Referencias documentales

La inteligencia artificial se encuentra en una fase de desarrollo que permite plantearse su regulación por parte del derecho. Sus aplicaciones se están materializando y ya no es necesario proyectarse en el futuro para imaginar tanto los avances como los riesgos. De hecho, ya existe un proyecto de normativa, ya que la Comisión Europea publicó el 21 de abril de 2021 una propuesta de reglamento por el que se establecen normas armonizadas en materia de inteligencia artificial. Los trabajos preparatorios ya están muy avanzados, ya se trate de evaluar las situaciones actuales, comprobar la adaptabilidad de las normas del derecho positivo, preparar las orientaciones que deben adoptarse y las decisiones que deben tomarse, o incluso plantearse los métodos, entre el enfoque ético y el enfoque prescriptivo.
En este contexto, académicos de renombre han aunado sus reflexiones para que cada estudio en su ámbito de especialidad contribuya a una presentación completa de las cuestiones que plantea el desarrollo de la inteligencia artificial.

En un momento en el que las tecnologías digitales invaden todos los ámbitos de la vida y el acceso a Internet se convierte en una condición previa para el ejercicio de una serie de derechos fundamentales, Internet desempeña un papel crucial para las personas, tanto durante la pandemia del coronavirus como después de ella. Ahora que resurgen las demandas para que el acceso a Internet sea un derecho fundamental, no sería de extrañar que los legisladores asumieran más compromisos en este ámbito y evaluaran las diferentes opciones políticas y legislativas. En este contexto, el presente análisis: i) determina los parámetros de diseño y funcionamiento de un posible derecho fundamental al acceso a Internet, ii) presenta un ejemplo de diseño, iii) analiza las ventajas y desventajas de su posible reconocimiento, y iv) ofrece una breve descripción de la legislación y las medidas de la Unión que podrían afectar a este nuevo derecho.

Comentario de la sentencia dictada por el Tribunal Judicial de París el 9 de marzo de 2021. En ella, el juez admite la licitud del tratamiento de los datos profesionales de un cirujano dentista contenidos en una ficha de Google My Business. El tratamiento no se considera sujeto al régimen de prospección comercial ni al de elaboración de perfiles, y la persona afectada carece de los derechos de oposición y de supresión. Los sistemas de calificación de profesionales en Internet son validados, en su mayoría, por los tribunales franceses cuando los comentarios de los internautas no son constitutivos de difamación.

Internet plantea retos constantemente renovados a todos los ámbitos del derecho. Ahora que el dispositivo nacional de protección de datos personales se basa tanto en el RGPD como en la ley modificada de Informática y Libertades, ¿cuáles son las normas para la recopilación, el uso y la conservación de datos personales? ¿Cómo se ejerce el derecho al olvido, a la portabilidad o al control de los datos tras el fallecimiento? ¿Cómo puede el empleador garantizar el respeto de la vida privada del empleado que utiliza sus propios equipos informáticos en su actividad profesional? ¿Cómo debe organizar el procedimiento de notificación de alertas? ¿Cómo se armonizan las normas de transparencia y lealtad aplicables al comercio electrónico con las disposiciones europeas de protección del consumidor en línea? ¿Qué lugar y qué marco jurídico se debe otorgar al pago en bitcoins? Ya sea internauta o no, ciudadano, padre, menor, consumidor, creador de sitios web, empleado, empresario, responsable de una misión de interés general, abogado o magistrado, el lector encontrará en esta séptima edición muchas respuestas.

Estudio sobre la respuesta normativa del legislador francés al fenómeno de la desinformación, particularmente en plataformas digitales. La autora analiza la regulación vigente, con particular énfasis en la Ley de 22 de diciembre de 2018, destacando las competencias del Conseil Supérieur de l’audiovisuel (CSA), las nuevas obligaciones de los titulares de plataformas digitales (especialmente, la transparencia algorítmica y la implementación de mecanismos de denuncia de contenidos) y la implantación de un procedimiento de urgencia ágil para retirar contenidos manifiestamente falsos durante períodos electorales. Advierte, no obstante, de los conflictos que puede presentar con la libertad de expresión, que pueden hacer que esta normativa resulte poco operativa.

Estudio sobre la respuesta normativa del legislador francés al fenómeno de la desinformación, particularmente en plataformas digitales. La autora analiza la regulación vigente, con particular énfasis en la Ley de 22 de diciembre de 2018, destacando las competencias del Conseil Supérieur de l’audiovisuel (CSA), las nuevas obligaciones de los titulares de plataformas digitales (especialmente, la transparencia algorítmica y la implementación de mecanismos de denuncia de contenidos) y la implantación de un procedimiento de urgencia ágil para retirar contenidos manifiestamente falsos durante períodos electorales. Advierte, no obstante, de los conflictos que puede presentar con la libertad de expresión, que pueden hacer que esta normativa resulte poco operativa.

La singularidad del dispositivo europeo en materia de protección de datos reside en la existencia de márgenes de maniobra que permiten a los Estados miembros precisar determinadas normas o liberarse de las previstas a nivel europeo. Si bien el legislador se ha mostrado prudente en el uso de estos espacios de libertad, se tratan en la presente obra las cuestiones reguladas de manera específica en el derecho interno. Asimismo, recoge todas las revisiones de la Ley “Informática y Libertades” con motivo de la transposición de la Directiva 2016/680/UE.

Apenas 40 años después de la entrada en vigor en Francia de la ley «Informática y libertades», el derecho de los datos personales ha sufrido una importante evolución. Durante el año 2018, entró en vigor del RGPD. Una Ley y, posteriormente, una Ordenanza, adaptaron la legislación interna francesa al nuevo texto europeo. Inmediatamente, ello se tradujo e un aumento de las sanciones impuestas por la CNIL. La obra reúne diversas contribuciones que abordan cuestiones transversales relacionadas con la nueva normativa, como su ámbito de aplicación territorial, la competencia con el modelo estadounidense, el alcance del concepto de responsable del tratamiento, la existencia de derechos post mortem sobre los datos o los límites del principio de transparencia frente a la opacidad de los algoritmos predictivos. Otras se centran en un sector concreto, como la banca, la sanidad, los seguros o los datos relativos a los responsables públicos.

Resumen de las directrices de la CNIL en cuanto al uso de dispositivos que recogen datos biométricos para controlar el acceso al puesto de trabajo y el cumplimiento de los horarios del empleado.

Artículo que analiza la evolución del marco normativo francés en el ámbito concreto de los efectos de la muerte de una persona sobre sus bienes digitales, destacando en particular cómo la Loi Informatique e Libertés habilita a los individuos para hacer disposiciones post mortem, yendo más allá de lo previsto por el Reglamento General de Protección de Datos. El autor examina críticamente el surgimiento de una nueva industria, los servicios funerarios digitales, que no se limita a la eliminación de perfiles en redes sociales, sino que ofrece otras prestaciones, como cementerios virtuales o deadbots (bots que utilizan IA para simular conversaciones con la persona fallecida).