Referencias documentales

El proyecto LD 524 en Maine va destinado a reformar el código penal para incluir como delito la difusión de material de abuso sexual infantil generado o modificado mediante inteligencia artificial. La iniciativa surge tras un caso en el que no pudo imputarse a un individuo que creó imágenes sexualizadas de menores usando IA, evidenciando vacíos legales. La propuesta cuenta con amplio apoyo institucional y bipartidista, en un contexto de fuerte incremento de denuncias por contenido generado con IA. Sin embargo, asociaciones de defensa penal advierten que la redefinición (al incluir imágenes que “aparenten” representar menores) podría vulnerar la Primera Enmienda, a la luz de jurisprudencia del Tribunal Supremo que protege ciertas representaciones virtuales. El debate refleja la tensión entre protección reforzada de la infancia y garantías constitucionales de libertad de expresión.

Existe cierta inquietud entre los ciudadanos de New Hampshire respecto al estado de sus derechos de privacidad frente a las tecnologías de vigilancia empleadas por las fuerzas del orden en New Hampshire y el marco jurídico que limita su uso. La normativa estatal y la jurisprudencia del Tribunal Supremo exigen orden judicial para acceder al contenido y localización histórica de teléfonos móviles, instalar dispositivos GPS o utilizar simuladores de antenas, imponiendo además obligaciones de borrado de datos. Existen restricciones específicas para lectores automáticos de matrículas y cámaras corporales, incluyendo límites de conservación y protección frente al reconocimiento facial. Sin embargo, no hay regulación sobre drones, software de monitorización de redes sociales o “policía predictiva”. Aunque en 2018 se incorporó un derecho constitucional a la privacidad, su alcance práctico aún depende de interpretación judicial.

Una encuesta realizada por la organización MassINC a unos 900 padres de estudiantes de 6º a 12º grado en Massachusetts revela que el 66 % apoya una prohibición “bell-to-bell” del uso de teléfonos móviles en escuelas públicas. La medida, ya aprobada por el Senado estatal y pendiente en la Cámara, obligaría a los distritos a restringir el uso de dispositivos electrónicos durante toda la jornada escolar, aunque prevé excepciones por razones de salud y seguridad. Los defensores argumentan que los móviles generan distracción y afectan al aprendizaje y la salud mental. Sin embargo, el 63 % de los padres también desea mecanismos alternativos para comunicarse con sus hijos durante el horario escolar, citando preocupaciones por emergencias y seguridad. El debate se enmarca en una tendencia nacional, con al menos 33 estados que han adoptado políticas similares para limitar el uso de teléfonos en centros educativos.

La inteligencia artificial ya es una realidad en Rhode Island y el Estado busca posicionarse como referente nacional mediante una estrategia pública responsable e inclusiva. El gobernador Dan McKee impulsó en 2024 el Rhode Island AI Task Force, que acaba de publicar un informe con recomendaciones para anticipar impactos y aprovechar oportunidades. El plan propone que el sector público lidere la adopción ética de la IA, con gobernanza, transparencia y control de sesgos, a la vez que refuerza la formación del personal. Destaca la preparación de estudiantes y trabajadores “AI-ready”, desde K-12 hasta la educación superior, y la atracción de empresas mediante una fuerza laboral capacitada. Expertos como Jim Langevin subrayan que la IA transformará empleo, educación y servicios públicos, mejorando la eficiencia y la experiencia ciudadana si se implementa con responsabilidad.

Esl estado de Rhode Island plantea una nueva legislación (S 2203) sobre privacidad genética en el ámbito de las empresas de tests genéticos directos al consumidor, enmarcándola dentro de una tendencia más amplia que incluye a otros estados como Dakota del Sur y Vermont. En el caso de Rhode Island, la iniciativa establece un régimen exigente basado en información clara, consentimiento expreso y control efectivo del usuario sobre sus datos genéticos y muestras biológicas. Obliga a informar de manera accesible sobre los usos de los datos, a recabar consentimientos separados para usos secundarios, conservación de muestras y cesiones a terceros, y a garantizar derechos de acceso, supresión y revocación del consentimiento. El texto subraya que, aunque Rhode Island comparte objetivos con otros estados, cada legislación introduce matices distintos en obligaciones, excepciones y alcance, evidenciando un mosaico regulatorio estatal en evolución frente a los riesgos para la intimidad genética.

