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Washington state lawmakers look to protect minors from AI chatbots
Nate Sanford | 2026
Legisladores del estado de Washington evalúan propuestas para regular chatbots de IA con el objetivo de proteger a menores, ante preocupaciones por riesgos para la salud mental y contenidos perjudiciales. Las iniciativas incluyen limitar interacciones dañinas, exigir que estos sistemas recuerden periódicamente que no son personas, y prohibir ciertos tipos de conversaciones con menores. La discusión forma parte de un debate más amplio sobre salvaguardas de IA y seguridad infantil
Protecting children from adult content should also involve protecting adults who access it
Betty Roberts The Daily | 2026
El artículo argumenta que los esfuerzos por proteger a menores del contenido adulto en internet deben considerar también la seguridad y privacidad de los adultos que acceden legalmente a ese contenido, para evitar controles excesivos o invasivos. Plantea que los mecanismos como verificación de edad o filtros pueden afectar la intimidad, el anonimato y la libertad de expresión de los usuarios adultos si no se diseñan con salvaguardas claras.
Washington State’s 2026 Tech Legislative Agenda: What In-House Counsel Should Watch
BakerHOstetler | 2026
El blog resume la agenda legislativa tecnológica de Washington para 2026, destacando proyectos de ley centrados en privacidad de datos, ciberseguridad, inteligencia artificial y seguridad en internet. Analiza cómo estas iniciativas podrían afectar a agencias públicas, proveedores de tecnología y empresas que despliegan sistemas digitales, con énfasis en requisitos para manejo de datos, transparencia y gestión de riesgos tecnológicos en el marco legal estatal.
Nevada Unveils New Statewide Data Classification Policy Months After Cyberattack
Associated Press | 2026
Nevada presentó una nueva política estatal de clasificación de datos tras un ciberataque que afectó seriamente los sistemas gubernamentales en 2025. La norma establece cuatro categorías —pública, sensible, confidencial y restringida— para guiar cómo las agencias protegen y comparten información, reduciendo riesgos y mejorando la ciberseguridad. Se espera que sirva como base para futuras medidas de seguridad tecnológica y cumplimiento de estándares más estrictos.
TCAI Bill Guide: Utah’s HB 286, the AI Transparency Act
Transparency Coalition | 2026
La guía explica la propuesta legislativa HB 286, “AI Transparency Act” en Utah, que exige a desarrolladores de modelos de IA avanzados (frontier AI) publicar planes de seguridad pública y protección infantil, definir y mitigar riesgos catastróficos, reportar incidentes de seguridad y ofrecer protecciones a denunciantes (whistleblowers). La ley prohíbe declaraciones falsas sobre riesgos y establece penalidades, además de requerir informes periódicos a la Oficina de Política de IA del estado.
The 2026 Legislative Session: Creating A Firewall for Freedom in New Mexico
ACLU New Mexico | 2026
El texto explica la agenda legislativa de 2026 de la ACLU of New Mexico, enfocada en proteger libertades civiles frente a amenazas como la expansión del uso de tecnologías de vigilancia. Destaca el apoyo a proyectos como el Driver Privacy and Safety Act, que busca limitar el uso y el intercambio de datos captados por lectores automáticos de matrículas para evitar su empleo por autoridades externas, protegiendo así la privacidad y movilidad de residentes.
El Proyecto Idaho Senate Bill 1227 (2026) propone añadir a la ley existente nuevas disposiciones para regular el uso de inteligencia artificial generativa en la educación pública del estado. El objetivo es incorporar un marco que guíe cómo las escuelas y distritos educativos pueden usar tecnologías de IA, equilibrando su potencial educativo con la protección de privacidad, seguridad y control local sobre estas herramientas emergentes
Maine Enacts Law Requiring Employers to Notify Employees About Surveillance Tools
Aimee B. Parsons | 2026
El 11 de enero de 2026, Maine apro1bó la L.D. 61, una ley que obliga a los empleadores a informar a candidatos y trabajadores sobre el uso de herramientas de vigilancia laboral. La norma exige comunicar durante el proceso de entrevista la existencia de sistemas de supervisión y remitir un aviso escrito anual a los empleados afectados. Además, prohíbe imponer la instalación de dispositivos de seguimiento en equipos personales sin consentimiento y permite a los trabajadores rechazar dichas solicitudes. También limita la monitorización audiovisual en domicilios, vehículos o propiedades privadas, salvo que sea imprescindible para las funciones del puesto. Quedan excluidas las cámaras con fines de seguridad en el lugar de trabajo y ciertos dispositivos en vehículos corporativos. Queda previsto que dicha ley entre en vigor en Julio 2026.
How Maine is wading into the regulation of explicit AI-generated images of children
Emma Davis | 2026
El proyecto LD 524 en Maine va destinado a reformar el código penal para incluir como delito la difusión de material de abuso sexual infantil generado o modificado mediante inteligencia artificial. La iniciativa surge tras un caso en el que no pudo imputarse a un individuo que creó imágenes sexualizadas de menores usando IA, evidenciando vacíos legales. La propuesta cuenta con amplio apoyo institucional y bipartidista, en un contexto de fuerte incremento de denuncias por contenido generado con IA. Sin embargo, asociaciones de defensa penal advierten que la redefinición (al incluir imágenes que “aparenten” representar menores) podría vulnerar la Primera Enmienda, a la luz de jurisprudencia del Tribunal Supremo que protege ciertas representaciones virtuales. El debate refleja la tensión entre protección reforzada de la infancia y garantías constitucionales de libertad de expresión.
Existe cierta inquietud entre los ciudadanos de New Hampshire respecto al estado de sus derechos de privacidad frente a las tecnologías de vigilancia empleadas por las fuerzas del orden en New Hampshire y el marco jurídico que limita su uso. La normativa estatal y la jurisprudencia del Tribunal Supremo exigen orden judicial para acceder al contenido y localización histórica de teléfonos móviles, instalar dispositivos GPS o utilizar simuladores de antenas, imponiendo además obligaciones de borrado de datos. Existen restricciones específicas para lectores automáticos de matrículas y cámaras corporales, incluyendo límites de conservación y protección frente al reconocimiento facial. Sin embargo, no hay regulación sobre drones, software de monitorización de redes sociales o “policía predictiva”. Aunque en 2018 se incorporó un derecho constitucional a la privacidad, su alcance práctico aún depende de interpretación judicial.
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