Referencias documentales

Las innovaciones en materia de salud conectada o las terapias digitales están experimentando un auge espectacular, impulsado por la inteligencia artificial, los datos abiertos y la convergencia de tecnologías. Encontrar el enfoque adecuado para proteger y valorizar estas invenciones requiere adoptar un enfoque holístico. El estudio ofrece una panorámica de las herramientas y las buenas prácticas.

Las redes sociales han revolucionado la sociedad y plantean retos democráticos, económicos, sociales y también ecológicos. Coincidiendo con la adopción, por parte de la Unión Europea, de un ambicioso marco jurídico para su regulación, el Consejo de Estado dedicó su estudio anual de 2022 a este tema. En el formula 17 propuestas concretas para permitir el reequilibrio de fuerzas a favor de los usuarios, dotar a los poderes públicos de los medios necesarios para desempeñar su función reguladora y también pensar en las redes sociales del futuro.

La organización de los sistemas sanitarios se ha visto afectada por el uso de la tecnología digital. Los objetos conectados, los robots dotados de inteligencia artificial y los algoritmos se han convertido en herramientas indispensables para la organización y la mejora del funcionamiento de los actores sanitarios, los centros, las empresas, los profesionales y las autoridades sanitarias. Si bien este uso generalizado es una fuente de progreso para la salud individual y colectiva, también representa importantes riesgos. El marco jurídico y normativo de la tecnología digital en el ámbito de la salud pasa sin duda por la elaboración de normas vinculantes destinadas a la protección del paciente, pero también por el recurso a normas jurídicas flexibles, dictámenes, recomendaciones, cartas y directrices. El marco jurídico de la tecnología digital en el ámbito de la salud se orienta hacia un enfoque ágil comprometido con la corregulación entre los actores públicos y privados.

La inteligencia artificial se encuentra en una fase de desarrollo que permite plantearse su regulación por parte del derecho. Sus aplicaciones se están materializando y ya no es necesario proyectarse en el futuro para imaginar tanto los avances como los riesgos. De hecho, ya existe un proyecto de normativa, ya que la Comisión Europea publicó el 21 de abril de 2021 una propuesta de reglamento por el que se establecen normas armonizadas en materia de inteligencia artificial. Los trabajos preparatorios ya están muy avanzados, ya se trate de evaluar las situaciones actuales, comprobar la adaptabilidad de las normas del derecho positivo, preparar las orientaciones que deben adoptarse y las decisiones que deben tomarse, o incluso plantearse los métodos, entre el enfoque ético y el enfoque prescriptivo.
En este contexto, académicos de renombre han aunado sus reflexiones para que cada estudio en su ámbito de especialidad contribuya a una presentación completa de las cuestiones que plantea el desarrollo de la inteligencia artificial.

En un momento en el que las tecnologías digitales invaden todos los ámbitos de la vida y el acceso a Internet se convierte en una condición previa para el ejercicio de una serie de derechos fundamentales, Internet desempeña un papel crucial para las personas, tanto durante la pandemia del coronavirus como después de ella. Ahora que resurgen las demandas para que el acceso a Internet sea un derecho fundamental, no sería de extrañar que los legisladores asumieran más compromisos en este ámbito y evaluaran las diferentes opciones políticas y legislativas. En este contexto, el presente análisis: i) determina los parámetros de diseño y funcionamiento de un posible derecho fundamental al acceso a Internet, ii) presenta un ejemplo de diseño, iii) analiza las ventajas y desventajas de su posible reconocimiento, y iv) ofrece una breve descripción de la legislación y las medidas de la Unión que podrían afectar a este nuevo derecho.

Comentario de la sentencia dictada por el Tribunal Judicial de París el 9 de marzo de 2021. En ella, el juez admite la licitud del tratamiento de los datos profesionales de un cirujano dentista contenidos en una ficha de Google My Business. El tratamiento no se considera sujeto al régimen de prospección comercial ni al de elaboración de perfiles, y la persona afectada carece de los derechos de oposición y de supresión. Los sistemas de calificación de profesionales en Internet son validados, en su mayoría, por los tribunales franceses cuando los comentarios de los internautas no son constitutivos de difamación.

Internet plantea retos constantemente renovados a todos los ámbitos del derecho. Ahora que el dispositivo nacional de protección de datos personales se basa tanto en el RGPD como en la ley modificada de Informática y Libertades, ¿cuáles son las normas para la recopilación, el uso y la conservación de datos personales? ¿Cómo se ejerce el derecho al olvido, a la portabilidad o al control de los datos tras el fallecimiento? ¿Cómo puede el empleador garantizar el respeto de la vida privada del empleado que utiliza sus propios equipos informáticos en su actividad profesional? ¿Cómo debe organizar el procedimiento de notificación de alertas? ¿Cómo se armonizan las normas de transparencia y lealtad aplicables al comercio electrónico con las disposiciones europeas de protección del consumidor en línea? ¿Qué lugar y qué marco jurídico se debe otorgar al pago en bitcoins? Ya sea internauta o no, ciudadano, padre, menor, consumidor, creador de sitios web, empleado, empresario, responsable de una misión de interés general, abogado o magistrado, el lector encontrará en esta séptima edición muchas respuestas.

Estudio sobre la respuesta normativa del legislador francés al fenómeno de la desinformación, particularmente en plataformas digitales. La autora analiza la regulación vigente, con particular énfasis en la Ley de 22 de diciembre de 2018, destacando las competencias del Conseil Supérieur de l’audiovisuel (CSA), las nuevas obligaciones de los titulares de plataformas digitales (especialmente, la transparencia algorítmica y la implementación de mecanismos de denuncia de contenidos) y la implantación de un procedimiento de urgencia ágil para retirar contenidos manifiestamente falsos durante períodos electorales. Advierte, no obstante, de los conflictos que puede presentar con la libertad de expresión, que pueden hacer que esta normativa resulte poco operativa.

Estudio sobre la respuesta normativa del legislador francés al fenómeno de la desinformación, particularmente en plataformas digitales. La autora analiza la regulación vigente, con particular énfasis en la Ley de 22 de diciembre de 2018, destacando las competencias del Conseil Supérieur de l’audiovisuel (CSA), las nuevas obligaciones de los titulares de plataformas digitales (especialmente, la transparencia algorítmica y la implementación de mecanismos de denuncia de contenidos) y la implantación de un procedimiento de urgencia ágil para retirar contenidos manifiestamente falsos durante períodos electorales. Advierte, no obstante, de los conflictos que puede presentar con la libertad de expresión, que pueden hacer que esta normativa resulte poco operativa.

La singularidad del dispositivo europeo en materia de protección de datos reside en la existencia de márgenes de maniobra que permiten a los Estados miembros precisar determinadas normas o liberarse de las previstas a nivel europeo. Si bien el legislador se ha mostrado prudente en el uso de estos espacios de libertad, se tratan en la presente obra las cuestiones reguladas de manera específica en el derecho interno. Asimismo, recoge todas las revisiones de la Ley “Informática y Libertades” con motivo de la transposición de la Directiva 2016/680/UE.