Referencias documentales

Eslovaquia ha mejorado infraestructura digital básica (banda ancha y 5G), pero queda rezagada frente a la media de la UE, especialmente en el despliegue general de redes y la digitalización empresarial. La hoja de ruta nacional incluye 127 medidas con un presupuesto de ≈ 2,26 mil millones € (~1,74 % del PIB) para 2025. Los especialistas TIC y las habilidades digitales de jóvenes muestran avances prometedores, pero hay barreras estructurales (escasez de profesores de TIC/matemáticas; gestión fragmentada) que limitan las capacidades digitales de toda la población. Se adoptó una hoja de ruta para digitalizar procedimientos administrativos en 16 situaciones prioritarias y se recomienda mejorar la usabilidad y disponibilidad de servicios públicos digitales, especialmente para usuarios transfronterizos. Iniciativas como “Capacidades digitales para el futuro ecológico” apuntan a combinar la transición verde y digital. Según el Eurobarómetro 2025, la mayoría valora la digitalización y la lucha contra la desinformación.

Eslovenia cuenta con infraestructura digital sólida (alta cobertura de fibra y 5G) y está activa en tecnologías clave como IA, semiconductores, nube y computación cuántica. Su hoja de ruta tiene 81 medidas con un presupuesto de ≈ 685 millones € (~1,02 % del PIB) para 2025. La adopción de tecnologías digitales avanzadas por parte de pymes es baja y las capacidades digitales básicas de la población son inferiores a la media de la UE, al igual que la proporción de especialistas TIC. Se recomienda mejorar la formación y ajustar la educación a las necesidades del mercado laboral. La transformación digital pública supera la media, con servicios digitales accesibles. Aunque se están dando pasos hacia una transición verde inteligente, falta un enfoque sistemático de integración digital‑verde. Según el Eurobarómetro 2025, la mayoría de ciudadanos valora la digitalización y quiere combatir la desinformación.

El informe explica que España tiene infraestructura digital sólida, con conectividad avanzada (fibra óptica ≈ 95 % y 5G ≈ 95 % de cobertura poblacional) y un alto número de nodos edge, situándose por encima de la media de la UE. La hoja de ruta incluye 67 medidas con ≈ 33,8 mil millones € (≈ 1,68 % del PIB) para 2024–25, focalizadas en digitalización, IA, semiconductores y habilidades digitales. La digitalización de empresas, especialmente pymes, aún está rezagada respecto a objetivos y hay recomendaciones para acelerar la adopción de IA y aumentar especialistas TIC. España ha promovido derechos digitales y protección de menores en línea. Los servicios públicos digitales (Mi Carpeta Ciudadana, DNI digital) están muy desarrollados y la ciudadanía valora la digitalización, así como la lucha contra la desinformación. La transformación digital se vincula también a la ecologización inteligente y a la ciberseguridad.

Suecia cuenta con infraestructura digital sólida (VHCN, FTTP, 5G por encima de la media de la UE) y un ambiente favorable a startups, pero no alcanzará el 100 % de cobertura de fibra por el coste de conectar zonas remotas. La hoja de ruta tiene 40 medidas con un presupuesto de ~€3,5 bn (0,5 % del PIB). Su población tiene altos niveles de habilidades digitales y la mayor proporción de graduados en TIC de la UE, aunque enfrenta retos para mantener el crecimiento de especialistas TIC. Suecia está por debajo de la media de la UE en acceso en línea a historiales médicos electrónicos debido a factores administrativos y legales. El Plan de Recuperación y Resiliencia se orienta a la transición verde, pero los aspectos digitales de la ecologización no destacan. Según el Eurobarómetro 2025, el 85 % valora la digitalización y el 97 % considera importante combatir la desinformación

El 11 de febrero de 2026, la Cámara de Representantes de Maine dio aprobación inicial al proyecto LD 1822, impulsado por la representante Amy Kuhn, destinado a reforzar la normativa estatal sobre privacidad de datos. La iniciativa se basa en el principio de minimización de datos, limitando a las empresas a recopilar únicamente la información estrictamente necesaria para prestar un servicio específico. Asimismo, restringe la recopilación y prohíbe la venta de datos sensibles, como raza, religión o salud, y prohíbe la comercialización o uso publicitario de datos de menores. El texto busca reducir riesgos de perfilado y usos discriminatorios, en un contexto de creciente preocupación ciudadana por el uso indebido de información personal. La medida, apoyada por la Fiscalía General de Maine y EPIC (Electronic Privacy Information Center), entraría en vigor el 1 de julio de 2027 si supera las votaciones pendientes.

