Referencias documentales

El informe identifica tres cuestiones principales en torno a la protección de la privacidad de los niños: la relación con los demás, la relación con su propio cuerpo y la relación con el mundo digital. Entre los puntos tratados en el informe figuran: 1. La exposición pública de los niños; 2. La violencia; 3. Las relaciones sociales y familiares; 4. Las condiciones de vida. En cuanto al primero de ellos, el trabajo pone de relieve el incremento de los ataques a la reputación de los niños en los casos de ciberacoso. Señala, además, que rara vez se solicita su consentimiento para ser filmados o fotografiados. En el marco de los usos digitales, el control parental aparece indudablemente como una forma de protección de los niños. El informe concluye formulando 33 recomendaciones para una mayor eficacia del derecho al respeto de la privacidad.

La Ley destinada a reducir el impacto de la tecnología digital en Francia fue publicada en el Boletín Oficial de la República Francesa el 16 de noviembre de 2021, si bien previendo una entrada en vigor escalonada, entre 2021 y 2026. Con carácter previo al estudio del contenido de esta nueva ley, el trabajo analiza el impacto medioambiental de la tecnología digital.

Las innovaciones en materia de salud conectada o las terapias digitales están experimentando un auge espectacular, impulsado por la inteligencia artificial, los datos abiertos y la convergencia de tecnologías. Encontrar el enfoque adecuado para proteger y valorizar estas invenciones requiere adoptar un enfoque holístico. El estudio ofrece una panorámica de las herramientas y las buenas prácticas.

La inteligencia artificial se encuentra en una fase de desarrollo que permite plantearse su regulación por parte del derecho. Sus aplicaciones se están materializando y ya no es necesario proyectarse en el futuro para imaginar tanto los avances como los riesgos. De hecho, ya existe un proyecto de normativa, ya que la Comisión Europea publicó el 21 de abril de 2021 una propuesta de reglamento por el que se establecen normas armonizadas en materia de inteligencia artificial. Los trabajos preparatorios ya están muy avanzados, ya se trate de evaluar las situaciones actuales, comprobar la adaptabilidad de las normas del derecho positivo, preparar las orientaciones que deben adoptarse y las decisiones que deben tomarse, o incluso plantearse los métodos, entre el enfoque ético y el enfoque prescriptivo.
En este contexto, académicos de renombre han aunado sus reflexiones para que cada estudio en su ámbito de especialidad contribuya a una presentación completa de las cuestiones que plantea el desarrollo de la inteligencia artificial.

Las redes sociales han revolucionado la sociedad y plantean retos democráticos, económicos, sociales y también ecológicos. Coincidiendo con la adopción, por parte de la Unión Europea, de un ambicioso marco jurídico para su regulación, el Consejo de Estado dedicó su estudio anual de 2022 a este tema. En el formula 17 propuestas concretas para permitir el reequilibrio de fuerzas a favor de los usuarios, dotar a los poderes públicos de los medios necesarios para desempeñar su función reguladora y también pensar en las redes sociales del futuro.

La organización de los sistemas sanitarios se ha visto afectada por el uso de la tecnología digital. Los objetos conectados, los robots dotados de inteligencia artificial y los algoritmos se han convertido en herramientas indispensables para la organización y la mejora del funcionamiento de los actores sanitarios, los centros, las empresas, los profesionales y las autoridades sanitarias. Si bien este uso generalizado es una fuente de progreso para la salud individual y colectiva, también representa importantes riesgos. El marco jurídico y normativo de la tecnología digital en el ámbito de la salud pasa sin duda por la elaboración de normas vinculantes destinadas a la protección del paciente, pero también por el recurso a normas jurídicas flexibles, dictámenes, recomendaciones, cartas y directrices. El marco jurídico de la tecnología digital en el ámbito de la salud se orienta hacia un enfoque ágil comprometido con la corregulación entre los actores públicos y privados.

El intercambio de datos entre administraciones es una condición indispensable para la aplicación del principio que rige la simplificación y la búsqueda de la eficiencia del servicio público. Los intercambios electrónicos de información entre administraciones y con los usuarios se han ido consolidando poco a poco desde el punto de vista jurídico, hasta las recientes disposiciones de la ley denominada 3DS, de 21 de febrero de 2022, destinada a acelerar el intercambio de datos entre administraciones en beneficio del usuario, que permiten acercarse al usuario. Ya no se trata solo de que las administraciones intercambien la información necesaria para tramitar una solicitud o una declaración de un usuario del servicio público; ahora este intercambio también es posible para «informar a las personas sobre su derecho a beneficiarse de una prestación o ventaja (…) y para concederles eventualmente dichas prestaciones o ventajas». Así, asistimos a una auténtica revolución jurídica desencadenada por la irrupción de los datos en el servicio público, que lleva a los derechos «reclamables» (abiertos a petición de las personas) por el camino de los derechos «portátiles» (abiertos automáticamente). Si los derechos de las personas sobre sus datos personales son el núcleo de este sistema de intercambio de datos, cabe preguntarse si las expectativas razonables de las personas afectadas no deberían seguir respetándose una vez que estos datos se han seudonimizado, para su reutilización en beneficio del interés general.

El Consejo de Estado constata que el tratamiento de los datos personales relativos a una persona fallecida no entra en el ámbito de aplicación del RGPD, sino de la legislación nacional. Por lo tanto, el único criterio que se aplica es la actividad del establecimiento o del encargado del tratamiento en «territorio francés», independientemente de que el tratamiento se realice o no en Francia. Dado que esta situación no se da en el presente caso, se descarta la aplicación de la ley de 6 de enero de 1978.

Analizar el teletrabajo desde la perspectiva del servicio público revela la resiliencia de este ante el fenómeno de la digitalización del derecho en nombre del principio de mutabilidad, así como ante la crisis sanitaria en nombre del principio de continuidad. En la práctica, el teletrabajo conlleva cambios espaciotemporales en la prestación del servicio público.

En un momento en el que las tecnologías digitales invaden todos los ámbitos de la vida y el acceso a Internet se convierte en una condición previa para el ejercicio de una serie de derechos fundamentales, Internet desempeña un papel crucial para las personas, tanto durante la pandemia del coronavirus como después de ella. Ahora que resurgen las demandas para que el acceso a Internet sea un derecho fundamental, no sería de extrañar que los legisladores asumieran más compromisos en este ámbito y evaluaran las diferentes opciones políticas y legislativas. En este contexto, el presente análisis: i) determina los parámetros de diseño y funcionamiento de un posible derecho fundamental al acceso a Internet, ii) presenta un ejemplo de diseño, iii) analiza las ventajas y desventajas de su posible reconocimiento, y iv) ofrece una breve descripción de la legislación y las medidas de la Unión que podrían afectar a este nuevo derecho.