El estado de Rhode Island plantea una iniciativa legislativa (S 2021) orientada a facilitar el uso cotidiano de Bitcoin mediante la exención fiscal de pequeñas transacciones. El proyecto propone que tanto particulares como empresas puedan vender o intercambiar hasta 5.000 dólares mensuales o 20.000 anuales en Bitcoin sin que dichas operaciones tributen en el impuesto estatal sobre la renta. La medida, prevista para el periodo 2027–2028, busca simplificar las obligaciones fiscales de operaciones cripto de escasa cuantía, fomentando el cumplimiento mediante un sistema de autocertificación anual y requisitos de registro razonables. El texto subraya que la exención no está pensada para inversiones especulativas, sino para el uso ordinario de Bitcoin como medio de pago. La norma será evaluada tras un año para valorar su impacto económico y fiscal, con posibilidad de modificación o prórroga.

Connecticut se convirtió en el primer estado en aprobar una ley eficaz para abordar los problemas del la concesión de licencias digitales en bibliotecas sin caer en la preempción del derecho federal de autor. Su proyecto S.B. 1234, promulgado como Public Act 25‑9, adopta un modelo innovador propuesto por Library Futures y la eBook Study Group. A diferencia de leyes anteriores en Maryland o Nueva York, que fueron bloqueadas por obligar a los editores a licenciar obras, la ley de Connecticut evita intervenir en derechos exclusivos del copyright. En su lugar, regula las condiciones contractuales una vez que un editor decide ofrecer licencias, impidiendo términos abusivos.

Connecticut avanza en una propuesta legislativa para reforzar la protección de menores en redes sociales, impulsada por el gobernador Ned Lamont y el fiscal general William Tong. La iniciativa exigiría consentimiento parental para que plataformas utilicen algoritmos y notificaciones considerados adictivos o perjudiciales para menores. Además, establece configuraciones por defecto más restrictivas, incluyendo la prohibición de notificaciones entre las 21:00 y las 8:00 horas, límites de uso y mayor privacidad de las cuentas. La propuesta se apoya en preocupaciones sobre el impacto de las redes sociales en la salud mental infantil, como aislamiento, depresión o ciberacoso, y toma como referencia leyes similares de otros estados. Aunque el sector tecnológico alega haber introducido herramientas de seguridad, la medida busca reforzar el control familiar y reducir la exposición de los menores a dinámicas digitales dañinas.

Diversos estados de EE. UU. están reforzando la supervisión de los chatbots de IA utilizados en contextos de salud mental tras varios suicidios vinculados a interacciones con estas herramientas. Legisladores y expertos advierten que, aunque los chatbots pueden ofrecer recursos o derivaciones, no sustituyen la atención de profesionales licenciados y pueden generar una peligrosa “falsa intimidad”, especialmente en menores. En Nueva York y Utah exigen avisos claros de que no son humanos y la derivación a líneas de crisis ante indicios de autolesión. Pese a intentos federales de limitar la regulación estatal, las iniciativas avanzan para imponer salvaguardas, transparencia y límites funcionales. Organismos como la Federal Trade Commission investigan prácticas empresariales, y compañías como OpenAI afirman estar incorporando medidas de seguridad, en un debate marcado por la protección de menores y la responsabilidad algorítmica.

La ciudad de Nueva York ha creado una Oficina de Activos Digitales y Tecnología Blockchain mediante una orden ejecutiva firmada por el ex-alcalde Eric Adams, con el objetivo de posicionar a la ciudad como un referente en el sector de las criptomonedas y la tecnología blockchain. La nueva oficina busca apoyar el crecimiento de esta industria, promover el uso responsable de los activos digitales y educar al público, en un contexto de mayor respaldo regulatorio federal, como la aprobación del GENIUS Act sobre stablecoins. La iniciativa se enmarca en una estrategia de desarrollo económico y sigue una tendencia observada en otros estados y ciudades estadounidenses que exploran blockchain y criptomonedas como herramientas para atraer inversión e innovación, aunque persisten dudas sobre su utilidad práctica y su impacto real en la ciudadanía.