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El inciso (k) de la sección 21-6101 del Código Penal de Kansas establece que es ilegal instalar o utilizar dispositivos para escuchar, grabar, amplificar o transmitir sonidos en un lugar privado sin el consentimiento de las personas allí presentes. Esta disposición busca proteger la privacidad en espacios donde se espera confidencialidad, como viviendas o lugares de trabajo. La violación de esta ley puede resultar en sanciones penales, reflejando el compromiso del Estado con la protección de la privacidad individual frente a la vigilancia no autorizada.
ACLU of Massachusetts Technology for Liberty Program (ft. Kade Crockford) | Inside Politicz #45
Inside Politicz | 2020
El episodio aborda el trabajo del Technology for Liberty Program de la ACLU de Massachusetts, centrado en garantizar que los avances tecnológicos no vulneren derechos fundamentales. Se destacan logros como el caso Carpenter v. United States, que obligó a las autoridades a obtener orden judicial para rastrear móviles. El programa combate la vigilancia masiva (drones, reconocimiento facial, rastreo digital) y promueve transparencia en el sistema judicial mediante el proyecto Data for Justice. Crockford subraya que la privacidad no está muerta: es un problema político que requiere leyes estrictas frente al poder corporativo y estatal para proteger derechos digitales.
Apoyo al Proyecto de Ley de la Cámara 2025: Protecciones contra la Vigilancia No Autorizada
ACLU de Kansas | 2021
La ACLU de Kansas apoya el Proyecto de Ley de la Cámara 2025 (HB 2025) como un paso positivo para proteger a los residentes del Estado de la vigilancia no autorizada y las invasiones de privacidad. La organización destaca que la vigilancia y el monitoreo por parte de agencias de la ley de Kansas pueden erosionar los derechos constitucionales de los ciudadanos, especialmente de las comunidades marginadas que son desproporcionadamente objetivo de estas prácticas. El HB 2025 busca imponer restricciones al acceso y la vigilancia por parte de ciertos funcionarios y agencias gubernamentales, promoviendo la transparencia y la rendición de cuentas.
Everything You Need To Know About The New York Privacy Act
Yehuda Raz | 2021
En 2025, Nueva York sigue siendo un foco clave de legislación sobre privacidad. El New York Privacy Act (NYPA, A4947/S3044) busca otorgar a los consumidores control sobre sus datos, con consentimiento explícito, minimización de información y supervisión de corredores de datos, aunque aún no se ha aprobado. Mientras tanto, se promulgaron leyes para proteger a menores: el Child Data Protection Act (S7695) regula la recolección de datos de menores de 18 años y el SAFE for Kids Act (S7694) limita feeds adictivos y notificaciones entre medianoche y las 6 a.m. Las empresas deben prepararse para cumplir con verificación de edad, consentimiento y políticas de datos actualizadas.
Iowa becomes sixth U.S. state to enact comprehensive consumer privacy legislation
Staff, IAPP — International Association of Privacy Professionals | 2023
En mayo de 2023, Iowa se convirtió en el sexto Estado de EE. UU. en aprobar una ley integral de privacidad del consumidor. La normativa otorga a los residentes derechos sobre sus datos personales, como acceso, eliminación y exclusión de la venta de datos. También impone obligaciones a las empresas para garantizar prácticas responsables de recolección y uso de información. Aunque menos estricta que leyes similares en otros Estados, representa un paso importante hacia una mayor protección de la privacidad digital.
SB 731 – Creates new provisions relating to the protection of data
Legislatura del Estado de Missouri | 2024
El proyecto de ley SB 731 introduce nuevos derechos para los consumidores en relación con sus datos personales en Missouri. Permite a los individuos confirmar si un controlador procesa sus datos, acceder a ellos y solicitar su eliminación si fueron proporcionados por el consumidor. Esto representa un avance hacia una mayor protección de la privacidad digital en el Estado
Kansas aún no cuenta con una ley integral de privacidad de datos. Aunque se reconoce la necesidad de una legislación estatal, no se ha propuesto un proyecto de ley. Las empresas deben cumplir con leyes federales como HIPAA y GLBA, que protegen datos de salud y financieros, respectivamente. Se recomienda a las empresas adoptar prácticas de privacidad y protección de datos, como medidas de seguridad mejoradas, avisos de privacidad actualizados y un marco de respuesta ante violaciones de datos, para garantizar la transparencia y el manejo responsable de los datos personales.
Constitutional Symmetry and Divergence: Louisiana’s Fourth Amendment Analog Provides More Protection than the Federal Fourth Amendment for Technological Communications of Data
Erin Alpandinar | 2024
El artículo examina cómo la Constitución de Louisiana, mediante su analogía de la Cuarta Enmienda, proporciona mayores protecciones frente a intrusiones tecnológicas como los medidores inteligentes. Argumenta que el término “comunicaciones” incluido en el texto estatal amplía el alcance de la protección de la privacidad. A través de un análisis textual y originalista, se propone que los tribunales estatales deben asumir un papel más activo en la defensa de los derechos digitales ante el avance tecnológico.
Minnesota Statutes, Chapter 325M — Consumer Digital and Data Privacy
Minnesota Office of the Revisor of Statutes | 2025
El capítulo 325M de los Estatutos de Minnesota regula la privacidad digital y la protección de datos personales. Incluye disposiciones sobre la divulgación de información, derechos de los consumidores, responsabilidades de empresas y plataformas digitales, y medidas de seguridad. También aborda la manipulación en redes sociales y establece mecanismos de transparencia y sanción. La normativa refleja el compromiso estatal con la garantía de derechos en entornos digitales y la adaptación a nuevos desafíos tecnológicos.
Iowa’s Ct. Adopts Federal Court’s Presumption Against Pseudonymity
Eugene Volokh | 2025
La Corte de Iowa adoptó la presunción de los tribunales federales en contra del uso de pseudónimos en procesos judiciales. Esto significa que, por defecto, los litigantes deben utilizar sus nombres reales, limitando la posibilidad de proteger la identidad de las partes en casos judiciales. La medida genera un debate sobre el equilibrio entre transparencia judicial, libertad de expresión y la protección de la privacidad e identidad de los individuos en entornos digitales y legales.
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