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El artículo critica la decisión de la FCC de aplicar regulaciones tipo telefónicas a Internet bajo el principio de “neutralidad de la red”. Argumenta que estas normas aumentan costes, reducen la innovación y generan incertidumbre. Propone que el Congreso, incluidos los senadores de Virginia, actúe para preservar la apertura de Internet mediante un enfoque legislativo bipartidista que evite la intervención excesiva del gobierno.
Where do Tennessee lawmakers stand on net neutrality?
Megan Sadler | 2018
El artículo expone las posturas de los legisladores de Tennessee sobre la neutralidad de la red tras la decisión de la FCC de eliminarla en 2018. Algunos republicanos defienden un Internet abierto sin regulaciones estrictas, mientras otros muestran preocupación por el posible bloqueo o ralentización de contenidos. El debate refleja tensiones entre la libertad de mercado y la protección de los derechos digitales de los usuarios.
South Carolina Enacts an Insurance Data Security Act Based on the NAIC Model Law
James M. Westerlind | 2018
El artículo informa que Carolina del Sur fue el primer Estado en adoptar una ley de seguridad de datos en seguros basada en el modelo de la NAIC. La normativa exige a las entidades aseguradoras implementar programas de seguridad de la información, planes de respuesta ante incidentes y supervisión de proveedores externos. También establece obligaciones de investigación y notificación en caso de ciberataques, complementando la ley estatal de brechas de datos.
El artículo defiende la aprobación del Maryland Net Neutrality Act (HB 957), que busca restablecer las protecciones de la Orden de Internet Abierto de 2015. La propuesta prohíbe prácticas como el bloqueo, la priorización pagada y la manipulación del tráfico por parte de proveedores de Internet. También reclassifica el acceso a banda ancha como servicio de telecomunicaciones, devolviendo a la FCC autoridad reguladora para proteger a los consumidores
In SUPPORT of House Bill 957, Maryland Net Neutrality Act of 2020
Jonathan Schwantes | 2020
El documento recoge el testimonio de Jonathan Schwantes, asesor jurídico de Consumer Reports, ante el Comité de Asuntos Económicos de la Cámara de Delegados de Maryland en apoyo al proyecto de ley HB 957. Este busca restablecer la neutralidad de la red en el Estado, prohibiendo prácticas como el bloqueo de contenidos, la priorización pagada y la manipulación del tráfico por parte de proveedores de Internet.
Maine’s ISP Privacy Law Does Not Violate the First Amendment, Much as ISPs Would Like for It To
Arianna Demas | 2020
El artículo de la ACLU defiende la ley de privacidad de Maine que obliga a los proveedores de servicios de Internet (ISP) a obtener el consentimiento de los usuarios antes de usar o vender su información personal. La ley protege datos sensibles como ubicación, historial de navegación y salud, y ha sido cuestionada por los ISP por supuesta violación de la Primera Enmienda. La ACLU argumenta que la ley regula el discurso comercial y protege la privacidad del consumidor.
El Estado de Maine aprobó una ley que prohíbe el uso de tecnología de reconocimiento facial por parte de empleados públicos, incluidos cuerpos policiales, salvo excepciones muy limitadas. La norma, considerada la más estricta del país, busca proteger la privacidad y las libertades civiles. Permite acciones legales contra quienes la infrinjan y exige transparencia en las solicitudes de uso por parte de agencias como el FBI o el BMV
Policy Solutions for More Innovation: A Policy Primer for Emerging Technology in Ohio
Logan Kolas | 2021
El informe del Buckeye Institute propone soluciones políticas para fomentar la innovación tecnológica en Ohio. Recomienda marcos regulatorios flexibles, zonas de prueba (sandboxes), y coordinación entre niveles de gobierno. Aborda temas como privacidad de datos, drones, telemedicina y banda ancha, con el objetivo de crear un entorno digital sostenible que impulse el emprendimiento y la competitividad en el Estado.
El Estado de Maine aprobó una ley que prohíbe el uso de tecnología de reconocimiento facial por parte de empleados públicos, incluidos cuerpos policiales, salvo excepciones muy limitadas. La norma, considerada la más estricta del país, busca proteger la privacidad y las libertades civiles. Permite acciones legales contra quienes la infrinjan y exige transparencia en las solicitudes de uso por parte de agencias como el FBI o el BMV
La normativa establece que la Comisión de Corporaciones de Oklahoma no puede regular los servicios de acceso a Internet de alta velocidad o banda ancha, sin importar la tecnología utilizada. También impone requisitos a los proveedores de servicios de telecomunicaciones locales para garantizar el acceso desagregado a elementos de red. La ley protege la neutralidad del servicio y limita la intervención estatal en la provisión de Internet.