L’avenir des données personnelles sur les réseaux sociaux de la personne décédée.
La entrada de blog explora la regulación del acceso a los datos personales contenidos en cuentas de redes sociales tras el fallecimiento de una persona.
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La entrada de blog explora la regulación del acceso a los datos personales contenidos en cuentas de redes sociales tras el fallecimiento de una persona.
El documento recoge la contribución de Italia al informe de la ONU sobre “El derecho a la privacidad en la era digital” (HRC Res. 54/21). Presenta el papel y la estructura de la Autoridad Italiana de Protección de Datos (Garante per la protezione dei dati personali), autoridad administrativa independiente creada por la Ley 675/1996 y actualmente regulada por el Código de Protección de Datos Personales (D. Leg. 196/2003), modificado por el D. Leg. 101/2018, que la designa como autoridad de control del RGPD conforme al art. 51 del Reglamento 2016/679. Su misión es salvaguardar derechos y libertades fundamentales en el tratamiento de datos personales y garantizar la dignidad de las personas. Funciona como órgano colegiado de cuatro miembros elegidos por el Parlamento por siete años. Entre sus competencias destacan: supervisar la licitud del tratamiento, tramitar reclamaciones, limitar o prohibir tratamientos, emitir recomendaciones, asesorar al legislador, elaborar un informe anual y participar en cooperación europea e internacional. Italia reafirma su compromiso con los mecanismos de derechos humanos de la ONU
El documento ofrece una panorámica sobre los derechos humanos en la era digital (HURDA), las tendencias y los desafíos asociados a los mismos, así como los enfoques de fortalecimiento de capacidades que se han adoptado para fomentarlos y protegerlos. El informe presenta una serie de recomendaciones que deben ser consideradas por los actores involucrados en los esfuerzos de fortalecimiento de capacidades centrados en los derechos humanos.
El documento examina la compleja relación entre el software de código abierto y los sistemas contemporáneos de inteligencia artificial, con especial atención al ámbito de las telecomunicaciones. Se analiza cómo el paradigma tradicional del open source, centrado en la accesibilidad del código fuente, resulta insuficiente frente a la opacidad de elementos esenciales como los datos de entrenamiento y los pesos de los modelos. El estudio denuncia la práctica del denominado “open washing”, mediante la cual soluciones propietarias se presentan indebidamente como abiertas. Asimismo, se abordan los desafíos jurídicos relativos a la auditoría, la reproducibilidad y la atribución de responsabilidades en el funcionamiento de la inteligencia artificial. A partir del examen de los marcos normativos europeo, estadounidense y chino, el texto subraya la necesidad de reforzar la transparencia y la conformidad regulatoria. Finalmente, se destaca la importancia de decisiones estratégicas informadas para equilibrar innovación, competencia y protección de derechos.
Este capítulo introductorio presenta el marco general de la obra dedicada a la gobernanza de los intereses informacionales en las sociedades digitales. En primer lugar, identifica tres grandes enfoques reguladores: la aplicación de principios jurídicos tradicionales, la adopción de normativas específicas y el uso de soluciones tecnológicas con fines regulatorios. A partir de este trasfondo, se examina el panorama de derechos y vulneraciones informacionales, destacando su creciente complejidad. El texto muestra cómo algunos intereses se configuran como auténticos derechos subjetivos, mientras que otros se manifiestan como prácticas lesivas que reclaman intervención normativa. Asimismo, se ofrece una síntesis sistemática de las contribuciones incluidas en el volumen, cada una centrada en un aspecto particular de los desafíos regulatorios contemporáneos. El capítulo cumple así una función metodológica esencial, al proporcionar las claves interpretativas necesarias para comprender las transformaciones jurídicas inducidas por las tecnologías digitales.
En este ensayo, Juan Carlos De Martin interpreta la historia reciente como un proceso progresivo de informatización del mundo, iniciado con el desarrollo de los primeros ordenadores y culminado en la actual fase de la inteligencia artificial. El autor sostiene que el smartphone se ha convertido en una extensión imprescindible de la acción social, pero advierte que su expansión está dominada por un reducido número de grandes empresas tecnológicas. Esta concentración genera una forma de “colonialismo digital”, mediante la cual numerosos Estados pierden el control sobre sus infraestructuras estratégicas. Como respuesta, se propone una visión ética y cooperativa orientada al interés colectivo. Entre sus objetivos destacan la garantía de la autonomía tecnológica nacional, la firma de acuerdos internacionales contra las armas autónomas y la distribución equitativa de recursos computacionales. El propósito último es promover una tecnología orientada a la paz, la solidaridad y la justicia global.
El artículo presenta los esfuerzos del Arkansas Archeological Survey en Henderson State University para archivar colecciones arqueológicas y publicar resultados de investigaciones. Se documenta la digitalización de notas de campo, fotografías y mapas, así como la colaboración con voluntarios y profesionales. El trabajo fomenta el acceso abierto a datos históricos y arqueológicos, promoviendo la conservación del patrimonio cultural y el desarrollo de nuevas investigaciones en el área de Caddo.
El Estado de Texas busca implementar la legislación más estricta de EE. UU. sobre el uso de redes sociales por menores. La propuesta incluye verificación de edad para descargar aplicaciones y la prohibición total para menores de 18 años. Legisladores argumentan que estas medidas protegerán la salud mental infantil, mientras que críticos advierten sobre posibles violaciones a la libertad de expresión y derechos digitales de los adolescentes.
La Ley de Privacidad y Seguridad de Datos de Texas otorga a los ciudadanos nuevos derechos sobre su información personal. Los texanos pueden saber qué datos recopilan las empresas, corregir errores, eliminar información y optar por no participar en publicidad dirigida o decisiones automatizadas. Las empresas deben publicar avisos claros sobre sus prácticas de datos. La ley es supervisada por la Oficina del Fiscal General y busca empoderar a los consumidores en el entorno digital.
Este artículo analiza los conflictos legales surgidos tras la anulación de Roe v. Wade, especialmente en torno a los abortos por telemedicina y las demandas interestatales. Examina si Estados como Texas pueden sancionar a proveedores de salud que operan legalmente en otros Estados, y si las pacientes pueden ser penalizadas por recibir servicios digitales. Se abordan principios constitucionales como el derecho a viajar, la soberanía estatal y la jurisdicción, con énfasis en los desafíos legales actuales.