Referencias documentales

Este artículo detalla una demanda colectiva presentada en Illinois contra Microsoft, alegando que su plataforma «Teams» recolecta y almacena datos biométricos de los usuarios —específicamente huellas de voz— sin obtener el consentimiento previo y por escrito requerido por la ley BIPA. La demanda sostiene que las funciones de transcripción y subtitulado en tiempo real de la aplicación analizan las características vocales únicas de los participantes para identificar a los oradores, lo cual constituye una infracción a la privacidad si no se informa debidamente al usuario. El caso resalta el creciente escrutinio legal sobre las herramientas de colaboración remota y los riesgos de responsabilidad multimillonaria que enfrentan las grandes tecnológicas cuando sus funciones de inteligencia artificial interactúan con datos biométricos en jurisdicciones con leyes de privacidad estrictas como las de Illinois.

Este registro legislativo detalla la propuesta HB 4875 de Illinois, la cual busca regular el uso de materiales protegidos por derechos de autor en el entrenamiento de sistemas de Inteligencia Artificial generativa. La ley obligaría a los desarrolladores de IA a mantener un registro detallado de todos los conjuntos de datos utilizados para entrenar sus modelos y a hacer pública esta información. El objetivo principal es garantizar que los creadores de contenido sean notificados y, potencialmente, compensados cuando sus obras se utilicen para alimentar algoritmos comerciales. Además, el proyecto de ley establece mecanismos de cumplimiento y sanciones para las empresas que no cumplan con estos estándares de transparencia, abordando las crecientes preocupaciones éticas y legales sobre la propiedad intelectual en la era de la automatización y la creación de contenido sintético.

Este comunicado celebra una victoria judicial del DNC frente a los intentos del gobierno federal de obligar a los estados a entregar información personal detallada de los votantes. El artículo sostiene que tales solicitudes de datos masivos constituyen una extralimitación del poder ejecutivo y una amenaza directa a la privacidad de los ciudadanos, con el potencial de ser utilizadas para tácticas de supresión de votos. El DNC argumenta que la protección de la base de datos de registro de votantes es fundamental para la integridad de la democracia y que cualquier esfuerzo por centralizar o exponer esta información sensible bajo pretextos de seguridad electoral debe ser rechazado en las cortes. El texto refuerza el compromiso del partido de seguir litigando para asegurar que los derechos de privacidad de los votantes no se vean comprometidos por agendas políticas.

Este artículo anuncia la introducción de un paquete de proyectos de ley bipartidistas en Michigan diseñados para establecer «barreras de seguridad» en el uso de la tecnología de lectores automáticos de matrículas (ALPR). La legislación busca equilibrar la eficacia de estas herramientas en la lucha contra el crimen con la protección de las libertades civiles de los ciudadanos. Entre las medidas propuestas, se incluyen límites estrictos sobre cuánto tiempo pueden las agencias policiales conservar los datos de las matrículas (proponiendo un máximo de 30 días si no hay una investigación activa) y la prohibición de vender esta información a terceros o utilizarla para fines no relacionados con la seguridad pública. Los legisladores argumentan que, sin una regulación clara, el uso indiscriminado de esta tecnología podría derivar en una vigilancia masiva injustificada, por lo que es imperativo codificar protocolos de transparencia y rendición de cuentas.

El 21 de febrero de 2026, la representante Joy Goeben emitió un comunicado tras la aprobación en la Asamblea de Wisconsin de su paquete de proyectos de ley (AB 961, AB 962 y AB 963) para proteger a los menores en línea. La legislación, que contó con apoyo bipartidista, busca restaurar la autoridad parental aumentando la transparencia de las grandes plataformas tecnológicas y exigiendo responsabilidades a los distribuidores de contenido digital. Goeben argumenta que las empresas diseñan sus plataformas para explotar la vulnerabilidad de los niños, exponiéndolos a depredadores, material explícito y problemas de salud mental. El objetivo es terminar con el desequilibrio que, según ella, deja a los padres «excluidos» del mundo digital de sus hijos, a pesar de ser legal y moralmente responsables de ellos.

Este artículo destaca la introducción en Wisconsin de un proyecto de ley basado en el «Código de Diseño Apropiado para la Edad» (AADC), una normativa inspirada en estándares internacionales para proteger a los niños y adolescentes en el entorno digital. La legislación propuesta exigiría que las empresas tecnológicas prioricen el bienestar y la privacidad de los menores por encima de los intereses comerciales, obligándolas a realizar evaluaciones de impacto sobre el riesgo de sus productos. Entre sus puntos clave, la ley prohibiría el uso de perfiles de usuario para menores, el rastreo de ubicación predeterminado y el uso de técnicas de diseño adictivas («dark patterns»). EPIC elogia esta iniciativa como un paso crucial para crear una internet más segura, subrayando que la responsabilidad de la protección de datos debe recaer en las plataformas y no únicamente en la supervisión de los padres.

Página web de la Comisión Europea donde se explica la Ley Europea de Chips (European Chips Act): normativa que entró en vigor el 21 de septiembre de 2023 para reforzar la soberanía tecnológica, competitividad y resiliencia del ecosistema de semiconductores en la UE, reducir la dependencia de proveedores externos y apoyar la transformación digital y ecológica.

Página web de la CE donde se explica la Ley de Cibersolidaridad de la UE que entró en vigor el 4 de febrero de 2025 paraeforzar la preparación, detección y respuesta conjunta ante grandes ciberamenazas y ataques en toda la Unión. Establece un Sistema Europeo de Alerta de Ciberseguridad compuesto por centros cibernéticos nacionales y transfronterizos conectados, y un Mecanismo de Emergencia de Ciberseguridad para apoyar preparación, pruebas de vulnerabilidad, una reserva de servicios de respuesta y asistencia mutua entre Estados miembros. También crea un Mecanismo Europeo de Revisión de Incidentes de Ciberseguridad que evaluará incidentes significativos y propondrá lecciones y recomendaciones. El plan recibe financiación bajo el Programa Europa Digital para aumentar la resiliencia cibernética de la UE y proteger mejor servicios críticos frente a amenazas crecientes

La noticia describe cómo la evaluación intermedia del Programa Europa Digital (DIGITAL) de la Comisión Europea evidencia su impacto en la transformación digital de Europa. Con un presupuesto de 8 160 millones € para 2021-2027, ha financiado proyectos como JUPITER, el primer superordenador exaescala europeo, y el despliegue de 169 centros europeos de innovación digital, apoyando a más de 90 000 empresas y organizaciones. Más de 20 700 personas han recibido formación en habilidades digitales, y se han creado instalaciones para probar tecnologías de IA y desarrollar chips avanzados. DIGITAL también ha invertido en ciberseguridad y respaldado políticas clave como las leyes de chips, datos, ciberresiliencia e IA. El informe identifica retos de coordinación y visibilidad del programa, que la Comisión busca mejorar.

En la web se explica como se pretende reforzar la estrategia europea de IA a través del Plan de Acción para el continente de la IA. Entre las iniciativas más destacadas se incluye la creación de fábrica y gigafábrica de IA, el mecanismo InvestIA para estimular la inversión privada, un servicio de asistencia a la Ley de IApara aplicarla de manera más eficaz y eficiente y el lanzamiento de una academia en habilidades de IA.