Diversas organizaciones en Maine han anunciado que continuarán sus esfuerzos para mejorar la conectividad a internet pese a la cancelación, por parte de la Adminitración Trump, de 35 millones de dólares en subvenciones federales destinadas a zonas rurales y remotas. Los fondos procedían de la Digital Equity Act, actualmente paralizada, mientras el estado espera más de 200 millones para infraestructura digital. Según la Maine Connectivity Authority, unas 24.000 viviendas y negocios carecen aún de conexión fiable, y cerca del 90% de la población se ve afectada por la brecha digital. Las iniciativas no solo buscan ampliar el acceso, sino también proporcionar dispositivos y formación en competencias digitales, especialmente a personas mayores, pequeños negocios y veteranos. Ante la incertidumbre financiera, se están impulsando nuevas campañas de recaudación y colaboración con entidades locales para sostener programas educativos y de apoyo técnico.

La Maine Artificial Intelligence Task Force Report (octubre 2025) presenta una hoja de ruta estratégica para integrar la inteligencia artificial en el desarrollo económico, educativo, sanitario y gubernamental del estado, equilibrando innovación y protección frente a riesgos. El informe parte de la premisa de que la IA es una fuerza estructural que transformará empleo, servicios públicos y mercados, por lo que Maine debe actuar de forma proactiva. Entre sus recomendaciones destacan fortalecer la alfabetización en IA, modernizar la infraestructura digital y energética, preparar a la fuerza laboral ante posibles disrupciones, proteger la privacidad y mitigar sesgos algorítmicos, y promover usos responsables en el sector público. También propone liderazgo en ámbitos como salud rural y apoyo municipal. El enfoque combina competitividad económica con salvaguardas regulatorias, transparencia y supervisión continua.

Una legisladora de Nashua ha presentado dos proyectos que modificarían el funcionamiento de las aseguradoras sanitarias en New Hampshire. El primero (HB 1406) prohibiría que las compañías utilicen sistemas de inteligencia artificial para sustituir o alterar el juicio clínico en decisiones sobre reclamaciones o necesidad médica. Aunque permitiría el uso de IA para detección de fraude y auditorías internas, exigiría documentación detallada de las herramientas empleadas y habilitaría auditorías regulatorias. La medida responde al aumento de denegaciones de cobertura vinculado a la automatización. El segundo proyecto (HB 1232) impondría paridad retributiva entre atención presencial y telemedicina, buscando garantizar el acceso en zonas rurales. Ambas iniciativas entrarían en vigor en 2027 si se aprueban.

New Hampshire recibirá 18,6 millones de dólares del programa federal BEAD para ampliar el acceso a banda ancha, una cifra muy inferior a los 196,5 millones inicialmente previstos. La reducción responde a cambios federales que priorizan proyectos de menor coste, lo que ha disminuido el número de ubicaciones beneficiadas, especialmente en zonas rurales. Aun así, autoridades estatales y federales, de ambos partidos, celebran la financiación como un paso hacia la conectividad universal. El plan aprobado combina fibra, coaxial y satélite, con el objetivo de completar la cobertura en el próximo año. La inversión busca fortalecer el crecimiento económico, el acceso a la educación y la atención sanitaria en comunidades remotas, aunque persisten críticas por el recorte y su posible impacto en la calidad del servicio

A fecha de octubre de 2025, New Hampshire se aproxima a una cobertura casi total de banda ancha, con más del 98% de hogares y negocios con acceso cercano a conexiones de fibra u otras tecnologías, culminando décadas de inversión pública y privada en infraestructura digital. Solo unas 5.000 direcciones, principalmente viviendas aisladas, quedan pendientes de conexión final, generalmente a cargo de proveedores privados o mediante soluciones satelitales como Starlink. La expansión reciente se financió con fondos federales BEAD, que asignaron cerca de 197 millones de dólares al estado. Sin embargo, cambios federales han puesto en duda el uso de aproximadamente 160 millones destinados a iniciativas no relacionadas directamente con despliegue físico, como formación digital y ciberseguridad. Esta incertidumbre afecta los planes estatales para avanzar en equidad digital y desarrollo de capacidades complementarias.