Referencias documentales

El 11 de febrero de 2026, la Cámara de Representantes de Maine dio aprobación inicial al proyecto LD 1822, impulsado por la representante Amy Kuhn, destinado a reforzar la normativa estatal sobre privacidad de datos. La iniciativa se basa en el principio de minimización de datos, limitando a las empresas a recopilar únicamente la información estrictamente necesaria para prestar un servicio específico. Asimismo, restringe la recopilación y prohíbe la venta de datos sensibles, como raza, religión o salud, y prohíbe la comercialización o uso publicitario de datos de menores. El texto busca reducir riesgos de perfilado y usos discriminatorios, en un contexto de creciente preocupación ciudadana por el uso indebido de información personal. La medida, apoyada por la Fiscalía General de Maine y EPIC (Electronic Privacy Information Center), entraría en vigor el 1 de julio de 2027 si supera las votaciones pendientes.

El 11 de enero de 2026, Maine apro1bó la L.D. 61, una ley que obliga a los empleadores a informar a candidatos y trabajadores sobre el uso de herramientas de vigilancia laboral. La norma exige comunicar durante el proceso de entrevista la existencia de sistemas de supervisión y remitir un aviso escrito anual a los empleados afectados. Además, prohíbe imponer la instalación de dispositivos de seguimiento en equipos personales sin consentimiento y permite a los trabajadores rechazar dichas solicitudes. También limita la monitorización audiovisual en domicilios, vehículos o propiedades privadas, salvo que sea imprescindible para las funciones del puesto. Quedan excluidas las cámaras con fines de seguridad en el lugar de trabajo y ciertos dispositivos en vehículos corporativos. Queda previsto que dicha ley entre en vigor en Julio 2026.

El proyecto LD 524 en Maine va destinado a reformar el código penal para incluir como delito la difusión de material de abuso sexual infantil generado o modificado mediante inteligencia artificial. La iniciativa surge tras un caso en el que no pudo imputarse a un individuo que creó imágenes sexualizadas de menores usando IA, evidenciando vacíos legales. La propuesta cuenta con amplio apoyo institucional y bipartidista, en un contexto de fuerte incremento de denuncias por contenido generado con IA. Sin embargo, asociaciones de defensa penal advierten que la redefinición (al incluir imágenes que “aparenten” representar menores) podría vulnerar la Primera Enmienda, a la luz de jurisprudencia del Tribunal Supremo que protege ciertas representaciones virtuales. El debate refleja la tensión entre protección reforzada de la infancia y garantías constitucionales de libertad de expresión.

Maine ha aprobado recientemente una ley que regula el juego en línea mediante un modelo de licencias exclusivo para tribus reconocidas federalmente, permitiendo a cada una operar con una única licencia y contratar proveedores de gestión. La norma establece un sistema de control riguroso: verificación de identidad y edad, geolocalización, auditorías, límites publicitarios, conservación de registros durante tres años y mecanismos de autoexclusión. También impone fuertes requisitos de idoneidad y sanciones civiles y penales ante incumplimientos. Se fija un impuesto del 18% sobre ingresos ajustados, con asignaciones específicas a programas públicos de salud, vivienda y apoyo a veteranos. La ley busca fomentar el desarrollo económico tribal bajo un marco de integridad, protección del consumidor y prevención del juego problemático, entrando en vigor 90 días tras el cierre legislativo.

Diversas organizaciones en Maine han anunciado que continuarán sus esfuerzos para mejorar la conectividad a internet pese a la cancelación, por parte de la Adminitración Trump, de 35 millones de dólares en subvenciones federales destinadas a zonas rurales y remotas. Los fondos procedían de la Digital Equity Act, actualmente paralizada, mientras el estado espera más de 200 millones para infraestructura digital. Según la Maine Connectivity Authority, unas 24.000 viviendas y negocios carecen aún de conexión fiable, y cerca del 90% de la población se ve afectada por la brecha digital. Las iniciativas no solo buscan ampliar el acceso, sino también proporcionar dispositivos y formación en competencias digitales, especialmente a personas mayores, pequeños negocios y veteranos. Ante la incertidumbre financiera, se están impulsando nuevas campañas de recaudación y colaboración con entidades locales para sostener programas educativos y de apoyo técnico.

