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El informe de NARUC titulado «State Responses to Net Neutrality» analiza cómo los Estados de EE. UU. respondieron a la derogación de las normas federales de neutralidad de la red en 2017. El documento destaca que, ante la falta de regulación federal, muchos Estados —incluido Delaware— tomaron medidas legislativas, ejecutivas o regulatorias para proteger el acceso abierto a internet. Estas acciones incluyeron órdenes ejecutivas, leyes estatales y demandas judiciales. El informe también examina los desafíos legales y técnicos de aplicar normas de neutralidad a nivel estatal.
Minnesota Statutes, Chapter 325M — Consumer Digital and Data Privacy
Minnesota Office of the Revisor of Statutes | 2025
El capítulo 325M de los Estatutos de Minnesota regula la privacidad digital y la protección de datos personales. Incluye disposiciones sobre la divulgación de información, derechos de los consumidores, responsabilidades de empresas y plataformas digitales, y medidas de seguridad. También aborda la manipulación en redes sociales y establece mecanismos de transparencia y sanción. La normativa refleja el compromiso estatal con la garantía de derechos en entornos digitales y la adaptación a nuevos desafíos tecnológicos.
The Latest on Net Neutrality – Where Are We In 2025
Broadband Search | 2025
El artículo revisa el Estado de la neutralidad de la red en 2025 y señala que, aunque el gobierno federal perdió autoridad para regular el servicio de internet como utilidad pública, muchas protecciones siguen vigentes a nivel estatal. California es destacada por su ley SB-822, que prohíbe el bloqueo, la ralentización intencionada (throttling) y la priorización pagada del tráfico. Esta ley sobrevivió a impugnaciones judiciales y sigue aplicándose incluso tras decisiones federales que limitan la regulación nacional
En Connecticut, la Cámara aprobó con apoyo bipartidista un proyecto para proteger a menores en redes sociales. La medida exige 18 años para descargar ciertas apps y establece más requisitos/controles sobre algoritmos, incluyendo en algunos casos consentimiento parental. El objetivo es frenar efectos dañinos —acoso, depresión— y garantizar que el contenido sea apropiado por edad. Aunque varios legisladores creen que debería existir una regulación federal uniforme, ante la inacción de Washington el Estado avanza con su propia norma. El texto ahora debe pasar al Senado estatal para su aprobación final.
States strike out on their own on AI, privacy regulation
Paige Gross | 2024
Ante la falta de legislación federal sobre inteligencia artificial (IA), varios Estados de EE. UU. han comenzado a implementar sus propias normativas para regular el uso de esta tecnología. Colorado ha aprobado una de las leyes más completas, centrada en prevenir daños y discriminación. Otros Estados, como Delaware, Iowa y Nuevo México, han abordado temas como la protección de datos personales y el uso de imágenes generadas por IA. La preocupación por la privacidad, la discriminación y el impacto social ha impulsado esta acción descentralizada, mientras el Congreso sigue sin aprobar leyes específicas sobre IA.
Kentucky Data Protection Act: What Businesses Need to Know
Natasha G. Kohne, Joseph Hold | 2024
El artículo analiza la Ley de Protección de Datos del Consumidor de Kentucky (KCDPA), aprobada en abril de 2024 y con entrada en vigor prevista para 2026. La norma establece derechos individuales como acceso, corrección y eliminación de datos, y obligaciones para empresas que operan en el Estado. Se inspira en leyes similares de Virginia y Connecticut, y busca equilibrar la protección de datos con la actividad empresarial, sin exigir mecanismos de exclusión universal.
An Overview of the North Carolina Consumer Privacy Act – Senate Bill 525
Anas Baig, Sadaf Ayub Choudary | 2024
La North Carolina Consumer Privacy Act (NCCPA), en vigor desde el 1 de enero de 2024, otorga a los residentes del Estado mayor control sobre sus datos personales. Establece obligaciones para empresas que procesan datos de al menos 100.000 consumidores o que obtienen ingresos significativos de su venta. La ley exige transparencia, medidas de seguridad, y derechos como acceso, corrección y eliminación de datos, aunque con excepciones para ciertos sectores y tipos de información.
New Hampshire Enacts Comprehensive Data Privacy Law
F. Paul Pittman, Abdul M. Hafiz | 2024
El Estado de New Hampshire aprobó la Ley de Privacidad SB 225, que entrará en vigor el 1 de enero de 2025. La norma otorga a los consumidores derechos como acceso, corrección, eliminación y portabilidad de datos personales, además de la posibilidad de optar por no ser perfilados ni recibir publicidad dirigida. Exige consentimiento para tratar datos sensibles y establece sanciones de hasta 10.000 $ por infracción.
Los legisladores estatales buscan respuestas de profesionales de la IA sobre regulación
Evan Walton | 2024
El 21 de junio de 2024, legisladores de Dakota del Sur se reunieron con profesionales de la inteligencia artificial para discutir los riesgos asociados a esta tecnología, como su impacto en la juventud y la «data poisoning» (alteración de datos). Joe Graves, Secretario del Departamento de Educación, advirtió que la regulación estatal podría ser insuficiente frente a la magnitud del fenómeno. Por su parte, Heather Morton, analista de la National Conference of State Legislatures, destacó la dificultad de legislar eficazmente ante la rápida evolución de la IA.
Growing Tensions: Consumer Privacy and Corporate Disclosures Growing Tensions: Consumer Privacy and Corporate Disclosures
Megan Wischmeier Shaner | 2024
El artículo examina cómo la rápida expansión de las leyes de privacidad estatales en EE.UU., inspiradas en el GDPR, está generando tensiones con las obligaciones de revelación corporativa. California abrió camino con la CCPA en 2018, seguida por Virginia, Colorado, Connecticut y Utah, y desde 2023 más de una docena de Estados han aprobado estatutos similares. Estas normas no solo protegen a consumidores, sino también a empleados, directivos y accionistas, interfiriendo en ámbitos como juntas anuales, libros societarios o fusiones. La autora propone soluciones legislativas y judiciales para reconciliar derechos de privacidad con deberes de transparencia corporativa.