desplegar infraestructuras digitales conjuntas, prestar servicios y reunir a actores públicos y privados para impulsar tecnologías clave y la cooperación europea en el ámbito digital. Actualmente se están estableciendo varios EDICs en áreas como tecnologías de lenguaje, gemelos digitales urbanos (CitiVERSE), blockchain, bienes digitales comunes (DC-EDIC) y digitalización de la administración pública, fortaleciendo la soberanía tecnológica, la interoperabilidad y los servicios digitales transfronterizos en Europa.

La web explica como la Unión Europea ha adoptado el Reglamento de Inteligencia Artificial (AI Act), el primer marco jurídico mundial integral para regular los sistemas de IA, con el objetivo de que sean seguros, éticos y fiables. El reglamento clasifica las aplicaciones de IA según el nivel de riesgo que plantean, imponiendo normas más estrictas a las de mayor riesgo y prohibiendo aquellas que suponen un peligro para la seguridad o derechos de las personas, como la manipulación conductual o la puntuación social. El marco legal también establece obligaciones de transparencia, supervisión humana y sanciones proporcionales para quienes infrinjan las reglas. Además, crea estructuras de gobernanza (oficina, panel científico y grupo de expertos) para asegurar una aplicación uniforme en la UE. El Reglamento pretende equilibrar la protección de derechos fundamentales con la innovación y el desarrollo de un mercado único de IA en Europa.

La Maine Artificial Intelligence Task Force Report (octubre 2025) presenta una hoja de ruta estratégica para integrar la inteligencia artificial en el desarrollo económico, educativo, sanitario y gubernamental del estado, equilibrando innovación y protección frente a riesgos. El informe parte de la premisa de que la IA es una fuerza estructural que transformará empleo, servicios públicos y mercados, por lo que Maine debe actuar de forma proactiva. Entre sus recomendaciones destacan fortalecer la alfabetización en IA, modernizar la infraestructura digital y energética, preparar a la fuerza laboral ante posibles disrupciones, proteger la privacidad y mitigar sesgos algorítmicos, y promover usos responsables en el sector público. También propone liderazgo en ámbitos como salud rural y apoyo municipal. El enfoque combina competitividad económica con salvaguardas regulatorias, transparencia y supervisión continua.

El Gobernador de Pensilvania plantea objetivos relativos a los derechos digitales en sus propuestas presupuestarias para el año 2026. Entre ellos, la modernización de servicios públicos digitales, la conectividad, la gobernanza de infraestructuras tecnológicas y las salvaguardas frente a usos de IA. En primer lugar, se menciona el refuerzo de herramientas de experiencia digital del gobierno (CODE PA) para mejorar procesos y transparencia administrativa, lo que apunta a una relación más eficaz de la ciudadanía con servicios públicos digitales. En segundo lugar, se aborda el impulso a centros de datos y a la economía de la IA, pero condicionado a estándares de “desarrollo responsable” (energía, agua, transparencia y participación comunitaria), conectando tecnología con rendición de cuentas y sostenibilidad. Por último, se proponen protecciones para un uso seguro de IA, especialmente respecto de menores y colectivos vulnerables: verificación de edad, avisos a progenitores ante señales de autolesión/violencia, recordatorios de que se interactúa con IA, y límites a contenido sexual o violento con menores, además de alfabetización digital.

Este artículo detalla un proyecto de ley bipartidista presentado en Ohio (HB 573) que busca prohibir el uso de algoritmos de Inteligencia Artificial para fijar precios mediante la recopilación de datos de competidores. La propuesta surge ante la preocupación de que estas herramientas tecnológicas faciliten una colusión tácita o coordinada, permitiendo que las empresas inflen los costos de productos y servicios de manera artificial, perjudicando al consumidor final. La legislación apunta específicamente a sectores sensibles como la vivienda y el comercio minorista, donde el uso de software de terceros para alinear precios ha sido objeto de escrutinio nacional. El objetivo primordial es proteger la libre competencia en el mercado estatal y evitar que la automatización se convierta en un mecanismo para la manipulación de precios o la formación de monopolios digitales.

Este registro legislativo detalla la propuesta HB 4875 de Illinois, la cual busca regular el uso de materiales protegidos por derechos de autor en el entrenamiento de sistemas de Inteligencia Artificial generativa. La ley obligaría a los desarrolladores de IA a mantener un registro detallado de todos los conjuntos de datos utilizados para entrenar sus modelos y a hacer pública esta información. El objetivo principal es garantizar que los creadores de contenido sean notificados y, potencialmente, compensados cuando sus obras se utilicen para alimentar algoritmos comerciales. Además, el proyecto de ley establece mecanismos de cumplimiento y sanciones para las empresas que no cumplan con estos estándares de transparencia, abordando las crecientes preocupaciones éticas y legales sobre la propiedad intelectual en la era de la automatización y la creación de contenido sintético.

El gobernador Patrick Morrisey firmó dos leyes clave: la Power Generation and Consumption Act y la One-Stop Shop Permitting Program. Estas medidas buscan atraer centros de datos al Estado mediante el desarrollo de microgrids, el uso de recursos energéticos locales y la simplificación de trámites empresariales. La normativa promueve un entorno digital sostenible, competitivo y eficiente, alineado con objetivos de desarrollo económico y tecnológico.

El gobernador Morrisey firmó la Power Generation and Consumption Act of 2025, que impulsa la creación de microgrids y centros de datos en Virginia Occidental. La ley busca atraer inversión tecnológica, mejorar la seguridad energética y posicionar al Estado como líder en infraestructura digital. Incluye incentivos fiscales, distribución de ingresos por impuestos y eliminación de regulaciones locales para facilitar el desarrollo

La ley “An Act Relating to Blockchain Digital Assets”, firmada en Kentucky en marzo de 2025, establece un marco legal para el uso de tecnología blockchain y activos digitales. Define conceptos clave como criptomonedas, tokens y wallets, y regula su uso en transacciones legales. Exime ciertas actividades del marco de transmisores de dinero y otorga al Fiscal General facultades para actuar ante prácticas engañosas en servicios de staking.