La Maine Artificial Intelligence Task Force Report (octubre 2025) presenta una hoja de ruta estratégica para integrar la inteligencia artificial en el desarrollo económico, educativo, sanitario y gubernamental del estado, equilibrando innovación y protección frente a riesgos. El informe parte de la premisa de que la IA es una fuerza estructural que transformará empleo, servicios públicos y mercados, por lo que Maine debe actuar de forma proactiva. Entre sus recomendaciones destacan fortalecer la alfabetización en IA, modernizar la infraestructura digital y energética, preparar a la fuerza laboral ante posibles disrupciones, proteger la privacidad y mitigar sesgos algorítmicos, y promover usos responsables en el sector público. También propone liderazgo en ámbitos como salud rural y apoyo municipal. El enfoque combina competitividad económica con salvaguardas regulatorias, transparencia y supervisión continua.

Una legisladora de Nashua ha presentado dos proyectos que modificarían el funcionamiento de las aseguradoras sanitarias en New Hampshire. El primero (HB 1406) prohibiría que las compañías utilicen sistemas de inteligencia artificial para sustituir o alterar el juicio clínico en decisiones sobre reclamaciones o necesidad médica. Aunque permitiría el uso de IA para detección de fraude y auditorías internas, exigiría documentación detallada de las herramientas empleadas y habilitaría auditorías regulatorias. La medida responde al aumento de denegaciones de cobertura vinculado a la automatización. El segundo proyecto (HB 1232) impondría paridad retributiva entre atención presencial y telemedicina, buscando garantizar el acceso en zonas rurales. Ambas iniciativas entrarían en vigor en 2027 si se aprueban.

La Cámara de Representantes de New Hampshire aprobó el proyecto HB 1460, que amplía la protección de datos infantiles más allá de la normativa federal (COPPA), prohibiendo que redes sociales y plataformas vendan datos de localización u otra información sensible de menores a terceros. La iniciativa fue respaldada por mayoría republicana, aunque generó críticas sobre la falta de debate y transparencia en su tramitación, debido a la ausencia de la promotora en la audiencia inicial y a la escasa participación de actores relevantes. También se plantearon dudas sobre su posible impacto presupuestario y la falta de intervención del Departamento de Justicia. Sus defensores sostienen que la medida es clara y se alinea con reformas similares en otros estados. El texto pasa ahora al Comité de Finanzas para nueva revisión.

Conforme a la New Hampshire Data Privacy Act (RSA 507-H), el estado de New Hampshire tiene nuevas obligaciones relativas a la destrucción de datos y gestión de residuos electrónicos a partir de 2025. La exige a determinadas empresas eliminar de forma segura los datos personales cuando lo solicite el consumidor, conforme a estándares como NIST SP 800-88, dentro de un plazo de 45 días, imponiendo multas de hasta 10.000 dólares por infracción. También obliga a aplicar principios de minimización, medidas de seguridad razonables y control contractual de proveedores. Paralelamente, se refuerzan las prohibiciones de vertido o incineración de dispositivos electrónicos y baterías recargables, requiriendo reciclaje certificado. El enfoque combina protección de datos, trazabilidad documental y cumplimiento ambiental, afectando especialmente a sectores regulados como salud y servicios financieros.

La expansión de la banda ancha en Vermont, financiada con más de 100 millones de dólares y articulada mediante distritos de comunicación, ha sido necesaria pero insuficiente. El verdadero problema no es la conectividad, sino la falta de capacidad institucional de los pequeños municipios para gestionar servicios digitales complejos, ciberseguridad, subvenciones y atención en línea. La cooperación informal entre localidades ya no basta. Ciertas propuestas incluyen crear Consejos de Gobiernos (Councils of Governments) como entidades regionales formales, con personal profesional y gobernanza estable, que permitan prestar servicios digitales compartidos sin eliminar la autonomía local. El argumento central recurrente es que la brecha actual es estructural: sin instituciones regionales de implementación, la inversión en infraestructura digital no se traduce en una administración pública moderna, equitativa y eficaz.