Referencias documentales

El libro blanco propone opciones de política para impulsar el desarrollo y uso de la IA en la UE, equilibrando innovación con gestión de riesgos y respeto por derechos y valores fundamentales. Plantea dos pilares: crear un “ecosistema de excelencia” para investigación, innovación y competitividad, y un “ecosistema de confianza” con reglas que aborden riesgos de ciertos usos de la IA (especialmente en sectores críticos) mediante requisitos como transparencia, robustez, supervisión humana y otros mecanismos regulatorios. El documento se abrió a consulta pública y sirvió de base para el posterior desarrollo del marco legislativo europeo sobre IA, como la Ley de Inteligencia Artificial de la UE.

l estudio presenta el seguimiento anual del objetivo eHealth de la Década Digital: que el 100 % de la población de la UE tenga acceso a sus registros electrónicos de salud (EHR) para 2030. A 31 de diciembre de 2024, la madurez media en los 27 Estados miembros era del 83 %, mejorando cuatro puntos respecto a 2023. Dieciséis países aumentaron su puntuación, con más tipos de datos disponibles y más proveedores sanitarios conectados. El cumplimiento del Reglamento de Identidad Digital Europea y la cobertura poblacional también han crecido. Aun así, persisten limitaciones: los proveedores conectados siguen siendo mayoritariamente del sector público, el acceso a categorías de datos (como imágenes médicas o dispositivos) es todavía reducido, y el acceso por representantes legales es limitado. Lograr el acceso seguro y completo de los EHR exige esfuerzos adicionales, en línea con el Reglamento europeo del Espacio Europeo de Datos de Salud.

La página “Adapting to the digital age” del Parlamento Europeo explica cómo la protección de datos personales es un derecho fundamental consagrado en el Artículo 8 de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE, aplicable tanto dentro de la UE como cuando se ofrece bienes o servicios a residentes en la UE. El texto subraya que los datos deben procesarse de forma justa, con consentimiento o base legal, y que las personas tienen derechos como acceso, rectificación, borrado, limitación, portabilidad y oposición al tratamiento de sus datos personales. La legislación de la UE (como el Paquete de Protección de Datos y el RGPD) establece obligaciones para quienes tratan datos y mecanismos de control y sanción por parte de autoridades independientes. El balance entre seguridad (como lucha contra crimen y terrorismo) y privacidad/datos personales también es enfatizado como esencial en la era digital.

El estudio examina los desafíos éticos y sociales de la «tormenta tecnológica» que se aproxima debido a la convergencia de tecnologías digitales como inteligencia artificial (IA), internet de las cosas (IoT), robótica, blockchain y realidad aumentada/virtual, junto con redes 5G/6G. Analiza cómo esta combinación de tecnologías emergentes creará sistemas sociotécnicos complejos con características como autonomía, interconectividad, opacidad y gran recolección de datos, planteando retos para la privacidad, la equidad, la sostenibilidad energética y la justicia social. El estudio identifica nueve desafíos clave, como impactos en la vida íntima, riesgos cibernéticos y concentración de poder tecnológico, y propone opciones de política pública: gestionar infraestructuras digitales como bienes comunes, instituir un observatorio europeo de tecnologías convergentes, aumentar la alfabetización digital, promover el «diseño para valores» y fomentar la innovación digital orientada a retos sociales.

Este estudio del Parlamento Europeo analiza la digitalización y el derecho administrativo en la UE: identifica cinco lagunas regulatorias actuales que afectan la transparencia, la seguridad jurídica, la carga para ciudadanos y empresas, el acceso a la información y los recursos de reparación, especialmente en el contexto de herramientas digitales y decisiones automatizadas. Evalúa principales retos de la administración pública europea, muestra prácticas óptimas en Estados miembros y propone tres opciones políticas de acción a nivel de la UE: regulación del procedimiento administrativo, regulación de la actividad administrativa y un código no vinculante para una administración digital. La valoración de cada opción considera su impacto en eficiencia, certidumbre legal, cargas administrativas y confianza pública, subrayando el potencial valor añadido europeo para armonizar normas y mejorar la administración en la era digital

Este artículo detalla una demanda colectiva presentada en Illinois contra Microsoft, alegando que su plataforma «Teams» recolecta y almacena datos biométricos de los usuarios —específicamente huellas de voz— sin obtener el consentimiento previo y por escrito requerido por la ley BIPA. La demanda sostiene que las funciones de transcripción y subtitulado en tiempo real de la aplicación analizan las características vocales únicas de los participantes para identificar a los oradores, lo cual constituye una infracción a la privacidad si no se informa debidamente al usuario. El caso resalta el creciente escrutinio legal sobre las herramientas de colaboración remota y los riesgos de responsabilidad multimillonaria que enfrentan las grandes tecnológicas cuando sus funciones de inteligencia artificial interactúan con datos biométricos en jurisdicciones con leyes de privacidad estrictas como las de Illinois.

Este artículo anuncia la introducción de un paquete de proyectos de ley bipartidistas en Michigan diseñados para establecer «barreras de seguridad» en el uso de la tecnología de lectores automáticos de matrículas (ALPR). La legislación busca equilibrar la eficacia de estas herramientas en la lucha contra el crimen con la protección de las libertades civiles de los ciudadanos. Entre las medidas propuestas, se incluyen límites estrictos sobre cuánto tiempo pueden las agencias policiales conservar los datos de las matrículas (proponiendo un máximo de 30 días si no hay una investigación activa) y la prohibición de vender esta información a terceros o utilizarla para fines no relacionados con la seguridad pública. Los legisladores argumentan que, sin una regulación clara, el uso indiscriminado de esta tecnología podría derivar en una vigilancia masiva injustificada, por lo que es imperativo codificar protocolos de transparencia y rendición de cuentas.

Primer documento de consenso de alcance universal sobre gobernanza digital que abarca explícitamente la dimensión de los derechos humanos. Adoptado el 22 de septiembre de 2024. Sus cinco objetivos abarcan el cierre de brechas digitales, la inclusión digital, un espacio digital seguro respetuoso de los derechos, la gobernanza de datos y la gobernanza de la IA. Sus compromisos son de cumplimiento voluntario y carecen de mecanismos de verificación vinculantes.

Instrumento de soft law que propugna un modelo de ‘economía de datos equitativa’ articulado sobre tres ejes: libre circulación de datos como condición de la innovación; protección de derechos individuales y colectivos frente al tratamiento masivo; y reducción de asimetrías entre países desarrollados y en desarrollo. Instrumento de soft law más elaborado conceptualmente en materia de gobernanza de datos en el ámbito internacional.

La herramienta GIS en línea de la Maryland Historical Trust, integrada en la base de datos Medusa, permite consultar más de 60.000 registros de sitios históricos y arqueológicos. Ofrece acceso remoto a formularios, nominaciones al Registro Nacional y otros documentos relevantes. Esta plataforma facilita la investigación, planificación y preservación del patrimonio cultural, promoviendo el uso de datos digitales con fines históricos y científicos.